La restricción legal sobre la cantidad de deuda que el Gobierno de Estados Unidos puede emitir se conoce comúnmente como el techo de la deuda (debt ceiling). Este tope surgió de la Ley de la Deuda de la Primera Guerra Mundial, la cual estableció este tope por primera vez en 1917, y posteriormente se ha modificado en múltiples ocasiones.
Antes de esa ley, el Congreso de Estados Unidos estaba obligado a autorizar cada emisión de bonos, lo que se convertía en una debilidad frente a tiempos de emergencia. El objetivo original era permitir que el Tesoro se endeudara de manera independiente, manteniendo una autoridad del Congreso sobre los niveles de gasto y endeudamiento. El tope se estableció en un nivel que se consideró adecuado para cubrir las actividades del gobierno en aquel momento. Sin embargo, con los años el Gobierno norteamericano se ha visto obligado a extender múltiples veces el tope, algo que siempre resulta fuertes discusiones en políticas.
En enero de este año, el Gobierno de Estados Unidos llegó a su tope de deuda, el cual es equivalente a US$ 33,4 billones. Desde ese momento, en palabras del Tesoro americano, se mantienen tomando medidas extraordinarias para afrontar los distintos pagos. Algo que no es un evento tan extraño en las últimas décadas debido a que múltiples gobiernos se han encontrado con la fuerte necesidad de negociar para poder elevar el tope de deuda en el Congreso. Las medidas extraordinarias constan generalmente de diferir pagos a la seguridad social, aumentar deuda flotante y liberar flujos para otros pagos. La fecha límite, momento en que el Tesoro se queda sin caja suficiente para afrontar todos sus pagos, es algo complejo de estimar y probablemente involucre que el Tesoro empiece a priorizar distintos elementos. Pero según la Oficina de Presupuesto del Congreso, dependiendo de la recaudación fiscal, esta fecha estaría entre fines de julio y principios de septiembre, mientras que otros analistas apuntan a junio o julio.
A diferencia de otros momentos, la negociación actual está siendo definida no sólo por la clásica división entre republicanos y demócratas, sino también por la intensa lucha interna dentro del Partido Republicano, lo que ha ralentizado el proceso en la Cámara Baja.
El Partido Republicano sostiene una leve mayoría de 9 votos en la Cámara Baja, lo cual a principio de año le garantizaba de manera casi obvia la posibilidad de colocar al presidente del Congreso. El candidato natural del partido fue Kevin McCarthy, aunque por primera vez desde 1927 se necesitó más de una elección para elegirlo.
En total McCarthy necesitó 15 votaciones, para convencer a 19 republicanos del núcleo duro del partido. ¿El reclamo de ese núcleo duro? Que McCarthy no ceda en la votación del techo de deuda y obligue al Gobierno de Joe Biden a reducir el endeudamiento o balancear las cuentas fiscales.
McCarthy se encuentra atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, debe satisfacer las demandas de los miembros más inflexibles de su partido, mientras intenta llegar a un compromiso con los demócratas. Después de un debate interno, se vio obligado a retrasar la presentación de un proyecto de ley para expandir el techo fiscal, pero logró presentarlo y aprobarlo la semana pasada en la Cámara Baja con el apoyo de su partido.
Con este proyecto de ley, espera presionar a Biden para reducir el gasto federal a los niveles de 2022 y limitar los futuros aumentos del gasto al 1% durante la próxima década, entre otras medidas. Aunque es poco probable que este proyecto de ley sea aprobado en la Cámara de Senadores, donde los demócratas tienen mayoría, representa un inicio de lo que serán largas negociaciones entre un Partido Republicano que ha decidido tomar una postura inflexible y un partido demócrata que cree tener la ventaja en términos de imagen, pero que enfrenta una fecha límite.
En términos financieros el mercado parece haber incorporado una prima de riesgo dentro de los bonos de corto plazo del Tesoro y señala que espera que la negociación pueda llevarse hasta las últimas instancias.
Pero no parece afectar la credibilidad americana en el largo plazo, viendo tasas más bajas en los vencimientos de 1 a 2 años. El riesgo que tratan de señalar sería que el Tesoro se retrase en el pago de esos instrumentos, ya que a su vez no podría renovar los títulos. Sin embargo, ya este escenario sería catastrófico para la confianza universal que hay en los títulos del Tesoro americano.
Sin embargo, el mercado de renta variable no parece haber incorporado el posible riesgo, ya que los índices de volatilidad (VIX) se mantienen bajos respecto a otros momentos. El peor escenario sería un fuerte golpe para el funcionamiento de las empresas americanas, las cuales sostienen gran parte de su tesorería en títulos del Tesoro americano.
El escenario similar que viene a la mente en el corto plazo son las negociaciones de 2011. En 2011, a medida que se acercaba la fecha límite para llegar a un acuerdo, los efectos en los mercados fueron obvios: una crisis financiera que superaría con creces la de 2008 fue rápidamente descontada, en todas las clases de activos. El S&P cayó alrededor de 15%, la tasa de repos se subió de manera agresiva y la calificación crediticia de AAA para Estados Unidos fue rebajada por primera vez.
