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El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que quedaba suspendida la pauta oficial a los medios por el término de un año. Más allá de las cuestiones económicas involucradas en la medida, la determinación tendrá efectos en el ecosistema comunicacional y, consecuentemente, en el sistema político e institucional.
La Constitución Nacional, en su primer artículo, se encarga de aclarar que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. En este orden de ideas, el acceso a la información en poder del Estado constituye uno de los pilares fundamentales de las democracias y se vincula directamente con el principio de transparencia de la administración, el control a los funcionarios y la publicidad de los actos de gobierno.
Para materializar estas ideas, diferentes países de la región sancionaron leyes de acceso a la información pública. Nuestro país se sumó un poco tardíamente a este proceso, ya que recién en 2016 se aprobó la Ley 27.275, cuyo objeto central es abrir las puertas y ventanas de los diferentes organismos públicos a toda la sociedad.
En esa misma orientación se encuentra la denominada publicidad oficial. La legislación nacional considera publicidad oficial a toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación, que realice la Administración Pública Nacional y un heterogéneo conjunto de organismos contemplados en la Ley de Administración Financiera 24.156, para difundir acciones o informaciones de interés público.
Ciertamente, uno de los aspectos más controvertidos de la pauta oficial es el manejo discrecional que pueden hacer los diferentes gobiernos, premiando o castigando a los medios, según su línea editorial, más o menos oficialista. "No pago para que me pegues", es una frase que explica claramente este tipo de conductas.
- La Editorial Perfil, años atrás, cuestionó al kirchnerismo, sosteniendo que no le concedía publicidad oficial por sus críticas al gobierno.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón, recordando que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, elaborada en el seno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sostiene que la asignación arbitraria de publicidad oficial, privilegiando a los comunicadores sociales por sus opiniones periodísticas, constituye un mecanismo indirecto de censura que atenta contra la libertad de prensa y debe estar castigada por la ley.
Diferentes normas -con mayor o menor éxito- procuran alcanzar un manejo equilibrado y democrático de la publicidad oficial. Para ello, se establecen criterios objetivos de distribución de la pauta, entre los que se encuentran el alcance del medio, la pertinencia del mensaje, la zona geográfica y el fomento del federalismo y la pluralidad de voces, con el objeto de proteger a los pequeños medios. De este modo, se persiguen dos objetivos: informar a la sociedad y preservar la sustentabilidad de un sistema de medios diversos. El debate público requiere estos dos supuestos.
En este contexto, la suspensión lisa y llana de la publicidad oficial, en lugar de revisar la forma en que se distribuye la misma, incidirá en el esquema de medios.
Quienes actualmente reciben la mayor cantidad de dinero del sector público, como Youtube y Facebook, sin duda podrán continuar con sus actividades.
Por el contrario, diarios, revistas, emisoras radiales y televisivas que no forman parte de un conglomerado mediático o no están vinculadas a otras empresas, seguramente deberán cerrar sus puertas. La importancia de la publicidad oficial es inversamente proporcional a la envergadura del medio. Así, la pérdida de voces empobrecerá la discusión sobre los asuntos de interés público, sobre la cual se asienta la democracia.
Además de estos problemas estructurales, dejar sin efecto la publicidad oficial generará otros inconvenientes no menores.
- Por caso, ¿de qué forma el PAMI y la Anses mantendrán informados a los jubilados sobre una innumerable cantidad de cuestiones? ¿Cómo podrá el Banco Nación anunciar nuevos productos y servicios y competir en el mercado financiero con otras instituciones privadas? ¿Cuál será la forma de realizar campañas publicitarias para concientizar a la población sobre una infinita diversidad de cuestiones de interés social, tales como el plan vacunatorio y la prevención de ciertas enfermedades, entre otras?
La crítica situación económica que atraviesa el país demanda una cuidadosa utilización de los escasos recursos públicos con los que cuenta el Estado. En esta inteligencia, que la sociedad esté informada sobre la forma en que los funcionarios llevarán adelante esta tarea es absolutamente indispensable. Limitar la publicidad de los actos de gobierno y reducir la diversidad de voces no parece ser un buen camino para alcanzar ese objetivo.
