La historia se repite en Estados Unidos: tan solo tres meses después de haber evitado el cierre del gobierno federal, la administración de Joe Biden podría quedarse sin financiamiento a la brevedad.
Este miércoles, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, rechazó un proyecto de ley de financiación provisional que avanza en el Senado, que cubriría las necesidades del gobierno hasta el 17 de noviembre, lo que daría a los legisladores más tiempo para acordar los niveles de financiación para todo el año fiscal que comienza el 1 de octubre.
Sin embargo, de McCarthy lo rechazó abruptamente: "No veo apoyo en la Cámara. El presidente debería intervenir y hacer algo al respecto; de lo contrario, el gobierno cerrará".
Si esto finalmente sucede, no solo se suspenderían cientos de miles de trabajadores federales, sino también una amplia gama de servicios gubernamentales, desde la publicación de datos económicos hasta beneficios nutricionales, algo que solo se revertiría cuando el Congreso logre aprobar un proyecto de ley de financiación que Biden firme.
Justamente, desde hace varias semanas el propio Biden ha estado instando al Congreso a aprobar una extensión a corto plazo del gasto fiscal de 2023, junto con ayuda de emergencia para los gobiernos estatales y locales con el fin de hacer frente a los desastres naturales y ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia.
Como era de esperar, las tensiones ya están comenzando a llamar la atención de las agencias de calificación y, tanto Moody's como Fitch, advirtieron que la actual situación podría dañar la solvencia crediticia del gobierno federal.
Esta no es la primera vez a lo largo del año que una situación similar se vive en el Capitolio: en abril, republicanos y demócratas negociaron arduamente para refinanciar al gobierno de Biden, cuando estaba a punto de agotarse el presupuesto acordado para el año fiscal 2022/23.
En este sentido, tanto en esa oportunidad como ahora, los republicanos exigían una legislación mucho más estricta, que detenga el flujo de inmigrantes en la frontera y con recortes de gasto más profundos.
