El Gobierno de Javier Milei tiene por delante un mes que será clave para su gestión. Durante el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias, el Presidente convocó a la firma del Pacto de Mayo, un acuerdo con los mandatarios provinciales que busca ser fundacional para La Libertad Avanza. Pero antes de esa fecha, el Ejecutivo necesita aprobar la renovada Ley de Bases, condición que el jefe de Estado estableció para la celebración del acuerdo.
En su primer intento, la también llamada Ley Ómnibus naufragó en Diputados. Ahora, el Gobierno abrió el diálogo con la oposición y busca llegar al recinto con mayor consenso. Ahora, con el apoyo de los bloques dialoguistas y tras varias concesiones, el Gobierno logró el primer paso para la aprobación del proyecto.
Luego de que el oficialismo obtuviera dictamen de mayoría en un plenario de comisiones en Diputados, el presidente de la cámara, Martín Menem, convocó formalmente a una sesión especial el lunes 29 para tratar la Ley de Bases.
De esta manera, la propuesta quedó habilitada para ser tratada en el recinto. En la misma sesión se tratará el paquete fiscal que, entre otras medidas, incluye una nueva modificación a la ley del Impuesto a las Ganancias para que los trabajadores de altos ingresos lo vuelvan a pagar.
La citación se logró cuando el oficialismo y la oposición dialoguista finalmente llegaron a un acuerdo para un texto consensuado. Es que Menem había postergado el llamado a comisiones hasta tener los votos asegurados para dar un dictamen que garantice una aprobación.
Si bien la Ley de Bases tiene la certeza de que será aprobada en general, aún quedan varios capítulos que pueden caerse porque todavía quedaron discusiones sin saldar.
Como se trata de dos paquetes de leyes, se espera que la sesión arranque el lunes y termine, cuando menos, al día siguiente. Algunos incluso estiman que podría estirarse hasta el miércoles, sin cuartos intermedios para descansar.
Agenda a contrarreloj
La propuesta obtuvo el apoyo de La Libertad Avanza y el PRO, mientras que la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal firmaron en disidencia por diferencias en lo que tiene que ver con la reforma laboral, privatizaciones, la eliminación de la ley tabaco y la promoción de inversiones.
Se trata de cuestiones que podrían trabar el debate del proyecto y así ajustar la agenda del oficialismo. Es que el Presidente estableció la aprobación de la Ley de Bases como condición necesaria para la firma del Pacto de Mayo, el acuerdo con los mandatarios provinciales que busca ser refundacional.
Para lograrlo, ambos proyectos deberían recibir media sanción antes del 1 de mayo, para que el Senado los apruebe antes del 25 del mismo mes.
Las concesiones
A fin de cumplir con esos plazos, el Gobierno tuvo que retroceder con su reforma laboral que replicaba el capítulo del DNU 70/2023, hoy suspendido por la Justicia. Así, el oficialismo finalmente aceptó eliminar del capítulo los artículos más cuestionados por distintos sectores de la oposición dialoguista, que eran los que rechazaba la CGT.
La reforma laboral había puesto un freno en el avance de las negociaciones, y el oficialismo decidió ceder en la batalla contra los sindicatos para evitar una nueva postergación de la sanción del paquete.
Es que el radicalismo, autor de uno de los proyectos de reforma laboral más ambiciosos, anticipó al Gobierno que solo votaría la nueva Ley de Bases si se incorporaba en el texto este capítulo.
Entre los cambios, se extenderá el período de prueba a seis meses, se eliminarán las multas por trabajo no registrado, se pondrán penas por bloqueo y se implementará de forma opcional por convenio el fondo de cese laboral.
Otras de las reformas resonantes del texto son la eliminación del Banco Nación de la lista de empresas que se pueden privatizar, el recorte del capítulo de defensa de la competencia y la eliminación de los artículos relacionados con la consolidación de los títulos públicos en manos del el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Por su parte, la oposición adelantó que impulsará la reincorporación en el recinto del capítulo sobre impuestos al tabaco, que sube de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno (el Gobierno lo había quitado alegando "falta de consenso").
Lo mismo sucedió con el paquete fiscal que, además del impuesto a las Ganancias, incluye también un amplio y generoso blanqueo de capitales no regularizados; una nueva moratoria impositiva y modificaciones en los topes de facturación previstos en el régimen de monotributo.
El Gobierno accedió a modificar varios puntos de esta iniciativa para acercar posiciones con los bloques de oposición dialoguista y acordar un dictamen mayoritario.
La estrategia tuvo un éxito relativo, ya que los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal lo suscribieron con disidencias. Unión por la Patria y los bloques de izquierda, en tanto, presentaron dictámenes propios en rechazo al proyecto oficialista.
El poroteo final
Entre los conteos que circulan en el Ejecutivo, se barajan alrededor de 128 adhesiones para la votación general de la nueva Ley Ómnibus: 38 de LLA, 37 del PRO, 24 de la UCR, 11 de Hacemos Coalición Federal, 8 de Innovación Federal, 3 del MID, 3 de Independencia, 2 de Producción y Trabajo, 1 de CREO y 1 del MPN.
Lo que reconocen en el oficialismo es que no todos esos votos aplicarían para la votación del articulado y de los incisos de cada proyecto que no cuente con un acuerdo mayoritario.
En el Ejecutivo entienden que tendrán alrededor de 94 votos en contra, ya que tienen dudas sobre la extensión de los acuerdos que forjaron con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que cuentan con varios diputados dentro del bloque de Unión por la Patria.
Con esos diálogos, el Gobierno busca perforar el bloque opositor a través de la reactivación de la obra pública nacional en algunas provincias. Es que en el poroteo final, cada legislador es elemental para la aprobación de los proyectos de La Libertad Avanza.
