Por Jorge Colina (*)
En el velorio de Maradona se produjo un vergonzoso desmadre producto de que hay dos fuerzas de seguridad: los policías que maneja el Ministerio de Seguridad nacional y la Policía de la Ciudad. Al comienzo, el Ministerio de Seguridad nacional se arrogaba la coordinación. Luego de los desmanes endilgó la culpa a la Policía de la Ciudad.
En el manejo de la pandemia en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hubo similares cortocircuitos. El Ministerio de Salud nacional insistía con encerrar a la gente en sus domicilios, mientras que el de la Ciudad de Buenos Aires quería liberar las actividades de manera administrada. Resultado: la gente encerrada mientras el virus no circulaba y liberada cuando el virus circula. De aquí que la caída del PIB argentino esté entre las más profundas y la tasa de muerte por millón de habitantes entre las más altas del mundo.
En educación, el Ministerio de Educación nacional prohibió el comienzo de las clases por la pandemia, mientras que el de la Ciudad de Buenos Aires quería retomarlas administradamente, pero no lo hizo para cuidar la relación con el Ministerio nacional. Resultado: miles de niños y jóvenes sin contacto con la educación y el año lectivo perdido.
En el tema de vivienda, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional convive con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la gente en el conurbano convive con la basura y la degradación ambiental producto del abandono en la organización del territorio y la comunidad.
El punto en común de estos ejemplos (y hay muchos más) es que el Estado argentino tiene dos estructuras paralelas para atender una misma región, que es el AMBA. Esto lleva a tener doble gasto público, ya que hay que sostener dos burocracias, y los resultados están a la vista: son muy malos.
Esto demuestra que multiplicar gasto público no significa mejorar los resultados. Por el contrario, es estorbarse, diluir responsabilidades y echarse la culpa. No mucho más.
Según la teoría del federalismo, y la Constitución de Argentina lo reafirma, los servicios sociales a las familias deben ser provistos por el nivel de gobierno que más cerca y en contacto está con las familias. Esto es, todos los servicios de educación, salud pública, asistencia social, hábitat, urbanismo, seguridad son responsabilidad de las provincias y los municipios. El Gobierno federal tiene a su cargo las funciones interprovinciales. Esto es la política macroeconómica, la representación ante el extranjero, la infraestructura entre provincias como las rutas nacionales, trenes, hidrovía, regulación área, comunicaciones, producción y transporte de energía (porque la distribución al domicilio es provincial, ya que es un servicio directo a las familias mientras que en CABA lo sigue haciendo la Nación).
El mayor perjudicado son el resto de las provincias ya que gran parte del gasto público nacional termina yendo en favor de la Ciudad de Buenos Aires. El Estado Nacional maneja 16% del PIB, de los cuales 4,4% del PIB, o sea más de un cuarto, lo gasta en la Ciudad de Buenos Aires en los conceptos de burocracia nacional asentada en Capital, subsidios a los servicios públicos (luz, agua, gas y transporte), el servicio de Justicia y los programas nacionales en la parte que los reparte en la Ciudad. Si se sumara el gasto público nacional en el conurbano bonaerense (que es la otra parte de AMBA), dato que no está desagregado en el Presupuesto nacional, no es descabellado pensar que lo que el Estado Nacional gasta en AMBA tiende a ser la mitad del Presupuesto nacional.
La ley de reducción de la coparticipación a CABA no es ninguna devolución a las provincias. Es una instancia más de esta competencia entre el Estado Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires.
La crisis económica impone la necesidad de repensar el Estado argentino. El punto de partida es reorganizar el Estado Nacional para que no se involucre, no sólo en cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todas las provincias. En este sentido, habría que desmantelar toda la estructura burocrática de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y Hábitat, Seguridad, etcétera, que se superponen con funciones provinciales. En todo caso, si se considera que desde el Estado Nacional hace falta una coordinación interprovincial, basta y sobra con pequeños organismos técnicos que coordinen los consejos federales, que son donde se juntan las provincias a tratar de coordinar estos temas que son de su responsabilidad.
Esto llevaría a un ahorro estructural de gasto público que permitiría pensar en un Estado más eficiente, profesional y que brinde mucho mejores servicios a los ciudadanos, con menos gasto público.
(*) Economista de Idesa
