El déficit fiscal total, entendiendo por tal al resultado financiero (resultado primario más intereses) se va a ubicar en el 2021 entre el 4% y el 5% del PIB. Visto desde esta perspectiva se pierde la real dimensión del desequilibrio. Si en lugar de medirlo en términos de PIB se lo mide en términos de los ingresos públicos surge otro panorama. El déficit es del 20% de los ingresos. Una brecha muy grande.
No hay forma que haya aumento de la recaudación impositiva de este orden para cerrar el déficit. Por eso, no queda otra que ordenar el gasto público. Cuando se habla de reducir el gasto público frecuentemente viene a la discusión el tema del sobre-empleo público. La gente tiende a creer que la reducción del gasto público implica la reducción del gasto en salarios públicos. De aquí se piensa que esto es política y socialmente muy difícil y se concluye con resignación que el gasto público no se puede bajar.
El paso siguiente es caer en el voluntarismo de pensar que no hay que hacer nada con el gasto público y que la inflación va a bajar sola y la economía empezará a crecer por efecto de algún piloto automático.
Corresponde entonces observar cuál es el peso de los salarios dentro del gasto público. Sumando al gasto público del sector público nacional los intereses que paga el Banco Central por las Leliq y pases, que sería el déficit cuasi-fiscal, aparece que el gasto en salarios representa apenas el 9%, mientras que los subsidios a los servicios públicos (luz, gas, transporte) ascienden a 12%. Es decir, el Estado gasta más en subsidios a los servicios públicos que en salarios públicos.
Esto señala que desde el punto de vista del déficit fiscal, antes de pensar en bajar el gasto salarial, es más urgente y prioritario bajar los subsidios a los servicios públicos.
El tema de bajar los subsidios es importante porque es la única vía rápida para reducir los intereses que pagan tanto el Tesoro como el Banco Central. El gasto en intereses de estos dos organismos asciende al 19% del gasto público total. Este gasto además es creciente porque en el 2021 el Tesoro pagó menos intereses gracias a que en el 2020 reprogramó la deuda. Lo que el Tesoro pagó de intereses en el 2021 equivalió a 6 puntos porcentuales del 19%, mientras que en el 2020 este mismo concepto equivalió a 12 puntos porcentuales del gasto total. Esto indica que en los próximos años, los intereses que debe pagar el Tesoro tenderán a este nivel que es muy alto.
Por su parte, los intereses que paga el Banco Central por la Leliq y pases son crecientes con el stock de estos pasivos. En la medida que el Banco Central siga emitiendo para financiar el Tesoro, tendrá que seguir acumulando Leliq y pases lo que significa que pagará intereses crecientes. En este sentido, sirve tener en mente que en el 2021 el Banco Central habrá emitido por 6% del PIB de los cuales más de la mitad luego se convirtieron a Leliq y pases a fin de que no vayan a inflación.
Ahora la única forma de disminuir el pago de intereses es disminuyendo el déficit fiscal primario (antes del pago de intereses). Mientras menos déficit primario menos necesidad del Banco Central de emitir y menos necesidad del Tesoro de tomar nueva deuda en el mercado. La forma más rápida de bajar el déficit primario es reduciendo los subsidios a los servicios públicos.
Los subsidios a los servicios públicos son muy perversos desde el punto de vista social. No sólo generan déficit fiscal primario obligando a emitir deuda que paga intereses crecientes, sino que además beneficia muy desproporcionadamente al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Todo el país tiene que sufrir la inestabilidad que genera el déficit fiscal para que los habitantes del AMBA, que son los de mayores ingresos del país, paguen precios irrisorios por la luz, el gas, los trenes y colectivos e incluso hasta la cuenta del agua y saneamiento. No tiene racionalidad económica y social mantener estos subsidios.
Todo lo anterior no significa que no haya que revisar el sobre-empleo público. Ciertamente que abundan las áreas en el Estado con gente redundante, sin tareas relevantes y sin competencias para las funciones que son importantes para la calidad de vida del ciudadano.
Pero esto implica que hay que profesionalizar el empleo público. De aquí que pueden ser necesarios bastante menos empleados pero, los que queden, deben estar bien pagados si se aspira a mantener la profesionalización del empleo público. Esto no necesariamente generará un ahorro significativo desde lo fiscal, pero es estratégico desde el punto de vista del desarrollo económico porque no hay forma de hacer funcionar correctamente las instituciones políticas, económicas y sociales si no es con un Estado profesional que ejecute un gerenciamiento público de alta calidad.
En suma, el déficit fiscal hay que bajarlo con los subsidios. Al empleo público hay que profesionalizarlo, en donde los ahorros para el déficit pueden no ser tan importantes como la ineludible necesidad de contar con un Estado profesionalizado que funcione correctamente para poder generar una senda de desarrollo social.
