El mundo está cayendo en la cuenta que aquella “lejana” y “potencialmente irrelevante” nación del este de Europa era uno de los motores de la seguridad alimentaria global. Previo al conflicto, Ucrania se encontraba en el top-10 de los principales productores y exportadores mundiales de maíz, trigo y cebada.
Para Argentina, histórico “granero del mundo”, la tragedia humanitaria que supone la guerra muestra su costado más luminoso: en el marco de la reunión del G7, nuestro presidente puso a disposición nuestra capacidad productiva para hacer frente a la demanda global de alimentos y energía. Ahora bien, valdría la pena ponderar qué estaríamos poniendo a disposición y qué tensiones estaríamos gestionando.
No cabe duda que, en este rincón del mundo, los sectores agroalimentario y energético cuentan condiciones naturales para estar dentro de los más pujantes del país (y del mundo). Pero, ¿qué hay de las condiciones macro-institucionales?
Las empresas de estos sectores clave encuentran, en un contexto de restricciones de oferta e inflación de precios global, condiciones más que favorables para la exportación de sus productos. Mientras tanto, en el frente interno, se profundizan dos dolorosas grietas: la de la presión tributaria que agudiza puja distributiva por la renta entre el estado y el sector privado, y la de los hogares argentinos que, atrapados en el espiral inflacionario, son empujados contra las cuerdas de la pobreza.
Ante este panorama, crecen las responsabilidades políticas del empresariado argentino. La responsabilidad política empresaria va más allá de un entendimiento convencional de la responsabilidad social empresaria como mera filantropía corporativa.
Se trata, más bien, de un proceso evolutivo que, con la caída del muro de Berlín y la aceleración del proceso de globalización, se basa en el tejido de densas cadenas globales de valor que nos legó la gestación de un mundo híper-conectado por las cuales circulan bienes, servicios y personas. Estas cadenas son orquestadas por grandes empresas multinacionales, que trabajan codo a codo con centenares de empresas pequeñas y medianas a nivel local.
En el transcurso de este proceso, las empresas se encontraron operando en sitios donde o bien el estado estaba ausente, o era débil, o -en el peor de los casos- no había estado de derecho. Al desarrollar sus actividades en dichos contextos, la empresa fue ganando tamaño y anclaje en las comunidades locales, al mismo ritmo que se iba erosionando el protagonismo del estado. Surge aquí la necesidad de auto-regularse y velar por causas socio-ambientales para permanecer como un actor legítimo en aquellos mismos sitios.
Esto ha sido especialmente patente para las industrias relacionadas con el complejo de recursos naturales que habitualmente opera en zonas remotas: allí las empresas suelen cumplir roles cuasi-estatales proveyendo bienes públicos como salud o educación. Asimismo, comienza a emerger con claridad la necesidad de que la empresa vele tanto por la protección de los derechos humanos, así como de la institucionalidad y la democracia locales. Se advierte claramente que, en un mundo globalizado, la empresa no moviliza meramente objetivos económicos sino también resultados políticos, además de objetivos socio-ambientales, por los que ha de dar cuentas a la sociedad.
Volviendo a nuestro querido país, ¿cómo se ponen en juego las crecientes responsabilidades políticas corporativas en el fuero local?
Por una parte, la empresa tiene que ejercer su legítimo derecho de gestar las condiciones de un clima de negocios razonable para desarrollar sus actividades. Por otra parte, la empresa también ha de velar por la protección de los derechos relacionados tanto con la seguridad como con la soberanía alimentaria. La sociedad local espera que, antes de hacernos los “Capitanes América” que salgan a alimentar el mundo, no nos olvidemos de “empezar por casa”. Si bien es cierto que nuestra bendita tierra tiene la capacidad de proveer alimentos más allá del número de sus habitantes, la legitimidad del sector empresario se sostendrá en tanto pueda promover el acceso a derechos básicos a la comunidad.
En suma, en línea con el clásico adagio “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, la contrapartida de la oportunidad que el escenario global actual ofrece ha de ser que la empresa argentina asuma decididamente su inherente responsabilidad política.
