Por Eduardo R. Ablin Embajador
Protestas sociales, muchas devenidas violentas revueltas, marcaron 2019 en diversos países, desde Chile, Ecuador y Colombia en nuestra región, hasta Líbano, Sudán y Argelia, e incluso Francia, pleno núcleo europeo. El denominador común de estos desórdenes ?muchas veces desatados como reacción espontánea a medidas puntuales? es atribuido a importantes inequidades en el acceso al poder político de sectores postergados, asociadas a su vez a notorias disparidades en la distribución del ingreso.
Llamativamente, el caso de Hong Kong (HK), probablemente el más peligroso para el equilibrio global y la paz mundial, ha merecido escasa atención en relación a su potencial impacto, hasta la reciente intrusión del Congreso de Estados Unidos (EE. UU.), cuyas cámaras aprobaron por unanimidad en noviembre dos leyes en apoyo de los sectores en rebeldía. La llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong requiere que el Departamento de Estado certifique anualmente que la República Popular China (RPC) respeta la autonomía de HK, pudiendo el Presidente, en caso contrario, rever el status especial con el que que EE.UU. reconoce a HK en su intercambio comercial, e inclusive aplicar sanciones a aquellos funcionarios responsables de eventuales violaciones a los derechos humanos.
Una segunda ley prohíbe exportar materiales antidisturbios a las fuerzas de seguridad de HK, habiendo sido ambas duramente criticadas por las autoridades de la RPC como una “descarada” interferencia de EE.UU. en asuntos internos de China y, por ende, sujetas a eventuales represalias.
La menor atención al caso HK tal vez se deba a que la revuelta ha generado hasta el presente sólo 2 muertes contra 22 en Chile o 14 en Francia, aunque no cabe descartar que el desconocimiento acerca de su singular status jurídico ?así como de los argumentos en debate? hayan conspirado contra una adecuada evaluación de sus implicancias internacionales, opacadas en el contexto de la “guerra comercial” que EE.UU. y la RPC libran hace casi dos años.
La revuelta, que ya cumplió seis meses, sucede a la denominada Revolución de los Paraguas de 2014, cuando un vasto movimiento social pluripartidario, liderado por los estudiantes universitarios, ocupó durante casi tres meses el núcleo de la ciudad con el fin de rechazar el proyecto electoral de la Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo de la RPC, encargado de interpretar la denominada Ley Básica que regula las relaciones con HK. Aquella protesta exigía el mantenimiento de las garantías contenidas en el acuerdo de 1997 por el cual el Reino Unido devolvió el territorio a la RPC, después de 150 años de gobierno colonial, en el marco del esquema denominado “un país, dos sistemas”, aplicado asimismo a Macao, el cual preveía la incorporación del voto universal para las autoridades regionales de HK en las elecciones de 2017. Por el contrario, la Asamblea Popular prefirió continuar limitando la selección del Representante Ejecutivo a 2 o 3 candidaturas sometidas a un Comité ad hoc integrado por 1.200 miembros, mayormente alineados con los criterios de la RPC.
Bajo el régimen vigente HK constituye una Región Administrativa Especial (RAE) de la RPC, status que permite al gobierno local legislar en lo que concierne a su normativa doméstica, incluyendo aquella relativa a su comercio exterior, lo que conlleva un alto grado de autonomía respecto de las administraciones en China continental. Más relevante aún, dicho esquema extiende hasta 2047 el sistema político, administrativo y legal modelado acorde las tradiciones británicas en el marco de un sistema capitalista, garantizando una justicia independiente, libre expresión y libertad de prensa. El régimen “un país, dos sistemas” adquiere enorme relevancia para la política externa de la RPC, que prevé su eventual extensión a Taiwán (considerada una provincia separatista) ante una futura reunificación, no habiendo descartado el uso de la fuerza a tal efecto. Por el contrario, Taiwán, que mantiene desde los '50 un Acuerdo de Defensa con EE.UU., se considera un estado soberano, donde las tendencias independentistas proliferan, por lo que la evolución institucional de HK probablemente ejerza significativa influencia sobre las aspiraciones de Beijing.
El conflicto en curso se originó por la propuesta de Carrie Lam (Representante Ejecutivo) al Consejo Legislativo (el Parlamento de HK) de reemplazar la vigente Ordenanza sobre Delincuentes Fugitivos, que permite celebrar tratados de extradición con otros países (en la actualidad, con 20), aunque excluye expresamente su aplicación a China continental, Taiwán y Macao.
La polémica propuesta introducía una enmienda destinada a permitir que HK pudiera alcanzar acuerdos en la materia con cualquier nueva jurisdicción sin la intervención del CL, abriendo así la posibilidad de extraditar ciudadanos hongkoneses, o de cualquier otro origen, desde la RAE a la RPC, donde sus garantías jurídicas resultarían obviamente muy disminuidas. Ello motivó fuertes críticas respecto del creciente debilitamiento de la ya menoscabada autonomía de la RAE, provocando su peor crisis política desde el acuerdo de 1997, reflejada en continuas protestas que nuclearon hasta 800.000 personas, afectando toda la actividad comercial, financiera y de transporte. No obstante el retiro del proyecto de ley de extradición, las manifestaciones incorporaron progresivamente denuncias contra la creciente injerencia de Beijing en los asuntos de la RAE y ampliaron sus demandas en favor de reformas democráticas, generando una violenta represión policial.
Como resultado de la misma los manifestantes adicionaron demandas dirigidas a la eliminación del término “revoltosos” aplicado a los participantes, una investigación independiente sobre los abusos de la policía, y la liberación de los arrestados en las marchas. Finalmente, la reivindicación del reclamo de 2014 en favor del sufragio universal para el cargo de Representante Ejecutivo les permitió alcanzar una resonante victoria en las elecciones locales de noviembre, al nuclear 85% de los miembros del CL.
No puede ignorarse que esta crisis se produce en el marco de la “guerra comercial” que libran EE.UU. y la RPC, originada en reclamos de EE.UU. relativos a las reglas aplicadas a la inversión en la RPC y la presunta apropiación de propiedad intelectual por parte de los socios chinos vinculados. Sustentándose en dicha acusación, EE.UU. ha adoptado medidas arancelarias unilaterales, seguidas de retaliaciones por parte oriental, sucesivas amenazas de nuevas medidas en el campo comercial y financiero, y reiteradas treguas incumplidas.
Finalmente, las partes alegan haber culminado en diciembre la negociación de la “Fase 1” de un acuerdo provisional, cuyo texto no se suscribiría hasta 2020, desconociéndose sus detalles. En cualquier caso, cabe reconocer a esta altura que tras la “guerra comercial” subyace un enfrentamiento mucho más sustantivo entre ambas potencias en torno del dominio de las tecnologías del futuro a nivel mundial, lo que ha llevado a EE.UU. a revitalizar una moderna política de “contención” dirigida a restringir el avance de la RPC en el plano comercial, tecnológico, financiero y militar.
En dicho contexto, y ante la continuidad de la revuelta en HK, cabe interrogarse acerca de la inusual autorrestricción aplicada en este caso por las autoridades chinas, situación inimaginable en el territorio continental. Diversos analistas atribuyen la prudente reacción de la RPC al temor a una fuerte condena del mundo occidental en caso de una represión al estilo Tiananmén en 1989, con miles de muertes, mientras otros observan que la utilidad de HK para la economía de la RPC podría verse severamente afectada, con el consiguiente perjuicio para el propio desarrollo chino en esta instancia de su desafío a la potencia hegemónica mundial. Destruir la economía de HK (que permite a la RPC canalizar buena parte de operaciones económicas impracticables en el continente) no resultaría útil para China. Motivos por el cual el presidente Xi Jinping habría rechazado las sugerencias de intervenir militarmente en HK, solicitando máxima paciencia y autorrestricción de forma de permitir al Gobierno y fuerzas locales resolver la crisis.
Por su parte, el comunicado del Congreso del Partido Comunista Chino (PCC) de octubre anticipa que el Gobierno de China controlará a HK en el marco de los poderes que le asigna la Ley Básica que regula el esquema “un país dos sistemas”, al mismo tiempo que mejorará el esquema legal para garantizar la defensa de la seguridad nacional en las RAE, o sea que tampoco se descartaría cualquier acción requerida para impedir el descontrol sobre el territorio.
Al respecto, los ámbitos académicos de la RPC consideran que la metodología adoptada refleja confianza, al asumir que la elite económica de HK, así como la mayor parte de su población, no apoyan las revueltas, que atribuyen a problemas económicos más que políticos, originados en el estancamiento de ingresos y el encarecimiento de los alquileres residenciales en años recientes. No cabe duda que el PCC ha logrado el apoyo de los sectores económicos acaudalados en favor del statu quo presente al otorgarle concesiones beneficiosas para los negocios en el territorio continental. Igualmente se presume que buena parte de la población teme cualquier cambio, encontrándose agotada por las disrupciones que las revueltas ocasionan en la vida y actividad locales, por lo que los manifestantes perderían progresivamente apoyo público. De esta forma, la posición oficial de la RPC pretende emparentar la revuelta con aquellas registradas en Chile o Francia.
A todo esto ya nadie parece recordar que el involucramiento del Congreso de EE.UU. resultó de la presión inicialmente generada por la libre expresión de un individuo. Daryl Morey, gerente de los Houston Rockets ?equipo famoso en la RPC por el desempeño de la estrella china Yao Ming? señaló en octubre su apoyo a los manifestantes en favor de la democracia en HK.
Eso desató una profunda crisis con la RPC, que exigió una sanción que la NBA no convalidó, lo que motivó que la temporada de basket de la NBA en la RPC ?donde se registran 800 millones de aficionados? entrara en un cono de sombra y se suspendiera el patrocinio de las empresas chinas, así como de los acuerdos de transmisión televisiva.
Las pérdidas para la NBA, cuya actividad en la RPC alcanza anualmente a U$S 4.000 millones, fueron sustanciales, siendo su débil reacción ante el peligro para sus intereses duramente criticada por el vicepresidente, Michael Pence. Así, este incidente se agregó a la “guerra comercial”, conduciendo a las recientes leyes de EE.UU. Entretanto, la revuelta en HK continúa sin vislumbrarse si podría culminar en lo que la jerga del basketball se denomina un inesperado “Alley Oop”.
