Los precios máximos generan escasez. Si los mercados no pueden ajustar por precios, lo harán indefectiblemente por cantidades. Dos reglas simples, fáciles, utilizadas para comprender el funcionamiento normal de mercados en cursos introductorios de economía.
Quien crea que aplicar restricciones o intervenir el funcionamiento de los mercados no tendrá consecuencias podría asimilarse a un terraplanista económico.
El mercado de los combustibles no es la excepción. Se trata de una compleja e integrada cadena de valor, que incluye la producción de hidrocarburos, su transformación (refinación) y distribución en bocas de expendio. Y presenta una característica adicional: alta concentración, con YPF como líder de mercado.
El Gobierno viene regulando el aumento del precio de los combustibles como instrumento de contención de la inflación. De esta forma el "barril criollo" en el mercado local refleja un valor de US$ 56 (a dólar oficial), mientras el precio internacional ronda los US$ 90. Y a esto se suma el congelamiento del impuesto a los combustibles. Es decir, el sinceramiento futuro del precio de los combustibles enfrentará para su normalización un triple shock: tipo de cambio, precios internacionales y normalización impositiva.
La coyuntura nos muestra un ministro candidato, que transita el calendario electoral buscando dólares y para ello aplica devaluaciones sectoriales, entre ellas, al sector petrolero. La implementación del dólar Vaca Muerta no solo buscaba la liquidación de divisas, sino que permitió al sector compensar en parte la diferencia entre el barril criollo y el precio internacional. Pero esta concesión tuvo condicionalidades: congelar el precio de los combustibles hasta el 22 de octubre o el 19 de noviembre...según fuera el resultado para el oficialismo.
Es claro entonces que, al haber fijado el precio, el ajuste por cantidades, es decir la escasez, estaba a la vuelta de la esquina.
A esto se suman distorsiones propias de una política del "emparche". El congelamiento minorista (estaciones de servicio), no fue acompañado por el sector mayorista. Por lo tanto y contra toda lógica, el combustible a granel hoy es 30% más caro que en las estaciones de servicio y por lo tanto aquí la explicación del aumento de la demanda que menciono el Gobierno al inicio del desabastecimiento.
Pero además la falta de planificación hizo que las importaciones no llegaran a tiempo para cubrir la parada técnica prevista con anticipación de la mayor refinadora del país: la planta de YPF en La Plata.
¿Era imprevisible los escasez de combustibles? La respuesta claramente es no.
El Gobierno emitió el 6 de septiembre pasado la Res 461/23, en la cual reconoce la insuficiencia estructural de la capacidad refinadora local para abastecer completamente la demanda creciente de combustibles del mercado interno y por lo tanto la necesidad de importaciones. Esta resolución prorroga el "régimen de incentivos al abastecimiento interno de combustibles" que implica el reintegro del impuesto a los combustibles que paga el importador.
Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿qué empresa privada está dispuesta a importar combustibles que reflejan un barril de US$ 90 y venderlo en el mercado local al US$ 56? La respuesta sería ninguna, salvo YPF, a la que se la somete al quebranto de financiar una operación ruinosa con el objetivo de abastecer el mercado interno a déficit.
La Ley 17.319 establece que las actividades relativas a la industrialización, transporte e industrialización de hidrocarburos dependen del Poder Ejecutivo. Del mismo modo la Ley 26.197 de 2012 dispone que el diseño de las políticas energéticas también son responsabilidad del PEN. Por lo tanto, no hay dudas donde habrá que poner la mirada al momento de analizar responsabilidades respecto del desabastecimiento actual de combustibles.
No se trataría, entonces, de acciones especulativas del sector sino de la verificación de los principios básicos del funcionamiento un mercado -el de los combustibles- que es objeto de una mala política energética, que lo interviene y emparcha y que al final del día encuentra los consumidores pagando parte de lo que vale el combustible subsidiado con el tiempo que lleva hacer la fila en la estación de servicio.
