El presidente Javier Milei, a través del Decreto 117/24, dispuso la intervención por un año de los medios estatales que integran Radio y Televisión Argentina SA y la empresa Contenidos Públicos S.E., a cuyo cargo se encuentran las señales Paka Paka, Encuentro, Deport TV y la plataforma Contar.
La misma decisión se tomó con EDUC.AR y la agencia de noticias Télam.
A cargo de todas estas empresas fueron designados Diego Martin Chaher, como interventor y Diego Sebastián Marias, como adjunto.
La medida implica un retroceso institucional que coloca a los medios públicos en la situación previa a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
Un poco de historia
En 1983, cuando asume el gobierno Raúl Alfonsín, el esquema institucional de los medios públicos era sumamente complejo.
Dentro del Estado Nacional se encontraba el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR), integrado por las denominadas radios nacionales (LRA), conformada por emisoras de AM y FM. Por otra parte, existían un conjunto de radios y canales de TV estatales que no integraban el SOR. Se trataba de emisoras comerciales administradas por el Estado Nacional.
Algunas de esas estaciones fueron privatizadas en los años '90, bajo la presidencia de Carlos Menem. Por caso, Canal 13, Canal 11, las radios Belgrano (Libertad) y Excelsior (La Red), todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LU 33 Emisora Pampeana y LV 3 Radio Córdoba, entre otras. Antes de las privatizaciones, estos medios públicos estuvieron a cargo de un interventor designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Una consideración especial merece Canal 7. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín la emisora se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. Posteriormente, en la presidencia de Carlos Menem, la estación atravesó diversas situaciones jurídicas. Al comienzo de su mandato se decidió la intervención del canal. Dos años después, en 1992, se dispuso la creación de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima, con una finalidad comercial. No obstante ello, en 1995, se procedió a la reorganización y posterior intervención de ATC.
El presidente Fernando De la Rúa, a poco de asumir, decretó una nueva intervención de la emisora.
Además, vetó la Ley 25.208; norma que fue el resultado del consenso entre una decena de iniciativas legislativas de diferentes partidos políticos y que se proponía la creación de un sistema de medios públicos estatales que no estuvieran supeditados políticamente al gobierno de turno.
Para ello, se le asignaba un rol de contralor al Congreso Nacional y se establecía una selección de directivos a través de un régimen de concurso público de oposición y antecedentes. Luego de vetar dicha ley, se dictó el Decreto 94/01, que creó el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado. En este caso, la dirección del ente estaba a cargo de funcionarios públicos dependientes de diversas áreas del Estado.
La llegada de Eduardo Duhalde a la presidencia significó una nueva intervención de las emisoras estatales. En esta oportunidad, en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación, en donde se denunciaron diversas irregularidades, se dispuso la intervención del Sistema Nacional de Medios Públicos. Dicha intervención fue prorrogada en sucesivas ocasiones por Néstor Kirchner, quien, al final de su mandato dispuso el cese de las mismas.
Estos hechos permiten apreciar la conducta de distintos presidentes que, más allá de sus diferentes ideologías, dispusieron la intervención de los medios públicos que se encontraban bajo su administración. Ello, con los matices propios de cada gobierno, facilitó la tendencia a la utilización política de esas emisoras.
Un cambio rotundo se produjo con la sanción de la denominada Ley de Medios, que creó Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuya intervención se acaba de disponer.
El avance institucional de la citada ley fue la conformación de un directorio integrado por siete miembros, que debían acreditar idoneidad profesional en la materia. El presidente y un director eran designados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional, tres directores a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que eran seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentaria.
Finalmente, dos directores eran propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades de ciencias de la información de universidades nacionales.
Esto representó un hecho sin precedentes en la historia de la radiodifusión argentina y constituyó un intento para impulsar el pluralismo en el seno de los medios públicos. Sin perjuicio de ello, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner las radios y canales estatales exhibieron una marcada orientación oficialista. Por su parte, los medios públicos tuvieron un papel más equilibrado en las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Más allá de estas diferencias, lo cierto es que la actual intervención de Radio y Televisión Argentina y de la empresa estatal Contenidos Públicos representa una medida regresiva, que excluye de la conducción de los medios del Estado Nacional a representantes de fuerzas políticas opositoras y expertos de las ciencias de la comunicación.
Por cierto, constituye una asignatura pendiente de la dirigencia política argentina ejercer una conducción de las emisoras públicas plural, profesional y económicamente ordenada. No obstante, estos problemas se resuelven con más democracia, nunca con menos.
