Con el trasfondo de cientos de billardos de dólares de origen argentino en el extranjero, pero no declarados ante el fisco, el debate acerca de los alcances de los acuerdos de intercambio de información tributaria firmados con la administración estadounidense ha generado un acallado consenso.
En primer lugar, ese consenso ha hecho evidente la centralidad del territorio norteamericano como destino de fuga. Pero el mismo ha también demostrado el sesgo localista de nuestra experticia financiera-contable. Sirviendo mal a sus mandantes, nuestros analistas miran al tema desde el ojillo de la puerta de casa.
Olvidan que ahora hay un otro, además de los organismos argentinos, autorizado a controlar (pronto en forma permanente) el registro de acciones imputables en materia tributaria. Aquí y allá.
Ese contralor externo, cabe destacar, no requeriría permiso previo de la Justicia de Argentina para realizarse sobre personas (físicas y jurídicas) radicadas en Estados Unidos. Más aún, el mismo podrá ejercerse desde afuera hasta dentro de casa en Vicente López (por ejemplo), e incluso en la de Miami, si ese otro fuera mandado por la Justicia (norteamericana) a hacerlo.
Se obvia acá, en tal sentido, que ese otro actor (en principio, la IRS) podría transformarse en otros en el frente judicial norteamericano. Tal es la naturaleza de doble filo de acuerdos ya en implementación, y de otros pronto a ser activados.
Contra esto, suele argumentarse que ya existen acuerdos similares con otras potencias y organismos multilaterales (como la ODCE), y que de ellos, más allá de festejos prematuros, poco ha devenido.
En términos de nuestra Justicia, es fácil documentar que llegar a ver resultados suele llevar más tiempo que el que una denuncia tarda en prescribir. El desapego que genera esta certeza criolla olvida, sin embargo, la denominación y fuero de nuestras obligaciones externas. Ellas están mayormente custodiadas en Nueva York, y tienen a la doctrina Griesa (más allá del pari passu) como adjudicadora de lo que vendrá, al menos en términos de nuestras deudas con fuero en dicha ciudad.
Mirando al remolino de noticias de los últimos días, es claro que esa doctrina es letra viva; que se pueden multiplicar los litigantes potenciales bajo su paraguas y que Argentina puede ser siempre sujeta de crisis terminal inminente.
Pregúnteseles si no a los arquitectos de nuestro último default. Las calificadoras de riesgo que mal asesoraran el endeudamiento absurdo del 2016-2017, y que peor calificaran nuestro riesgo de pago en tiempo y forma hasta nuestro último default (formalizado con eufemismos en el 2019), concuerdan: una nueva debacle es probable, y pronto. Algo deben saber.
Un escenario no considerado por el escepticismo criollo, en efecto, surge de estudiar eventos ocurridos con anterioridad a la resolución de nuestro penúltimo default -el iniciado a inicios del 2001-.
Parafraseando al juzgado neoyorquino, ante la eventualidad de un nuevo default, y si esos activos no declarados tuvieran un componente fiscal perteneciente a la "República", dicho componente podría ser (previa litigación en Nueva York) reclamado por los demandantes ante, hoy, Loretta Preska.
Abajo se discuten las raíces de nuestro tenaz escepticismo, analizando alternativas a la impresión imperante de que esos activos perdidos no serán afectados por los acuerdos firmados. Ya sea en forma de pago de obligaciones externas, o de su inesperado retorno a casa, esa certeza no está bien fundamentada.
Esto se refleja en noticias que reportan que "nos tienen en una lista negra", que "nos están cerrando las cuentas", o que "no nos las abren más", entre otras lamentaciones.
Se siente así, afuera, el cincho que ausente en nuestros lares. Ante esto, muchos activos podrían estar moviéndose hacia jurisdicciones más benignas (por oscuras). Pero moverse es mostrarse, y el brazo de la Justicia norteamericana es más largo, y ciertamente más efectivo, que los muñones de la nuestra.
Dicen que ya no volverán las oscuras golondrinas
Lo que puede leerse públicamente en Argentina es generalmente escéptico en tanto al alcance de la información a ser realmente brindada por la administración norteamericana. "¿Por qué", se pregunta nuestra experticia, "habría ella de dar información que los lleve a renunciar a activos que les llegan a costo cero para nutrir la capacidad crediticia de su sistema bancario"?
El corazón de nuestro escepticismo refiere más, sin embargo, a la tradicional (in)capacidad de nuestro sector público para utilizar datos en forma efectiva. Más allá de un muy publicitado y reciente activismo en el área aduanera, en efecto, el consenso no escrito se pregunta: "¿Cuál es la probabilidad de que nuestra administración pueda procesar y sostener en el tiempo el análisis de la información brindada -si la misma fuera efectivamente entregada, y tuviera algún valor?".
Suponiendo mantención del análisis de dicha información más allá de las próximas elecciones, las preguntas se hacen más picantes: "¿Podría nuestro sector público hacer de esa información una denuncia efectiva a tiempo?".
Entrando en terreno aún más improbable, y si lo anterior se efectuara: "¿Cuánto tardaría nuestra Justicia para fallar, y cuánto para transformar sus fallos en recupero de los activos perdidos, previa litigación en los distintos fueros externos donde se hubieran descubierto?".
Finalmente, desde que nuestra administración pública y Justicia federal fueran quienes permitieran (por acción u omisión) la salida no declarada de esos activos, la probabilidad de que los acuerdos lleven a partícipes necesarios a gestionar su recupero parece irrealizable. Su retorno aparenta ser incluso más irrazonable. A menos, "claro", que las condiciones de un nuevo "último" blanqueo (en veremos) superen a las dadas por ley, y extendidas por decreto, en el 2017.
Los acuerdos firmados, sin embargo, tienen doble filo. Es ciertamente fácil conceder que nuestro filo es mocho. Como muestran dos siglos de relaciones exteriores entre nuestros países, sin embargo, el filo del otro lado es otro cantar.
Enfrentados con un escenario de litigación por deudas impagas ante la Justicia norteamericana, la frazada de lo enumerado en los párrafos precedentes -más que suficiente para ni siquiera tener que expresarse públicamente en Argentina- es suficiente para revisar la certeza de que nada puede surgir de supuestos tigres de papel.
Asumiendo litigación ante el juzgado de Preska, el escenario cambia radicalmente.
Existen allí actores con capacidad demostrada para accionar ante un sistema judicial más efectivo que el nuestro, como así también una doctrina clara al respecto. "Imposible", se dirá, rememorando peleas por acceso a información bancaria en gobiernos locales norteamericanos, o en el extranjero, durante la zaga de Griesa y otros contra, incluso, la fragata Libertad.
"Injusto", se apelará, aquí y allá.
Los acuerdos firmados hacen no obstante más plausible aquello que el juzgado de Griesa, entre otros, no pudiera implementar entre el segundo canje de deuda, en el 2010, y el fin de la cláusula RUFO, en el 2014.
Por cierto, este escenario alternativo requeriría del análisis pormenorizado de activos de origen argentino en Estados Unidos, en principio, y el cruce de información con nuestra administración. Lo que resultara imposible -por manifiesto desinterés argentino- en un pasado (recordar esfuerzos de Paul Singer y otros en distintas jurisdicciones), es hoy viabilizado por acuerdos aquí descontados. Ellos pueden no obstante resultar de sumo interés para nuestros acreedores en el exterior.
Como botón de muestra: sin contar con los instrumentos hoy disponibles, el accionar de esos actores externos bastó para imponer condiciones leoninas de repago (incluso ya sin la cobertura RUFO) a través del Master al que sirvieran nuestros tres poderes estatales, en el 2016.
¿Y si el poeta estuviera en lo cierto?
Más allá de la posibilidad de que el componente fiscal de los activos no declarados en el exterior pudiera mutar en pago de deudas impagas, este escenario alternativo tiene otro corolario aún más descontado en el análisis local: su posible retorno a casa.
No haber regresado con las condiciones de aquel "último" blanqueo del 2017, o con los futuros que se barajan en el aire, es prima facie razón suficiente para indagar la legalidad de su origen, y el lucro subsecuente, una vez en el exterior.
Por ello, lo a ser resuelto afuera podría fácilmente ir más allá de lo fiscal-tributario. La investigación judicial a ocurrir (de efectivizarse) debería primero definir si parte de los activos en el exterior son en realidad propiedad del fisco, y así dable de ser expropiada a cuenta de deuda.
Pero podría también resultar en acciones que indagaran cómo llegaron a tener esos activos los actores a ser investigados (algo descontado aquí como inconcebible), y como tratar su usufructo posterior. Los juzgados norteamericanos son más tenaces que los nuestros, y distinguen claramente lo propio de lo foráneo a la hora de defender los intereses de su ciudadanía y personas corporativas.
Consecuentemente, el retorno de esos activos a su jurisdicción original podría no ser tan improbable como solía serlo. Con lo que se quiere decir que quizás el poeta estaba en lo cierto: pronto, si saben seguir la dirección del viento, podrían volver las oscuras golondrinas.
Son sólo las otras, esas que fueron más amadas (por quienes facilitaron su elusión no declarada) para las que ya no habrá retorno. Ya sea esto porque están al día con el fisco argentino, porque su escondrijo es impenetrable, o porque están seguras de no convertirse en propiedad de tenedores de deuda argentina, en Nueva York.
En este escenario alternativo a certezas criollas cementadas por casi dos siglos de experiencia, las patrias (la nuestra y la de nuestros acreedores refugiados en el despacho en el que se sentara Griesa) se verán favorecidas. No sería sorprendente que muchas de las transacciones de un supuesto repago en línea con lo propuesto arriba comprendieran a los mismos actores: la bien documentada correlación histórica entre acumulación de deuda y fuga de capitales argentinos no declarados puede bien ser más que una mera casualidad estadística.
De hecho, bastaría sólo un poco menos de cortoplacismo y pato-criollismo por parte de nuestros gobernantes, para que lo que pudiera devenir de estas consideraciones (si es que no fueran mera poesía barroca) no dependiera ya, exclusivamente, de lo ha ser resuelto en Nueva York.
