El Gobierno pactó con el FMI una reducción gradual del déficit de 3,1% del PIB a 2,5% en 2022 para llegar a cero en 2025. En ese sentido, una “herramienta” clave que podría utilizar el Gobierno es la inflación, algo que sucedió en 2021, pero también se vio en la dinámica de aceleración de precios desde 2017.
El proceso resulta bastante simple de entender, y allí radica parte de su tentación para la política. La administración nacional proyecta un determinado gasto nominal para todo un ejercicio fiscal y, si la inflación resulta mayor a la proyectada, los recursos se mantendrán constantes o corriendo detrás de los precios mientras que la recaudación aumenta.
Por caso, la pauta inflacionaria de 2021 era en un principio de 29% y se esperaba un déficit del 4,5%. Cuando cerró el año, el saldo terminó siendo deficitario en 3,1% del PIB pero con una inflación que finalizó en 50,9%. Vale ponderar que la economía se recuperó 10% y también ayudó a bajar el déficit, al igual que los buenos precios de las materias primas exportables.
El costado negativo del “plan licuadora” es obvio: una mayor inflación que complique aún más a los sectores más desprotegidos, con menor capacidad de actualizar sus niveles de ingresos.
“Licuar el gasto”
“Los ingresos de la recaudación impositiva suben inmediatamente con la inflación, mientras que los gastos crecen con cierto retraso. Es el caso de lo que sucedió con las jubilaciones y los salarios estatales: corren detrás de los precios”, explicó ante El Economista el director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), Jorge Colina.
Sin embargo, el economista explicó que la “licuación” del déficit con la inflación es transitoria, porque cuando la segunda tiende a bajar crecen los gastos de nuevo.
Por su parte, desde Ecolatina mencionaron que “en un escenario donde la desinflación no ocurre habría un menor crecimiento real -y en términos del PIB- de las erogaciones indexadas a la movilidad”.
Pero, por otro lado, la consultora apuntó que habría una mayor presión sobre el gasto en subsidios, ya que se requiere un ajuste tarifario más alto para mantener dicho gasto constante en términos reales (o más subsidios).
En ese sentido, los subsidios energéticos representaron un gasto de casi US$ 11.000 millones el año pasado, que podría incrementarse en este de no haber una suba real en las tarifas.
Asimismo, en un escenario de baja de la inflación, el resto del gasto tendría presiones hacia la “licuación”, y se requerirá de mayores partidas nominales para alcanzar el objetivo de que no caiga en términos reales.
“Uno podría estimar que si el gasto se hubiera ajustado al ritmo de la inflación ganarían 2,5 puntos por sobre lo que se retrasó el gasto con el aumento de precios”, dijo ante El Economista el director de la consultora LCG, Guido Lorenzo.
“En general no se tiene en cuenta de lo que se pierde en el poder adquisitivo de la recaudación por tributos que recaudan a mes vencido como Ganancias o IVA. En el neto nunca sabés muy bien cómo te pega la inflación. Creo que este año te va a ayudar a licuar el gasto de forma nominal, que siempre es más difícil”, sostuvo Lorenzo.
Nada nuevo
Esta dinámica no es algo nuevo en nuestro país, incluso se podría tomar como ejemplo lo sucedido en los últimos cinco años. Entre 2017 y 2021 la aceleración de la inflación derivó en una “licuación” de los gastos que realizó el Estado.
Así se desprendió de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el cual mostró que 2017 fue el año de mayor nivel de gasto público real en mucho tiempo.
Sin embargo, el gasto cayó 6,5%en 2021 si se compara con los niveles de 2017, medido en términos reales. Argentina se ahorró así $800.000 millones con un ajuste principalmente en jubilaciones y salarios.
Los programas sociales -incluye plan Progresar y Argentina Trabaja, entre otros- registraron un aumento real del gasto del 360% en los últimos cinco años, equivale a $710.000 millones. Más allá de los planes sociales que otorga la Anses, el resto cayeron.
El informe añadió que en el mismo período, los subsidios a la energía aumentaron 92%. Por su parte, los subsidios al transporte bajaron 23%. De esta manera, los subsidios a la energía ganaron 5,1% de participación en el gasto total.
"Quienes más perdieron comparando los dos períodos mencionados, son los gastos relacionados a la pasividad como son las jubilaciones y pensiones contributivas, las pensiones no contributivas y las prestaciones del Pami, impulsada por grandes caídas reales entre ambos periodos comparados: 16%, 23,5% y 21%, respectivamente", afirmó el informe.
Por otro lado, el gasto en salarios fue otra de las categorías que experimentó un fuerte ajuste. En términos reales en 2021 el gasto fue $447.000 millones inferior al de igual periodo de hace 4 años.
