El acuerdo con el FMI será, en breve, un hecho consumado. El organismo lo aprobará y quedará, gracias al voto mayoritario de la oposición, cerrado un acuerdo que evita el default con el organismo. Un logro razonable, pero que tampoco disipa incertidumbres ni aclara interrogantes que siguen sin respuesta. En principio resuelve el problema agudo de insolvencia fiscal y externa que podría haber dejado al país al filo de una grave crisis económica de difícil manejo político en este año o el próximo.
Las incertidumbres no se despejan igualmente de un día para el otro, y el retorno a controles de precios y a la suba de retenciones a exportaciones de harina y aceite de soja no es claro qué pueden aportar para mejorar expectativas, y reducir la inflación. En el caso de la harina y el aceite no es claro a qué apunta la suba de retenciones, cuando una semana antes las autoridades dispusieron el cierre de las exportaciones “hasta nuevo aviso”. Inentendible. Y a esto, la más que polémica carta del Secretario de Energía al ministro de Economía, por la cual logró que le giren fondos para importar gas en abril, pero donde al final de la nota expresó “rechazo el recorte impuesto por los Techos de Caja”. Por mucho menos que esto en otras administraciones al día de hoy ya estaría en funciones otra persona a cargo de esa secretaría.
Al menos en el corto plazo todo indica que no habrá una maxidevaluación, tampoco una contracción o desaceleración del crecimiento de pasivos monetarios y remunerados de la autoridad monetaria, ni un ajuste alcista drástico de diversos precios atrasados como el tipo de cambio y las tarifas públicas, ni de los ingresos de los jubilados ni de los trabajadores. Los ejes de lo que se viene para la “micro” de familias y empresas son medidas “mínimas” muy diversas.
- Mini ajustes de precios: con acuerdos de precios, eventuales controles y un fideicomiso para regular precios y cantidades de trigo para molinos harineros.
- Mini subas de impuestos: primero con suba de retenciones a las exportaciones de aceite y harina de soja, a lo que seguirán durante el año tributos provinciales varios, un probable tributo ad-valorem a los combustibles, el sube y baja discrecional de las retenciones a las exportaciones del agro de mayor potencial recaudatorio.
- Mini tarifazos: con subas de tarifas de gas, electricidad, agua, combustible, transporte de pasajeros y de cargas por el citado acuerdo más el impulso de los precios internacionales por el conflicto en Ucrania.
- Mini devaluaciones: el crawling-peg del dólar oficial se aceleraría levemente para acortar distancia con la inflación, pero sin un programa antiinflacionario claramente definido, no será fácil recrear expectativas en torno de un sendero un tipo de cambio real alto y competitivo, al menos hasta fin de año.
- Mini ajustes de ingresos: se tratará de moderar reclamos salariales con subas inferiores a las subas anuales implícitas en la aceleración inflacionaria de este trimestre. Claramente, la variable de ajuste serán los ingresos de los jubilados (una vez más, y en contradicción con las promesas electorales de 2019) y de las demandas de los movimientos sociales cada vez más disconformes con la actual administración.
Buena parte de todo esto se viene preanunciando desde hace dos semanas, lo cual incentiva los aumentos preventivos de precios desde, antes del inicio de la supuesta “guerra contra la inflación”. Inevitable en una economía semicerrada y con permanente bombeo de demanda vía gasto público financiado con emisión monetaria.
Volver a crecer y recuperar empleos exige aumentar la oferta de bienes. En principio, nada de lo anunciado parece contribuir a un crecimiento más acelerado de la oferta que de la demanda agregada de bienes. La reactivación del mercado interno enfrenta un horizonte de costos laborales y no laborales a la suba, con un panorama incierto en cuanto al mediano y largo plazo para el mercado interno.
Respecto de las cuentas fiscales, la suba de impuestos y el retiro de subsidio a las tarifas de servicios aumentan costos y desalientan la oferta agregada. No es claro en qué medida podría reducir de manera significativa el desbalance fiscal ni su financiamiento inflacionario. El gasto corriente tal vez se “modere” vía subejecución de partidas y atraso con proveedores. Si habrá una efectiva reducción del financiamiento monetario del gasto público eso se verá con más claridad recién en la segunda mitad del año.
En cuanto al sector externo, la sequía del verano ha reducido la capacidad de aumentar las exportaciones, y la suba de precios de materias primas por el conflicto en Ucrania no tendría impacto favorable. La suba de precios de gas y petróleo implicaría una salida extra de divisas que podría superar la mejora de los ingresos por exportaciones primarias.
Todo depende de la extensión en el tiempo y de los efectos destructivos de la guerra en una de las áreas agrícolas más productivas del globo, del impacto de las sanciones a Rusia y, las réplicas que tratará de aplicar y la asistencia de otros países. India cerraría un acuerdo con Rusia para el intercambio comercial con las monedas de ambos países y le compraría a Rusia 3 millones de barriles de petróleo. Israel no se ha sumado a las sanciones económicas a Rusia. China y Rusia, a su vez, han incrementado el comercio bilateral desde el inicio de las sanciones al Gobierno ruso.
Esto configura un mapa global diferente con probables represalias y contrarepresalias que pueden derivar en un comercio internacional más bilateral que multilateral. Lo único cierto es que la economía mundial se encamina en un rumbo general de estanflación en 2022 y de disrupciones en las cadenas de suministros que pueden agravarse. Las razones pueden ser varias: el uso de armas atómicas de destrucción masiva, armas químicas prohibidas, participación de más países en el conflicto iniciado el 24 de febrero, el estallido de otros conflictos de impacto global, o una nueva pandemia, sea por alguna nueva cepa del coronavirus o por otro agente patógeno.
El escenario internacional luce frágil y riesgoso, y las perspectivas para los precios mayoristas y al consumidor son en general a la suba. El shock del conflicto europeo en los precios de las materias primas limita en el corto plazo la efectividad de la política monetaria de cada país para controlar la inflación, pero esa efectividad tiende a ser menor en países de inflación más alta y de un marcado deterioro de la reputación de sus gobiernos y de la credibilidad en sus políticas. Y tratar de estabilizar expectativas y el componente inercial de la inflación luce poco creíble si se apela a instrumentos de alcance parcial y dudosa efectividad.
En el caso argentino, un programa creíble debe explicar cómo acelerar el crecimiento económico, reducir la inflación y la incertidumbre sobre los precios relativos, y cómo recuperar un ingreso permanente de divisas que no esté atado al crónico endeudamiento externo. Todo indica que quizás haya que esperar para el segundo semestre en el que probablemente las autoridades y el FMI definan alguna estrategia más clara, al menos en línea con el proyecto de ley de Presupuesto para 2023. Pero por ahora, el entorno interno está dominado por crecientes reclamos sectoriales y visibles internas en el oficialismo, mientras la economía y la política mundial están sacudidas por un conflicto bélico que nadie sabe cuándo ni cómo va a terminar.
Un contexto en el que las medidas anunciadas sólo parecen conducir a más ajuste para el sector privado que para el sector público, y a riesgo de convalidar, y quizás profundizar lo que se vislumbra como un año con menos crecimiento, más inflación, y por consiguiente, más empobrecimiento y conflictividad que en 2021.
