La reputación en general de los magistrados que llevan adelante investigaciones en casos de corrupción pública es mala y ensombrece el trabajo de los buenos jueces.
Ni siquiera el hecho que en los últimos años se hayan pronunciado algunas condenas contra un exministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación, como Amado Boudou; un exministro de Obras Públicas, como Julio de Vido, o una expresidente y Vicepresidente de la Nación, como Cristina Kirchner, logró cambiar la percepción generalizada de que la corrupción no recibe sanción y que los poderosos siempre son impunes.
Si bien es cierto que la lucha contra la corrupción y la depuración ética no vendrá sólo de la mano de la respuesta que brinde el Poder Judicial con las sanciones penales que imponga (prisión, inhabilitación, decomiso), lograr mayor eficacia en las investigaciones de los casos de corrupción para poner fin a la impunidad de la que gozan quienes forman parte de complejos entramados de negociados y corrupción es vital. Y,además, diseñar un sistema para la recuperación de las activos robados.
Es que en la Argentina la corrupción ya no es un problema aislado, sino que se ha transformado en una fuente de extracción y desvío de fondos públicos con un alto impacto macroeconómico que, sin dudas, contribuye al empobrecimiento general de nuestro país.
En la causa de "los Cuadernos de las Coimas", investigadores del Conicet estimaron que los daños rondan los US$ 36.000 millones [1], teniendo en cuenta que los retornos lícitos hayan sido del 20% de la obra pública (como se difundió [2]) y estimando un promedio del 3% del PIB en inversión pública por año, la corrupción pública habría costado en una década el 6% del PIB actual.
Por su parte, en el libro "Destrucción Institucional" [3] analicé 14 casos penales como muestras de asuntos de corrupción obrados entre 2003-2015, estimé que tan sólo los embargos dispuestos ascendían a los US$ 6.300 millones (14,3% de la deuda con el FMI) [4]. Para seguir ilustrando en asuntos que representan varios puntos de nuestro producto bruto, el "caso YPF" en las distintas etapas de la gestión kirchnerista, resulta una muestra de un esquema de corrupción no investigado por el Dr Ariel Lijo, que hoy nos costará a todos los argentinos US$ 16.000 millones.
Son cifras escalofriantes de una corrupción que carcome no solo fondos públicos sino los cimientos mismos de nuestra democracia.
Como dijo Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas, al momento de anunciar la firma de la Convención contra la Corrupción:"La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la ley, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y desalentando la ayuda exterior y la inversión".
En este estado de situación que se verifica en nuestro país, donde la corrupción se instaló de modo sistemático y estructural involucrando a la mayor parte del establishment político, empresarial y sindical, intentar seleccionar jueces de intachables trayectoria, respetables y honorables deviene imprescindible.
Insisto hasta el cansancio que los verdaderos problemas de nuestro país, no son económicos, sino que la crisis más profunda es la bancarrota moral, la putrefacción de sus liderazgos enredados unos con otros luego de tantos años de malas prácticas con impunidad total.
Por estas razones, Javier Milei corre el riesgo de dilapidar parte de su credibilidad al nominar para ocupar una vacante en el Máximo Tribunal de nuestra república a un juez tan cuestionando como Ariel Lijo.
Este Juez ha recibido innumerables críticas por parte de la ciudadanía (hasta hoy, en la plataforma de change.org, la campaña #LijoNo lleva reunidas más de 20.000 firmas), impugnaciones de Colegios de Abogados, y ONGs (se han deducido más de 300 ante el Ministerio de Justicia), se ha publicado de una importante solicitada con más de 600 firmas que piden retirar esta nominación y se han derramado ríos de tinta por parte de prestigiosos periodistas advirtiendo sobre la cantidad de denuncias que se realizaron contra dicho magistrado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación así como ante la Justicia penal. Nunca antes un candidato a ocupar la Corte tuvo tantas objeciones y críticas.
Si bien debo decir todos los asuntos que lo involucraron fueron cerrados, a la par debo remarcar que el país "enredado en la corrupción" protege a quienes "entienden las reglas de juego" y de alguna manera "forman parte de la red de protección".
El Juez Lijo es experto en mantener en el "limbo" expedientes que involucran a diestra y siniestra a los poderosos de todos los partidos políticos así como a importantes personajes involucrados en entramados de corrupción que, en general, permanecen sin sanciones en Argentina.
Por esta razón, deben oírse las fundadas objeciones que recibió este Juez y que fueron tratadas superficialmente porque en nuestro país la madre de todas las batallas no es la economía sino por nuestros valores y "la integridad" es un pilar fundamental con el que debemos comprometernos todos porque, parafraseando al Fiscal Diego Luciani en su alegato en la causa "Vialidad Nacional" al pedir la condena a Cristina Fernández de Kirchner, hoy el gran dilema de reconstrucción nacional es "Corrupción o Justicia".
[1] https://www.perfil.com/noticias/politica/el-costo-de-los-sobornos-us-36-mil-millones.phtml
[2] https://www.iprofesional.com/legales/275916-causas-bater%C3%ADa-calcaterra-Coimas-en-la-obra-publica-Carlos-Wagner-nombro-a-once-empresas-que-no-estaban- siendo-investigadas
[3] Editorial Grupo Unión. Año 2021.
[4] Siendo asuntos del periodo 2003-2015, calculé el monto de embargos ordenados en pesos, al tipo de cambio del dólar a diciembre de 2015 (cuando Cristina Kirchner deja el gobierno)
