Nuestro país ha vivido veinte de los últimos 22 años que lleva este siglo en emergencia. En la práctica implica funcionar en permanente estado de excepción, fuera de la norma, en entornos de alta discrecionalidad e intervención. En resumen, reina la incertidumbre.
La falta de reglas es veneno para la inversión en un sector capital intensivo como el energético, que requiere de obras de infraestructura con largos periodos de repago.
Esta incertidumbre se refleja en el costo financiero que enfrentan los proyectos de inversión. La actual tasa por riesgo soberano deja afuera a Argentina de cualquier proyecto de inversión privado.
El inicio de la actual gestión de Gobierno marco el regreso al “estado de emergencia perpetua”, a la inexplicable intervención de los entes reguladores que habían sido normalizados y se volvió a la receta energética 2003-2015: congelar tarifas e intervenir en el mercado.
Pero esta vez la coyuntura es diferente. La inercia inflacionaria en niveles superiores al 50% anual disparó los costos del sector que enfrenta ingresos casi congelados.
- La consecuencia: la cuenta de subsidios económicos en dos años y medio se ubica en niveles similares a los que a CFK le llevaron dos mandatos presidenciales completos.
Al primer trimestre del 2019 una familia pagaba el 80% de la energía eléctrica consumida y el 96% del gas, es decir el problema de los subsidios en la demanda doméstica estaba casi resuelto. Hoy, aun con los recientes aumentos, una familia paga en promedio, menos del 30% de la energía que consume, la diferencia son subsidios que ahora crecen también por los precios internacionales de importación.
La cuenta de subsidios energéticos (segundo renglón del gasto de la Administración Pública Nacional) de 2022 rondará los US$ 16.000 millones, y la friolera de US$ 120.000 millones en la última década.
Por lo tanto, la facilista política tarifaria del Gobierno generó una bola de nieve de subsidios que hoy representan casi la totalidad del déficit primario.
Al mismo tiempo, la declaración de emergencia y el regreso a la anomia regulatoria generó la suspensión de proyectos claves como el gasoducto Tratayen- Saliquelo, que permitiría no solo reducir subsidios, sino sustituir importaciones energéticas que hoy pesan fuerte en el balance comercial y ponen presión sobre el BCRA.
El Gobierno no encuentra respuesta a los problemas que autogeneró.
Con una administración loteada, con funcionarios que responden a distintos sectores de la coalición de Gobierno y sin unidad de mando, se intenta bajar la presión del problema energético con la segmentación de subsidios.
Esta segmentación implica una discriminación en tres niveles de usuarios a partir del patrimonio o declaración de ingresos, el registro de todos los usuarios del país (más de 15 millones de familias), la firma de convenios con provincias y municipios y finalmente, la definición caso por caso de la Secretaría de Energía.
Al 10% más rico de la población (los segmentados) perderán los subsidios en lo que resta del año, mientras para el resto, si bien no habrá aumentos por este año, en el futuro la energía aumentará 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) para los que reciben Tarifa Social y 80% del CVS para el resto.
Un ambicioso proyecto que, si llega al éxito, no resuelve el problema, ya que el precio de la energía que paga la demanda siempre aumentará por debajo de la variación de los salarios, que a su vez crecen por debajo de la inflación. Por lo tanto, los subsidios continuarán aumentando, pero si tenemos suerte, a una velocidad menor a la actual.
El Gobierno debería abandonar el pensamiento mágico de congelar tarifas en entornos de alta inflación que implican subsidios generalizados imposibles de financiar.
Quizás la respuesta no está lejos y solo basta con imitar experiencias exitosas.
Todos los países aplican subsidios a la energía, pero con una regla simple: identificar al vulnerable, a quien no puede pagar el servicio y ayudarlo, es decir, focalizar el subsidio en la demanda vulnerable.
Persistir en la actual política energética resulta suicida, y sus consecuencias se sienten en los déficits gemelos que ahogan la economía nacional.
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