Clave
Después de décadas de desestimar las consecuencias negativas del déficit fiscal constante, parece que por fin logramos un consenso entre la política y la ciudadanía sobre la necesidad de ordenar las cuentas públicas para bajar la inflación y estabilizar la economía. Ahora, ¿cómo se debe llevar adelante este ajuste fiscal? Como si usáramos un bisturí, para hacerlo con eficiencia y minimizando el impacto social.
Recapitulemos un poco. En los últimos 50 años Argentina registró un déficit fiscal promedio de 4% del PIB anual, que se financió con aumento de impuestos y deuda pública. Cuando escaseó el financiamiento, los distintos gobiernos apelaron al uso de las reservas y de la emisión monetaria del BCRA.
La receta es antigua y quedó demostrado que no funciona. Ahora bien, eliminar el déficit no es una tarea fácil, requiere de un plan económico y de consensos políticos. En el plano económico se necesita generar eficiencias en el gasto y en la recaudación y en la esfera política implica interferir en intereses de los sectores que se ven beneficiados con la estructura vigente de gastos e ingresos.
La reducción del gasto público debería seguir criterios de eficiencia y equidad, para reducir el impacto recesivo y regresivo. Subir impuestos no es una opción viable: tenemos una alta presión tributaria y una estructura impositiva totalmente distorsionada. Según el FMI, en 2023 Argentina tenía una presión tributaria de 34% del PIB, similar a la de Suiza (35% del PIB) y casi el doble de América Latina (20% del PIB).
Además, una de las principales fuentes de financiamiento del Fisco es el Impuesto PAIS, que grava importaciones y gastos en dólares y representaría 2% del PIB en 2024 (US$ 12.884 millones). Este tributo no se puede sostener en el tiempo dado que encarece los insumos y los bienes de capital necesarios para producir. Por ende, para bajar este impuesto y mantener la estrategia de eliminar el déficit se requiere un esfuerzo fiscal mayor.
La clave no es cobrar más impuestos, sino, efectivamente cobrarlos. Y Argentina tiene espacio para realizar esta tarea. Hay algunas partidas de gasto que representan casi 5% del PIB, que surgen principalmente de tributos que no se están cobrando, que tienen un impacto social relativamente bajo para la mayoría de la población.
Por un lado, tenemos los 29 Fondos Fiduciarios, que se llevan cerca de 2% del PIB. Muchos tienen objetos atendibles, pero suelen ser manejados en formas poco transparentes.
El Gasto Tributario (exenciones o promociones impositivas que otorga el Fisco anualmente), acumula otro 2% del PBI, mientras que el sector Salud tiene todavía beneficios que se establecieron en pandemia, por un 0.5% del PBI.
Capítulo aparte es el gasto de las empresas públicas, que asciende a cerca de 0,6% del PIB. Algunas privatizaciones y la mejora de los resultados operativos podrían aportar a la reducción de esta cifra.
Pero vayamos a uno de los casos más sorprendentes, como las exenciones que recibe Tabacalera Sarandí y otras empresas pymes locales, que deja de pagar cerca de US$ 800 millones por año, lo que representa cerca de 0,12% del PIB en concepto de impuestos internos por la venta de cigarrillos. Si bien está elusión impositiva tiene origen en las medidas cautelares que otorgó la Justicia, los poderes Ejecutivo y Legislativo podrían actuar y modificar la ley para corregir esa pérdida de recursos fiscales.
Estamos frente a una oportunidad como pocas para terminar con los desequilibrios macroeconómicos que generan inestabilidad, inflación crónica y crisis recurrentes. La sociedad reclama una solución y ha demostrado que está dispuesta a respaldar medidas que vayan a fondo. Bajar el gasto y recaudar mejor, con atención en estos verdaderos agujeros para el fisco, parecen ser las herramientas. Sólo hace falta voluntad y la precisión de un bisturí.
