Autoridades del Ministerio de Economía y de la empresas estatal Energía Argentina (Enarsa) se reunieron este martes con directivos de China Development Bank para avanzar en la reanudación del crédito para la construcción de las represas hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz.
Durante el encuentro -concretado de manera virtual- se trabajó en un cronograma y se acordaron los pasos a seguir para el restablecimiento de los desembolsos de esta obra, que permitirá incorporar 1.310 megavatios (MW) de potencia, según fuentes oficiales.
El China Development Bank lidera el consorcio de bancos que aportan el financiamiento de las represas.
Por otra parte, se presentó el avance actual de las obras. La Represa Gobernador Jorge Cepernic se encuentra en el 35,4% de su desarrollo.
En tanto, la Represa Presidente Néstor Kirchner está avanzada en 22,8%, y sobre esta última, además, "se detalló la presentación del Proyecto Ejecutivo Optimizado", indicaron a Télam las mismas fuentes.
- El proyecto fue adjudicado en 2013 a las empresas Electroingeniería, Hidrocuyo SA y China Gezhouba Group Company Limited.
Por el lado argentino participaron Leandro Gorgal, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo del Ministerio de Economía; Matías Mana, director nacional de Proyecto con Financiamiento Bilateral de dicha subsecretaría y Gastón Leydet, subgerente general de Enarsa.
Sin embargo, esta obra, central en la relación bilateral con China, se encuentra desde hace 6 años es una disputa legal y medioambiental.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) planteó que al evaluar el impacto ambiental de las represas se omitió información sobre el riesgo sísmico que podría provocar su construcción (debido a la presión que suman los embalses sobre el terreno) y sugirió a la Justicia que ordene un estudio para evaluar la peligrosidad de las obras, según consignó el DiarioAr.
Asimismo, de acuerdo a distintos informes, el proyecto amenaza a las especies del Río Santa Cruz y podría provocar sismos causando así el deshielo de los glaciares de la zona, como el Perito Moreno.
La Corte Suprema determinó en 2016 que no se cumplió con las exigencias dispuestas en la ley socioambiental al no presentar un Estudio de Impacto Ambiental adecuado y la realización de audiencias públicas para analizar la viabilidad de las obras.
Fue así, y a pedido de las ONG Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre, que el tribunal supremo frenó las obras y pidió una audiencia pública.
Aunque en 2018 se reanudaron por orden del ex presidente Mauricio Macri a pesar de los desplazamientos del suelo que se registraron en octubre de dicho año a causa de eventos sísmicos en El Calafate.
