Desde hace más de tres décadas, la producción agrícola en Argentina hace uso de biotecnología moderna, lo que ha permitido introducir genes de otras especies. Argentina fue de los primeros países en adoptar este tipo de tecnología e, incluso, la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, de 1973, fue pionera en la región. Pero hoy el mercado se encuentra en tendencia negativa, con una producción menor frente al importante crecimiento de, entre otros, Brasil.
Y no resulta sencillo revertir esta tendencia, aunque existen ventanas de oportunidades, especialmente considerando que hay más de 33 millones de hectáreas productivas en el país.
La biotecnología moderna consiste en utilizar técnicas de ingeniería genética para mejorar la genética de los cultivos. Esa calidad puede tener distintas consideraciones: que el cultivo no pierda rendimiento ante problemas climáticos, el generar una mayor tolerancia a los factores adversos como sequías e inundaciones, así como también a enfermedades o plagas. También el aumentar la productividad con las mismas hectáreas disponibles.
En ese sentido, el proceso básico no es muy distinto al fitomejoramiento convencional, es decir, el seleccionar semillas y simplemente, cosecha a cosecha, ir optimizando la producción.
Argentina se sumó tempranamente al uso de la edición génica, una técnica que reemplaza la evolución natural, acelerando los procesos y con una mayor precisión. Esto tiene impactos en costos y en aspectos regulatorios a nivel local e internacional. Y sin embargo, un país que fue pionero, hoy pierde competitividad y las causas son diversas, pero es clara la necesidad de actualizar el marco regulatorio considerando cuánto ha evolucionado la forma de producir desde 1973 hasta hoy.
David Hughes, expresidente de la Asociación Argentina de Trigo y tesorero de Barbechando, entiende que la normativa de hace 50 años hoy no alcanza para regular un escenario en el que la tecnología ha cambiado drásticamente: "Es impresionante todo lo que está ocurriendo. El desarrollo va a pasos agigantados tanto para el mundo vegetal como animal. Pero, al no tener una normativa adecuada a los tiempos de hoy, el país está perdiendo por todos lados. Falta una normativa que regule y promueva este tipo de investigaciones".
En los últimos años hubo intentos por actualizar la Ley de Semillas, pero todo quedó en la nada. De todas formas, Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos e integrante del Consejo Agroindustrial Argentino, señala que muchos puntos de esa normativa de 1973 son sólidos, aunque "la introducción de biotecnología en maíz, soja o algodón lleva a que requiera aggiornamiento. Puede ser por ley, por decreto, por resoluciones de ministerios. Hoy hay que cambiar algo, pero no saben bien qué. El punto en verdad es cómo reconocer el trabajo del obtentor, del mejorador. Una ley es necesaria porque da previsibilidad, pero lo importante es un marco para la innovación y desarrollo".
Teniendo en cuenta recursos económicos y humanos calificados, un programa de mejoramiento genético exitoso puede demorar entre 6 y 8 años. Un trabajo que requiere de una importante inversión en investigación y desarrollo y para el que prácticamente no hay financiamiento. Este no es un problema exclusivo del sector, sino que es generalizado considerando la falta de créditos a tan largo plazo. Entonces el proceso es financiado exclusivamente por las empresas con su capital de trabaja y su riesgo: tras años de investigación, se obtiene un producto final y se ofrece al mercado.
A la falta de crédito se le suma la presión impositiva, retenciones y distintos tipos de cambio que, en la práctica, lastran la posibilidad de que los productores privados inviertan en investigación y desarrollo para mejorar la producción a futuro. "Si uno no invierte", explica Hughes, "la productividad va mermando. El rendimiento es mayor cuando hay retribución a la investigación. Ahí estamos perdiendo todos".
Paseyro le pone cifras concretas a ese decrecimiento: "Hoy, en términos de soja y tasa de mejora genética, sacando la sequía, Argentina podría tener entre US$ 4.000 y US$ 5.000 millones por año, sólo sumando más rinde a la misma unidad productiva. Hoy estamos 300 kilos abajo del promedio de Brasil por hectárea y la proyección es que en 10 años vamos a estar en 600 kilos abajo".
Por otro lado, debe considerarse el riesgo: puede que los años y el dinero invertidos en investigación y desarrollo no den los resultados esperados o que simplemente el mercado no los acepte. Nada de lo que se produce en Argentina es exclusivamente para el mercado interno, por lo que hay que entender de qué producto se trata y hacia dónde será exportado.
Por ejemplo, el maní tiene por gran destino al mercado europeo, pero la utilización de biotecnología en este producto no está aceptada por el mercado, por los propios consumidores del viejo continente. En cuanto a la soja, cultivo emblemático por el uso de biotecnología, se hacen gestiones para que no haya barreras en China, su principal destino. Pero si el mercado no acepta o si el producto no es acorde a las regulaciones, puede haber costo hundido para el productor.
Hughes: "Hoy estamos 300 kilos abajo del promedio de Brasil por hectárea y la proyección es que en 10 años vamos a estar en 600 kilos abajo"
Los riesgos son muchos, aunque también son muchas las oportunidades, considerando los años de experiencia y las propias y conocidas ventajas geográficas del país. Entonces el desafío radica en propiciar un escenario de subsidiaridad, en el que productores y organismos públicos trabajen en conjunto con una planificación acorde y cierta previsibilidad.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha hecho importantes desarrollos con escaso presupuesto, por ejemplo, nuevas variedades de algodón y arroz. Ese material genético llega al mercado y la mejora es notable para toda la cadena productiva. También el Conicet y las universidades nacionales pueden aportar lo suyo, tal como sucedió con el trigo HB4, desarrollado por la Universidad Nacional del Litoral junto a la empresa Bioceres y aprobado en 2020.
"Pero el reconocimiento es bajo y el sistema no se retroalimenta", dice Paseyro y plantea que, para recuperar la competitividad "se necesita un salto de 30% en la producción soja. Hoy no llegamos al 2%".
Y Hughes agrega que se necesita promover y proteger a toda la actividad ligada a la biotecnología porque "es una inversión a riesgo que tenemos que reconocer. Hay que cuidar y proteger y retribuir esa inversión. A las empresas no les pagan acorde a ese riesgo, entonces no hacen inversiones. Así el mundo crece y nosotros no".
El Estado invierte el 0,6% del PIB en investigación y desarrollo, mientras que países más desarrollados, como Israel y Corea del Sur, destinan más del 5%. La tendencia de decrecimiento productivo podría cambiar con un mayor presupuesto y un marco regulatorio acorde, aggionardo, que contemple cuestiones ligadas a la propiedad intelectual de las variaciones genéticas y condiciones similares a las de los competidores, como Brasil o Estados Unidos.
Pero esto no basta porque existen evaluaciones de producto basadas en ciencia y existen cuestiones que no lo están necesariamente, como es la percepción, lo que el consumidor quiere y considerando temas como el cuidado del medio ambiente. Cualquier cambio en estos procesos puede requerir mucho tiempo hasta aplicarse. Por eso, dice Paseyro, se debe trabajar en toda la cadena productiva. Para que el beneficio lleve a una retroalimentación de todo el sistema.
