Las grietas políticas y económicas van y vienen desde siempre. Parecían limarse y cerrarse con la globalización de los '90 que no significó ningún “fin de la historia”, sino el inicio de otra nueva.
El crecimiento de los flujos comerciales y financieros evidenciaban el avance de las sociedades libres sobre los regímenes autoritarios, pero el atentado a las Torres Gemelas marcó el final de esa etapa. Desde entonces la prioridad de las grandes potencias pasó a ser la seguridad nacional.
El temor a los atentados terroristas dio lugar al inicio de progresivas restricciones a la circulación de personas. La globalización con bloques proteccionistas (Unión Europea a la cabeza) sobrevivió hasta después de la crisis subprime. Todo con crecientes lazos comerciales y financieros entre China y Occidente, y cierta inacción de Washington frente al “soft-power” oriental en América Latina y Africa.
Pero desde 2017, cuando Donald Trump inició su presidencia en EE.UU., se empezó a terminar esa “armonía” mundial. El giro hacia una guerra fría, no sólo comercial, entre EE.UU. y China se profundizó con el “caso Huawei”, las travesuras misilísticas de Corea del Norte, el conflicto de China con Taiwán y otros países asiáticos y el virus de Wuhan. Como trasfondo, una “doctrina de seguridad nacional y económica” de Xi Jinping, cada vez más provocadora.
La invasión rusa a Ucrania ha liquidado, y por mucho tiempo, esa armonía. En materia comercial y financiera implicará un bilateralismo selectivo en materia comercial y financiera y fuertes presiones sobre los “neutrales” o “no alineados” con Washington, o con el eje Pekín-Moscú para cerrar acuerdos entre gobiernos. Diversificar mercados va a ser más difícil e inseguro y proliferará el divisionismo en los países periféricos con crecientes enfrentamientos entre facciones locales instigadas, entrenadas y financiadas desde el exterior.
El accionar en las últimas dos décadas de terroristas y mercenarios como los de Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram y el Grupo Wagner son solo un “ensayo general” de lo que se puede venir hacia América Latina. Una región donde ya no son pocos los gobiernos cooptados o claudicantes frente a narcotraficantes, maras, mafias varias y grupos con ínfulas separatistas como es la llamada movida “mapuche” de la Patagonia argentina y chilena.
Como lo anticipó en una columna Paul Krugman la semana pasada, un mundo así sólo conduce a creciente desvíos y bloqueos al libre comercio. La contracara es menos crecimiento económico y empleo, más conflictividad política y militar, y más pobreza. Krugman y otros especialistas parecen entrever un nuevo y todavía indefinido “nuevo orden internacional”.
Los hechos por ahora sugieren algo bastante menos alentador: una suerte de nuevo “desorden internacional”, cada vez menos pacífico y de final abierto, y que no nace sólo por Rusia y China. Un grupo de trabajo de la Unión Europea sobre Exportaciones de Armas Convencionales mostró el mes pasado que entre 2016 y 2020 los principales compradores de armas rusas fueron Francia, España, Alemania, Austria, Italia, Croacia, Finlandia, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria. A su vez las ventas de armas de Rusia se concentraron en entregas a India, China, Argelia, Egipto, Vietnam, Kazajstán, Irak, Irán, Bielorrusia, Angola, Armenia, Turquía, Siria y Serbia.
La ambigüedad de Washington y de Europa pareciera tener como único impacto probable la debilidad de la “diplomacia del dólar”, como síntoma de una desglobalización que debilite a los EE.UU. Sin embargo, eso no parece incomodar a Joe Biden. Más allá de la preocupación por el repunte de la inflación, no eliminó los aranceles de la era Trump salvo el levantamiento parcial de los gravámenes a las importaciones de acero y aluminio de Gran Bretaña y extender hasta fin de año la exención de aranceles para 352 productos chinos. Tampoco hay una virulenta resistencia en EE.UU.
El futuro que asoma es el de una nueva globalización, pero fracturada.
Europa tampoco está libre de esto, y no sólo por el gas ruso y la invasión a Ucrania. La suba de los precios de los alimentos de marzo a junio va a complicar la estabilidad económica y política de varios países europeos. La Política Agrícola Común (PAC) se viene aplicando desde los años '60 para lograr el autoabastecimiento alimentario. Se aplicó en base a subsidios a la producción y a las exportaciones, y generar permanentes excedentes de alimentos para asegurarse alimentos baratos. Pero en las últimas dos décadas se fueron eliminando los precios sostén, los pagos directos de subsidios a productores, ciertos techos y cuotas de producción y se pasó a limitaciones a la producción en función de “objetivos verdes”. Se trata de los programas “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad UE 2030” para reducir el uso de productos fito y zoosanitarios en 50% y el de fertilizantes, también en 50%, y lograr para 2030: a) que el 25% de los cultivos sean ecológicos, b) que se abandone el cultivo del 5% de la superficie de una propiedad si supera las 15 has., c) que no se proceda a la rotación de cultivos si el campo supera las 10 hectáreas, d) tampoco la de dos cultivos cuando sea de 10 a 30 hectáreas y e) de al menos tres cuando supere esa superficie.
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Los políticos de Bruselas creen que así se reduciría un 28,4% la emisión de gases de efecto invernadero, pero a costa de una reducción de la producción entre 5% y 15% por destinar al menos 10% de la superficie arable a fines no productivos, y que el 25% se dedique a cultivos ecológicos.
El bloqueo ruso a en el Mar Negro a barcos cargados con trigo empezó a golpear a países europeos sin autoabastecimiento seguro. El pasado jueves el Comisario de la Unión Europea de Agricultura, Janusz Wojciechowski, pidió a los estados miembros tomar en cuenta las observaciones de la Unión Europea para remitir en las próximas semanas sus planes agrícolas nacionales, teniendo en cuenta los impactos del conflicto en Ucrania. Previendo eventuales problemas, la Comisión Europea no rechazaría ningún plan nacional.
Esto puede leerse como signo de unidad, pero es la respuesta a las críticas de varias cámaras empresarias en el sentido de que la PAC implica pérdida de soberanía y de seguridad alimentaria, y en escenarios críticos como el actual, mayor dependencia de proveedores extra-bloque.
La Unión Europea también dispuso aumentar los subsidios a productores por 550 millones de euros y podría aumentarla hasta 1,5 billón de euros, además de liberar casi 4 millones de hectáreas para el cultivo en este año. Una medida a la que se suma cierta flexibilización para importaciones de oleaginosos y cereales de países extra-bloque, como ha sido el caso la otorgada el 14 de mayo para el ingreso de maíz de Argentina y Brasil.
Todo indica que el mundo va a moverse al compás de lo que venga después de la invasión rusa a Ucrania. Pero difícilmente esto derive en el cierre masivo de mercados como durante las cuarentenas de 2020. Algunos podrían leerlo como “el fin de la globalización”, pero el mundo parece dirigirse a una globalización fracturada o dividida entre clubes de países separados por grietas más o menos profundas, con creciente proteccionismo e intervencionismo en el comercio internacional, las redes de transporte y los suministros bélicos.
Un escenario en el que probablemente no sean muy amplios los márgenes para comerciar con los países de uno u otro lado de la grieta sin arriesgarse a represalias comerciales o de otro tipo, y a guerras comerciales abiertas en las que los que tienen más para perder son los países de menor desarrollo económico y con mayor dependencia de la importación de alimentos, combustibles y de bienes manufacturados sin sustitutos locales.
