En algunas zonas de Montevideo los edificios crecen como hongos después de la lluvia. Se trata, la mayoría, de proyectos construidos bajo una ley -de "vivienda promovida"- que este mes cumplió 12 años de vigencia otorgando exoneraciones fiscales a constructores y compradores que también están siendo aprovechadas por familias e inversores argentinos.
Promotores de proyectos edilicios, constructores y agentes inmobiliarios festejan los resultados de este régimen, que originalmente tuvo el propósito -y el nombre, "de interés social"- de estimular la oferta de vivienda para sectores de ingresos medios bajos y medios en el Uruguay mediante ventajas tributarias.
Sin embargo, los precios de estos inmuebles no llegaron a ser lo suficientemente bajos (en promedio superiores a los US$ 2.000 el metro cuadrado) como para resultar accesibles a ese segmento y los compradores son otros.
En la Expo Real Estate 2023, que tuvo lugar el mes pasado en el Hotel Hilton de Buenos Aires, la gubernamental Agencia Nacional de Vivienda del Uruguay recibió el "premio a la excelencia" por la Ley de Vivienda Promovida.
- Klaus Mill, presidente de esa repartición gubernamental, destacó que "hoy Uruguay tiene récord de construcción, de mano de obra empleada, de generación de vivienda, puestos de trabajo y toda una industria que sigue atrás".
Desde el sector privado, Gonzalo Martínez Vargas CEO de la consultora inmobiliaria Moebius, opina que "la vivienda promovida es un éxito, sin discusiones".
En 12 años se construyeron 1.200 edificios, 33.000 viviendas y 12.000 garajes, con una inversión total de US$ 3.200 millones (US$ 950 millones en terrenos y US$ 2.250 millones a la edificación).
La tercera parte de ese monto global provino de inversores extranjeros, ya sea en la construcción o en la compra de unidades para renta, resumió ese empresario en una columna publicada este lunes en el diario El País de Montevideo.
Martínez Vargas recordó que "desde siempre, los capitales argentinos han tenido un efecto dinamizador" en el mercado inmobiliario oriental, particularmente en Punta del Este y Montevideo. Y cita datos de la Dirección Nacional de Registros según los cuales son más de 85.000 los propietarios de esa procedencia con inmuebles en Uruguay.
Agregó que, en 2019, las inversiones argentinas representaban 15% de los inmuebles de vivienda promovida, un porcentaje que actualmente supera el 22% pues han comprado casi 6.000 inmuebles por un valor total de US$ 600 millones.
Destacó que, desde la pandemia de Covid-19, "se acrecentó la concreción de negocios. En el último año, las estimaciones indican que han comprado tres inmuebles por día, US$ 10 millones por mes, US$ 120 millones al año. En el 95% de los casos, los inmuebles se vuelcan a la renta".
Ese empresario inmobiliario celebró el régimen de incentivos: "Se cumplieron los objetivos, porque los inversores aparecieron y construyeron las viviendas, a la vez que el Estado no intervino, sino que colaboró. No creó la ley para beneficiarse, sino para facilitar la actividad. Un claro ejemplo de no intervención en el mercado. A su vez, se logró captar la atención de inversores, locales y extranjeros, que se benefician con las exoneraciones y dinamizan el mercado inmobiliario".
- Para él, hoy resulta "imposible imaginar Montevideo sin todos los edificios construidos en la última década, así como también no impresionarse con las obras en desarrollo en toda la ciudad", que actualmente superan los 300 edificios en obra.
En su opinión, un "debe" es que "no se ha atendido como se necesita a la mitad de la población del país. Allí está la demanda genuina: el interior", como se identifica genéricamente a los 18 departamentos (provincias) que no son Montevideo.
- A futuro, el CEO de Moebius visualiza una "gran oportunidad de atraer a inversores corporativos, fondos de inversión y family office, que participen con sus capitales en la construcción de nuevos proyectos, principalmente multifamily, con una lógica diferente de inversión, capitalización y rentabilidad".
Entiende que la "estabilidad económica y democrática, el clima de negocios, la baja inflación, son razones fundamentales para brindarle seguridad a los inversores", a lo que se agrega como incentivo los 10 años de exoneraciones impositivas a los inversores que destinan los inmuebles a la renta previstos en el régimen de vivienda promovida.
También una ley de alquileres, que garantiza la libre contratación y en cualquier moneda, lo cual sustenta, según él, un "mercado maduro, sólido, donde los inmuebles demoran 60 días en arrendarse".
Propuso: "De lograr ampliar a 20 años los beneficios fiscales para los proyectos que se destinen al arrendamiento, exclusivamente, se pondrá a Uruguay en el radar de los grandes inversores. Sería una noticia de gran relevancia en el mundo del real estate" con "costo cero, en la medida que no implica ningún aporte de capital por parte del gobierno. Sería un gran incentivo para el inversor, obtener beneficios fiscales durante más años".
