Imprevisibilidad e inseguridad jurídica son dos términos que no figuran en ningún manual del buen inversor. La puja entre los gobernadores petroleros y las amenazas cruzadas con el Gobierno no sólo sumaron incertidumbre al sector, sino que plantea de fondo un problema político y fiscal con un sistema de coparticipación que viene crujiendo en los últimos 25 años.
Luego de una semana de fuego cruzado con advertencias por parte de los gobernadores patagónicos de cortar la producción petrolera, denuncias judiciales y presentación de documentos por parte del Gobierno sobre la deuda chubutense, los mandatarios provinciales llamaron a una mesa de diálogo, acompañados por una resolución judicial que suspendió las retenciones a la provincia de Chubut.
El punto de la discordia se inició cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, luego de la frustrada Ley Ómnibus, advirtió que suspendería las exportaciones de crudo y gas si Nación no enviaba las partidas presupuestarias. El reclamo apuntaba a los $13.500 millones en concepto de fondos de coparticipación federal.
Entre dimes y diretes finalmente el Gobierno acató el primer fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, y de esta manera intentó poner paños fríos al conflicto y finalmente le giró los fondos para el transporte, en el marco de la polémica por la coparticipación.
No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia ya advirtieron que el Gobierno nacional presentará "a la brevedad" un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, a raíz del fallo judicial que hizo lugar al pedido de Chubut.
La amenaza del Gobierno chubutense de cerrar el grifo a la producción y exportaciones de hidrocarburos tuvieron al principio cierto apoyo del resto de los gobernadores patagónicos, pero con el pasar de las horas ese respaldo se fue diluyendo porque técnicamente y jurídicamente la medida era inviable.
Hoy Chubut produce más del 25% del total del crudo y 10% del gas a nivel nacional, y además posee yacimientos convencionales que requieren de técnicas asistidas de producción que no pueden ser suspendidas.
Los primeros en hacerle llegar el mensaje al mandatario provincial fueron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y Marcelo Rucci, titular del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, quienes desde un primer momento aseguraron que la actividad no iba a parar en Vaca Muerta.
Consultado sobre este conflicto, Daniel Montamat, consultor y ex secretario de Energía de la Nación, señaló que "las provincias detentan el dominio originario de los yacimientos de petróleo y gas, según el artículo 124 de la Reforma del 94" pero "para que el petróleo y el gas dejen de ser recursos potenciales y se transformen en reservas explotables hay que hacer ingentes inversiones en exploración, desarrollo y explotación".
Y explicó que por eso, los Estados provinciales convocan inversores en Argentina bajo un régimen de contratos de concesión. "Estos contratos viabilizan la inversión y le otorgan a la empresa concesionaria el dominio útil del recurso explotado. El petróleo y el gas producido pertenecen al concesionario que puede disponer de ellos libremente para refinarlos o comercializarlo. La provincia no obtiene ningún ingreso mientras el dominio originario no se transforme en dominio útil. El petróleo y el gas bajo tierra pueden seguir durmiendo el sueño de los tiempos sin transformarse en recurso productivo", dice.
"La industria petrolera argentina ya ha alcanzado una velocidad de crucero que es muy difícil que este episodio pueda alterar", dice Gerardo Rabinovich
Sin embargo, Montamat aclaró que cuando el inversor los explota la provincia se beneficia apropiando parte de la renta del recurso natural (regalías, Ingresos Brutos, coparticipación de Impuesto a las Ganancias). Si el Gobierno provincial bloquea la explotación rompe las reglas y avasalla el dominio útil. Es un acto ilegal. Además de las consecuencias reparatorias del daño y las posibles derivaciones penales, disuade a potenciales y nuevos inversores a enterrar capital en determinada provincia.
"Pero la provincia también perjudica su caja porque deja de apropiar renta. Por último, el bloqueo puede traer consecuencias operativas a la explotación. En definitiva, el principal perjudicado de un bloqueo productivo es el dueño del dominio originario, la propia provincia", subrayó.
En opinión de Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Mosconi (IAE), "este episodio se ha desencadenado por amenazas sin sustento y respuestas provocadoras y destempladas".
"La industria petrolera argentina ya ha alcanzado una velocidad de crucero que es muy difícil que este episodio pueda alterar. El objetivo del millón de barriles / día en 2030 en crudo y 200 millones de m3/día de gas sigue firme mientras los precios internacionales sigan atractivos", dijo.
En ese sentido, consideró que "ni las provincias ni la Nación están interesados en alterar este rumbo. Ninguna es dueña del botín con el que pretenden negociar del momento que las áreas están concesionadas y pocas empresas (YPF, PAE, Vista Total y Tecpetrol) concentran entre ellas el 75% o 80% del mercado. Creo que solamente una profunda crisis institucional podría alterarlo, y por el momento no parece que esto fuera a suceder".
Desde el punto de vista técnico, Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, calificó muy complejo el cierre de la producción y exportación ya que podría ser muy perjudicial para los intereses económicos de la misma provincia.
"No parece muy viable ya que la explotación de los yacimientos la llevan a cabo los privados que tiene derecho a la libre disponibilidad de esos hidrocarburos una vez que son extraídos del subsuelo, donde rige la ley del dominio originario provincial, pero al estar concesionados son las propias empresas las que hacen usufructo de dicha producción", destacó.
El Instituto de Energía de la Universidad Austral también fijó su postura sobre el tema. "Desde el punto de vista legal es imposible que Chubut corte con el suministro de petróleo y gas. La provincia estaría estableciendo una especie de aduana interior al no permitir la salida de los hidrocarburos, petróleo y gas de su territorio", dijo su director, Francisco Romano.
Y sostuvo que "este tipo de acción directa no es factible desde un punto de vista legal. El Estado Nacional fija la política, mientras que la provincia es la dueña del recurso. Y como dueña, otorga derechos a empresas para la exploración y la producción. Esos derechos implican que la empresa es dueña del petróleo producido y entonces tiene la libre disponibilidad: puede venderlo y puede sacarlo del territorio".
En esta línea, Romano planteó un interrogante: "Si nos quedamos sin petróleo, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a importar y esto significa un costo enorme para el país. Justamente va en contra de todo lo que se está haciendo en todos estos años, donde la Argentina lo que busca es la autosuficiencia y el autoabastecimiento en materia energética. Definitivamente, esta situación que hoy está generando la provincia de Chubut es muy mala para el país, para la economía general y para la seguridad jurídica".
Desde un análisis más económico, el economista Pablo Besmedrisnik, director de VDC Consultora, resaltó que la medida no debería impactar con mucha fuerza específicamente al sector de la producción y de la fractura y perforación, que requieren desembolsos de relativa rápida recuperación. Pero sí afecta a las áreas de inversión que requieren horizontes de expectativas más largos, específicamente infraestructura de logística interna y de exportación.
Y remarcó: "Desde el costado inversor hay buenas expectativas en términos del potencial del sector gas y petróleo. El ajuste de la brecha y la desregulación de la exportación son bien recibidos. Pero para ser una realidad de mediano y largo plazo necesitan disiparse cuestiones centrales como la sustentabilidad política y social del plan económico".
Ahora con la tregua de por medio, los gobernadores patagónicos dejaron a un lado las diferencias con el presidente, y lo invitaron a la cumbre prevista para el 7 de marzo en Puerto Madryn, donde se debatirá sobre la agenda productiva de la región. Pero antes, el primer mandatario inaugurará este viernes las sesiones ordinarias ante un Congreso que a estas horas aún no sabe si el discurso acercará las partes al diálogo o al enfrentamiento.
