La inflación mutila al dinero nacional. Erosiona su función de activo, de resguardo de valor en el tiempo. No sólo se pierde confianza en lo emitido, sino también en el emisor.
En rigor y en un extremo, no hay moneda sin Estado, ni Estado sin moneda.
Como consecuencia de haber dejado de ser un apropiado resguardo de valor, deja progresivamente de ser una razonable unidad de cuenta para aquellos bienes “de larga duración” cuyo consumo no se agota rápidamente.
Sin embargo, en Argentina, hasta la mitad de los '70 del Siglo XX, largos años de inflación de más del doble de la del mundo desarrollado, inmuebles y campos se valuaban y se transaban en pesos y a plazo en la misma moneda.
El Estado gozaba de confianza: justicia, educación, salud, seguridad. Pleno empleo, progresiva distribución del ingreso, la pobreza urbana no llegaba al 5% y era “transitoria”. No una “playa de estacionamiento como es hoy”: Juan Carlos Torre dixit.
Reinaba un consenso paradigmático.
Salvo durante las hiperinflaciones, fin de los '80 del Sisglo XX, nuestra moneda no abandonó “la función primordial (del) dinero, (que es) fungir como medio de cambio” (Teoría Monetaria, W.T. Newlyn).
Sin embargo, desde mitad de los '60 del siglo pasado, le hemos ido quitando ceros y cambiando el nombre.
No somos los únicos que lo hemos hecho, pero sí los más adeptos a tomar el rábano por las hojas y acudir a cambiarle “el nombre” como si eso implicara una transformación del objeto. Devoción por las formas y las fundaciones.
A fines de 1964, cuando en Chile ganó las elecciones el democristiano Eduardo Frei Montalva, y el pánico al socialismo había hecho temblar a los mercados, relata Miguel Cuervo -miembro de la delegación Humanista de la UBA que celebraba esa victoria- que el economista Alejandro Foxley explicaba aquella inflación como un fenómeno en el que “tres huevos costaban lo que una gallina”: tres días igual al bien de capital. Eso nunca nos pasó.
En La Paz, Bolivia (1984) al cambiar divisas para una semana de estadía en un hotel, el banco -para entregar físicamente los pesos bolivianos- acudía a un “mozo de cordel” quien cargaba sobre sus espaladas un bolsón de un metro de alto por 60 centímetros de ancho y 30 de profundidad, pleno de billetes. Lo depositaba ante el conserje, estadía pagada. Y éste, con toda naturalidad, lo colocaba en un salón ad hoc colmado de bolsones similares. Eso nunca nos pasó.
En síntesis la inflación es el síntoma de un desorden. Y su tamaño es la medida del desorden que tras ella se esconde.
Pero también es una enfermedad. Según sea su intensidad y persistencia, se hace más o menos inhibitoria para la vida, las decisiones, los planes, el arraigo de los habitantes. ¿Nos está pasando?
La inflación enfermedad, a los mayores, nos ha acompañado toda la vida. Los “muy altos niveles promedio continuados” se inauguraron durante la Dictadura Genocida (1976/1983) que gobernó con una inflación promedio anual de 209% , con una “economía abierta” y ancla cambiaria para doblegarla. Corrió más rápido que las políticas equivocadas.
Entre 1983 y 1988, cuando la democracia infante estaba condenada a administrar la heredada deuda externa y social en extremo, el promedio de inflación se duplicó. Llegamos a 368% anual. A la nueva moneda, que llamamos Austral, no le fue muy bien.
En 1989 y 1990 sufrimos dos hiperinflaciones de 3.080% y 2.314% anual, respectivamente.
Para “terminar con el problema” la moneda nacional fue suprimida y convertida en un vale de caja equivalente a cada dólar ingresado. Un combo de apertura, privatizaciones, desindustrialización y derrumbe social fue el “método reformas” para terminar con la inflación y derritió la productividad.
El promedio de inflación, de 1991 a 2000, fue de 21,5%. Un retorno a los '60. Veamos la secuencia para apreciar el indudable impacto de la convertibilidad sobre los precios.
Desde 1992 hasta 2000 el promedio de la inflación anual fue de 4,8%; de 1993 a 2000 bajamos a 2,3% y de 1994 a 2001 fue de 0,8%. Hay que contar, entre 1999 y 2001, tres años de deflación promedio de -0,8% anual.
La inflación se doblegó. Un “vale” en lugar de moneda, sin prestamista propio (banco central) de última instancia (peligro de crisis bancaria) y a base de financiamiento externo.
Adelgazamos pero con anfetaminas que destruyeron la red neuronal.
El salario industrial real de 1999 era 55% del correspondiente a 1974 cuando la tasa de desempleo fue 4,20%. Con salarios a la baja, en 1995, la tasa de desempleo fue 17,5%. Dos pájaros de un tiro: desempleo y regresión distributiva.
Esa “estabilidad” artificial no podía durar porque encubría el desorden verdadero, profundo, con tangentes y disimulos.
Terminó en la peor crisis económica y social con la que recibimos al Siglo XXI.
Crisis que no nos ha abandonado a pesar de los reiterados default con la que hemos pretendido conjurarla.
A los más jóvenes los atropelló la inflación desatada por Cristina y Axel Kicillof y multiplicada por Mauricio y Alberto Fernández. Rodando barranca abajo.
Sentimos, vivimos, una caída integral que viene de lejos. La pandemia y la invasión rusa, con sus secuelas, son empujones adicionales para abajo.
Todos coincidimos en que esta caída es, finalmente, estructural. Detenerla, contenerla, cambiar la dirección, exige replantear la “estructura”.
Pero algunos piensan, el caso de la mayor cantidad de voces y de repetidoras, que “lo estructural” son, por ejemplo, las leyes y reglas de juego.
Entienden que dictadas las “apropiadas”, por sí solas, habrán de cambiar la dirección y transformar a la caída en ascenso.
Otros -para quienes las normas y reglas importan- pensamos que lo fundamental de la “estructura” es: qué producimos, cómo lo producimos y para quién lo producimos.
En este último planteo el diagnóstico de la crisis ubica al desencadenante, el comienzo de ”barranca abajo”, en el “industricidio” que ha conformado esta “economía para la deuda externa y social” y que, como consecuencia, suprimió al sistema salarial privado, como mecanismo de distribución primaria, y desarrolló la generación del desempleo como mecanismo de impulsión del autoempleo y la explosión de la pobreza.
Entre las consecuencias está el estructural déficit fiscal: el crecimiento de la pobreza erosiona la capacidad tributaria y expande el gasto público sin solución de continuidad.
Los proyectos personales individuales se traban; y los fracasos y la pobreza se multiplican en ausencia de proyectos colectivos.
En ese contexto, la inflación al 100% anual impide atacar, inclusive paliar, el principal problema social (y económico) que es la pobreza y el autoempleo de bajísima productividad.
Como dijo la ministra Kelly Olmos, “con alta inflación es muy difícil empardar los ingresos" y "la mejor manera de trabajar por el salario es combatir la inflación".
Y sin embargo, después de los empujones salariales liderados por Cristina y Sergio Massa, la pelea del sindicalismo está centrada en los aumentos nominales convencionales. Una secuencia que parece ignorar la capacidad destructiva de la calesita de precios.
Es que ésta, la que hoy sufrimos, no es simplemente una inflación muy alta.
Tampoco una hiper que arrasaría con todos los patrones de conducta y generaría un cambio radical de escenario.
Lo de ahora es “inflacionitis”. Una inflamación de la inflación que desencadena un enrojecimiento de alerta en todo el tejido económico, que afecta de manera notable a las zonas más débiles y socialmente comprometidas; embrolla los precios relativos, impide mantener los niveles reales de vida, provoca el atraso forzado en los precios regulados por el Estado, incrementa las demandas sociales, aumenta la pobreza, que -como hemos señalado- genera déficit fiscal en un régimen social básicamente no salarial que se torna, por definición, infinanciable.
La raíz del mal es estructural y los tratamientos superficiales, sean ortodoxos o heterodoxos, no curan. Duermen el problema hasta que se despierta y se venga.
Recuerde la exitosa convertibilidad del Siglo XX que culminó en la venganza del Siglo XXI. La mayor crisis de la historia.
El tratamiento debe ser global y sistémico. Necesitamos un consenso paradigmático respecto del qué producimos, cómo lo producimos y para quién lo producimos; y eso obliga a políticas de desarrollo territorial y de empleo, de inversión y de exportaciones. Y a definir grandes proyectos usando las herramientas que, aquí y ahora, utilizan las políticas industriales en todos los países del mundo. Nuestra carencia de esas políticas es una excepción mundial desde hace 48 años: es lo que explica el fracaso de todas las terapias superficiales.
Siguiendo a K. Boulding, necesitamos “el abrazo” para el consenso, “la zanahoria” para el capital y sí, “el garrote” para la evasión, la corrupción y el desapego a las normas.
¡Claro! También hay atacar la “inflamación” de la inflación. Es unánime la convicción que la ortodoxia excluyente fracasará y agravará las cosas. Hasta los menos cultivados de los chicos PRO lo han entendido.
El modelo “acuerdo político, económico y social” con cambio de precios relativos y posterior congelación de precios y salarios por un plazo limitado, reducción de la grosera inflamación del gasto público, incluido el de las empresas estatales, hoy bajo la nomenclatura “programa de Israel 1985”, es el programa de corto plazo que goza de mayor prestigio.
Será valioso si acompaña al programa global y sistémico de largo plazo. Entonces vale la pena intentarlo.
Tal vez el FMI (Art. VIII Report SM/74/212) vuelva, entonces, a decir aquello que nunca repitió: “Ese programa detuvo radicalmente la espiral de precios y salarios, mediante una política de ingresos basada en un pacto social, habiéndose registrado un aumento de las reservas netas en el primer semestre pese al encarecimiento del petróleo y el PIB aumentó superando la tendencia registrada”.
Hablaba del programa argentino ejecutado doce años antes que Israel.
Por eso, “lo nuevo es lo que se ha olvidado” (Francis Bacon).
