Bajo la presión de un coro de gremiales del agronegocio y de figuras de primera línea del sistema político, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Uruguay resolvió impedir la compra por parte del grupo brasileño Minerva Foods de tres plantas frigoríficas orientales pertenecientes a Marfrig, con lo cual hubiera llevado a siete su presencia y al control de más de 40% de la faena.
La decisión de la comisión -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas- todavía no tomó estado formal, aunque en la noche de este jueves fue informada primero por el Canal 4 y luego confirmada por otros medios citando fuentes del Poder Ejecutivo.
"Es una muy buena noticia para los productores ganaderos", festejó en la red X el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay, Alfredo Lago.
Como parte de una adquisición que involucra también a plantas en la Argentina y en Chile, Minerva Foods había comunicado en septiembre de 2023 un acuerdo para comprar los frigoríficos Cledinor, Inaler y Colonia en Uruguay. La transacción pasó entonces a ser considerada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que tiene entre sus cometidos pronunciarse respecto de eventuales concentraciones de mercado.
Entonces surgieron reacciones de rechazo por parte de organizaciones de productores ganaderos, del sindicato de obreros de los frigoríficos y del gubernamental Instituto Nacional de Carnes del Uruguay. Desde el sistema político, el propio presidente, Luis Lacalle Pou, marcó la cancha al declarar en febrero que respetaría una decisión "contundente" de la comisión técnica pero que frenaría la transacción si el pronunciamiento tuviera matices. "Si dice negro, yo no podría decir esto es blanco. Si el día de mañana su dictamen es una zona gris habrá discrecionalidad por parte del gobierno", avisó.
La resolución formal de la comisión se espera que se haga pública la semana próxima.
Según las normas uruguayas, los participantes de todo acto de concentración económica deben solicitarle previamente autorización cuando la facturación bruta anual en el territorio nacional del conjunto de los involucrados en la operación supere determinado monto (unos US$ 80 millones) en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables. Ese requisito rige para fusiones de sociedades, adquisición de acciones, de cuotas o de participaciones sociales, adquisición de establecimientos comerciales, industriales o civiles, adquisiciones totales o parciales de activos empresariales, y toda otra clase de negocios jurídicos que importen la transferencia del control de la totalidad o parte de unidades económicas o empresas.
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, por resolución fundada, puede autorizar la operación, subordinar el acto de concentración al cumplimiento de las condiciones que establezca o también está en sus potestades denegarla.
Algunos especialistas en materia de concentraciones consideran este caso como emblemático y un testeo del marco de defensa de la competencia oriental, instaurado por ley en 2007.
