Por Atilio Molteni Embajador
No es usual que el presidente de Estados Unidos decida concebir, convalidar y respaldar públicamente el sabotaje directo a las sesiones del Congreso de su país. Pero no hay mejor forma de explicar los hechos que sucedieron el pasado 6 de enero por la tarde en la ciudad de Washington, durante una refriega que dejó muertos y heridos.
El Capitolio fue literalmente ocupado por una turba compuesta por cientos de supremacistas blancos, ultraderechistas e individuos que creen en teorías conspirativas. El saldo se vio en la televisión, en Internet y en la tapa de las principales publicaciones del planeta. Los atónitos espectadores o lectores se toparon con los dramáticos e incomprensibles actos de terrorismo, alentados por un mandatario que repetía trastornado que había ganado las elecciones.
El Congreso estaba reunido en una sesión especial, procedimiento que es la formalidad constitucional empleada para certificar los votos del Colegio Electoral. En este caso la sesión debió detenerse en ocasión del violento ataque antes señalado, en cuyo transcurso los activistas incitados por el todavía presidente Donald Trump ponía en jaque a uno de los más importantes símbolos de la democracia, con el objetivo de que los parlamentarios cambiaran lo decidido por el voto popular.
Cuando horas después el edificio del Congreso fue recuperado por las fuerzas de seguridad, los legisladores pudieron concluir sus labores y declarar que existían 306 votos de Colegio Electoral a favor de Joe Biden, quien devino en presidente electo y será el mandatario que asumirá sus funciones el próximo 20 de enero, momento en el que sustituirá a Trump (y la senadora Kamala Harris hará lo propio con el vicepresidente Mike Pence).
El hecho de que no se hubieran adoptado medidas de seguridad suficientes para proteger al Congreso disparó el inmediato pedido de renuncia de los jefes policiales del Capitolio, la investigación acerca de la falta de la diligencia debida para evitar lo ocurrido, y la planificación de un despliegue masivo para impedir en los próximos días acciones terroristas.
La suma de indicios parece demostrar que la mencionada insurrección fue inspirada por el ocupante de la Oficina Oval. Trump no ahorró declaraciones de tinte anárquico que incitaban a la destrucción de la normalidad imperante, bajo la supuesta excusa de que el sistema le había robado su reelección. Pero la violencia política fue un proceso armado a lo largo del tiempo.
Trump fue más allá de no reconocer su derrota, al traspasar un límite constitucional que para muchos justificaría la automática remoción.
Su adversario Biden, el futuro titular de la primera magistratura, calificó a los agresores de insurgentes y terroristas domésticos, “en uno de los días más oscuros en la historia de nuestra nación”. También destacó que el trabajo del momento y de los cuatro próximos años será el restablecimiento de la democracia, de la decencia, el honor, el respeto por las normas de derecho y la renovación de la política.
Los asesores de Trump la veían venir. Éste último sacó de la galera toda clase de inventos que no le funcionaron en ninguna instancia. Trató de impedir la certificación de la elección del 3/11/2020, argumentando que el vicepresidente Pence tenía la capacidad de desconocer las votaciones que pudieran considerarse fraudulentas o provenientes de una conspiración masiva, descripción que inicialmente contó con el respaldo de una docena de senadores y de alrededor de cien miembros de la Cámara de Representantes de su partido, quienes cuestionaron los resultados de seis Estados algo que, de haberse verificado, hubiera impedido la victoria del candidato opositor.
Para los analistas políticos, el plan de Trump no tenía posibilidad alguna de ser aprobado, porque su propio vicepresidente rechazó la idea de frenar la certificación y la mayoría de los legisladores estaban visiblemente en contra de semejante disparate jurídico y político. Entonces, los asaltantes actuaron por la fuerza para lograr ni más ni menos que ellos desconocieran los resultados legítimos, claros y visibles de una elección, lo que significó un ataque muy peligroso al sistema democrático.
Trump y sus asesores pergeñaron decenas de presentaciones judiciales en el lapso de los dos meses siguientes a la elección, todos con una misma propuesta: proclamar, sin prueba alguna, que existió fraude. Sus alegatos y gestiones fueron rechazados por cada uno de los Tribunales involucrados. Su intención era desconocer el resultado de una elección popular que perdió por 7 millones de votos y por un registro de 306 contra 232 votos en el Colegio Electoral.
Sin ignorar sus repetidos sapos, la primera semana de enero estuvo congestionada de acontecimientos políticos: el 2, Trump exhortó (y amenazó) al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensberg, con la finalidad de que éste se las rebuscara para encontrar suficientes votos a su favor a fin de modificar el resultado electoral que consagró a Biden en dicho Estado, alegando errores inexistentes en los cómputos electorales. Al día siguiente (3/1/2021) se difundió una carta abierta, en la cual 10 ex Secretarios de Defensa advirtieron que un intento de involucrar a las fuerzas armadas en disputas electorales podía llevar al país a situaciones muy peligrosas. Los firmantes subrayaron que la transferencia pacífica del poder había caracterizado a la democracia estadounidense desde su nacimiento en 1789.
El 5 de enero, tras realizada la segunda vuelta electoral en Georgia, ganaron los dos candidatos demócratas. Estos son el Reverendo bautista Raphael Warnock, que será el primer senador afro-estadounidense de un Estado del sur, y al joven periodista y empresario de la comunicación, Jon Ossoff. Ese hecho supuso un golpe demoledor para los republicanos, quienes responsabilizaron de tan inusual derrota a los comentarios de Trump. Tras esa elección estadual, los dos partidos tradicionales del Senado federal lograron igual número de legisladores, con la posibilidad de que la vicepresidenta Harris pueda desempatar una votación, hecho que otorga al Presidente electo Biden mayor capacidad para impulsar su programa político, económico e internacional.
Como resultado de lo sucedido en el Congreso y para impedir un caos mayor, el 7/1/2021 los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer solicitaron al vicepresidente Pence que invoque ante el Gabinete la enmienda 25 de la Constitución (prevista para el caso de incapacidad del primer mandatario). El vicepresidente no respondió a tal iniciativa. En vista de ello, esos líderes anunciaron que ellos pedirían un nuevo proceso de juicio político contra el presidente Trump, conforme con el sentimiento mayoritario de los legisladores demócratas.
Al día siguiente, 8/1/2021, la crisis política se agudizó cuando Pelosi anunció que, debido a los actos sediciosos de Trump y sin esperar la asunción de Biden, la Cámara de Representantes activaría el pedido de juicio político en su contra si es que no renuncia inmediatamente, en clara alusión al precedente del expresidente Richard Nixon y el escándalo conocido como el Watergate, cuando los propios republicanos convencieron a ese mandatario de que su renuncia era la mejor alternativa.
En adición a ello, Pelosi hizo saber que había tratado con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas la manera de impedir que un presidente inestable pueda iniciar hostilidades militares o acceder a los códigos de lanzamiento de armas nucleares. Posiblemente, actuó por encima de sus capacidades constitucionales, pero teniendo en cuenta los poderes extraordinarios del jefe de la Casa Blanca, lo que revela el caótico fin de mandato que existe hoy en Washington.
A partir del lunes 11, a Trump sólo le quedan nueve días en la Oficina Oval y los demócratas no parecen contar ni con los tiempos procesales, ni con los dos tercios de votos para que el juicio político prospere en el Senado, pero los acontecimientos sucedidos han sido tan traumáticos que no se descarta esta posibilidad, pues se ha puesto sobre la mesa el debate sobre la vitalidad y las bases mismas de la democracia estadounidense.
El 7 de enero, Trump también señaló, por primera vez, su repudio al ataque contra el edificio parlamentario y finalmente reconoció su derrota. En tal declaración, en extremo tardía, afirmó que la nueva administración asumiría el poder el 20 de enero (en un acto en el que no piensa estar presente) y destinado, en apariencia, a ofrecer una salida a los republicanos para no tomar medidas en su contra.
En lo inmediato, el partido saliente de la Casa Blanca, los republicanos, tienen el problema de buscar el modo que les permita desprenderse del legado Trump, cuya conducta como mandatario demostró innumerables errores que se profundizaron en los dos últimos meses, cuando aún millones de sus votantes parecen seguirle creyendo. Por otra parte, Estados Unidos se verá forzado a recuperar su prestigio internacional, excesivamente afectado por el actual descrédito de sus instituciones políticas.
