Hace décadas ya que en Argentina no logramos resolver el interrogante de cómo generar un crecimiento sostenible e inclusivo que nos lleve a un verdadero desarrollo.
Es más, frecuentemente nos enfrentamos ante el riesgo de una nueva crisis y un nuevo retroceso en este camino. Si no estamos cayendo, parece que siempre estamos al borde del abismo.
Pero en este contexto hay un gran logro que está pasando desapercibido y que puede ayudarnos a evitar esta situación cíclica. El año que viene Argentina va a alcanzar, por primera vez en su historia, 40 años de democracia ininterrumpida.
Este hito es un motivo de celebración en sí mismo, pero además es destacable porque se basa en un acuerdo de todo el arco político y la dirigencia en general en respaldo de un objetivo en común.
Saber que este tipo de acuerdos es posible nos puede inspirar para plantear otros que nos permitan saldar las deudas históricas con las que convivimos. Para eso, desde Cippec lanzamos Democracia 40, un proyecto participativo, multiactoral, intergeneracional y federal que busca proponer políticas para los próximos 40 años de democracia. Pero, ¿por dónde arrancar?
Los problemas son amplios y complejos. También están relacionados entre sí. Durante el año pasado hicimos un ejercicio participativo para identificar los principales temas y así definimos los ejes de Democracia 40: 1) estabilizar la macroeconomía, 2) alcanzar la justicia educativa, 3) potenciar la matriz productiva, 4) reducir la pobreza, 5) lograr la transición verde justa, y 6) contar con instituciones sólidas y eficaces.
Hay varias propuestas concretas que podrían contribuir a estos ejes, pero quiero concentrarme en dos. Para estabilizar la macroeconomía, una condición necesaria -aunque no suficiente- es reducir el déficit fiscal. Tenemos que potenciar los ingresos (trabajando en eficientizar la administración y evitar la evasión) pero, fundamentalmente, reducir los gastos.
- El principal componente del gasto público es el sistema previsional, en el que más de la mitad de los beneficios corresponden a regímenes de excepción.
Estamos hablando de más de 200 esquemas con jubilaciones de hasta $600.000, edades de retiro anticipadas u otras condiciones relativamente más ventajosas. En un país con más de la mitad de los niños y niñas en situación de pobreza, ¿nos resultan aceptables esos privilegios? Es posible y deseable reducirlos, pero sin duda eso requiere de un gran convencimiento de la opinión pública y un todavía mayor accionar de la clase dirigente.
Hoy tenemos buena parte de la infancia con sus necesidades más básicas insatisfechas debido a cómo distribuimos el bienestar como sociedad. Ante un nacimiento, cada familia se enfrenta a la disyuntiva entre sacrificar ingresos (retirando a alguno de sus integrantes, frecuentemente la madre, del mercado de trabajo) o cuidados.
- Muy pocas familias tienen opciones como contratar personas o servicios, o acceder a licencias pagas. Esto sucede porque, como sociedad, no le estamos otorgando a la crianza y al cuidado un gran valor social, al dejar que cada familia lo resuelva como puede, con los recursos que tiene. Con esto no solamente estamos castigando a las familias que deciden tener hijos e hijas (aumentando sus posibilidades de caer en situación de pobreza), sino que estamos hipotecando el futuro del país.
¿Qué Argentina va a ser posible para los aniversarios futuros de la democracia si la mitad de su población vivió toda su infancia en situación de pobreza? Priorizar políticas de cuidado que aseguren que todas las familias puedan acceder a dinero, tiempo y servicios es una cuestión de equidad, pero también una estrategia de desarrollo.
La sábana es corta y a veces, inexistente para algunos grupos. Tenemos que plantearnos cómo podemos usar los escasos recursos que tenemos para construir un país distinto, un país que no esté siempre al borde del abismo, sino que pueda encontrar un rumbo más directo al desarrollo. ¿Hoy elegimos mantener los privilegios de siempre o cuidar más nuestro futuro?
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