Lejos de apaciguar los ánimos, el sector pyme propone mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, luego de la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que incluyó entre sus principales modificaciones la contratación del 20% de proveedores locales en la etapa de construcción y operación de los proyectos.
"Muchas de esas grandes inversiones estuvieron paralizadas, a la espera de esta ley, casi como una extorsión. Ahora, esperamos que el Gobierno y la mayoría del Congreso estén tan compenetrados con una nueva ley Pyme, como sucedió con el paquete de leyes aprobado recientemente", afirmó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
El Observatorio IPA (Industriales Pymes Argentinos) que agrupa a las compañías de este entramado productivo, alertó que están en desventaja con las organizaciones internacionales que se beneficiarán del RIGI y exigen al Gobierno una política industrial.
La propuesta gira en torno a siete claves de una nueva Ley Pyme que impulsa Pablo Bercovich, director de la consultora Marca Pyme y Martín Kalos, responsable del área económica y director de la consultora EPyCA.
En comercio exterior, la iniciativa apunta a la eximición de retenciones para exportación de pymes que aportan valor agregado. Se planteó la eliminación también de aranceles de insumos específicos, bienes intermedios y de capital que no se produzcan a nivel nacional; la aplicación de aranceles sobre la importación de los productos que producen las Pymes; la inclusión de un reglamento Técnico y Laboratorio de certificación para productos importados.
En energía las empresas reclaman mayor previsibilidad. Es un costo fundamental para cualquier decisión de producción e inversión, a la vez que los costos de la energía son un factor de producción común en cualquier industria.
En ese sentido, el informe propuso "que se fije el costo de la energía en base al precio internacional para reducir la incertidumbre".
En materia impositiva explican que hay embargos excesivos por deudas con AFIP, con lo cual la idea sería aplicar la exención del Impuesto al Cheque para Micro y Pequeñas Empresas (MiPyMEs); permitir la Libre Compensación de Saldos AFIP (Cuenta Única Tributaria); y la implementación de una "moratoria especial por embargos".
Bercovich también se refirió a mejorar un sistema de promoción de inversiones para pymes. "El monto mínimo de inversión será de US$ 15 millones. Se evaluarán positivamente aspectos como el uso de insumos nacionales, medidas de conservación ambiental, impacto en otras industrias, incorporación de tecnología y aumento de exportaciones", señaló.
En cuanto al tema de los juicios laborales, la propuesta formula que debe contarse con un sistema de actualización de las indemnizaciones que sea justo para ambas partes, en donde "las sentencias favorables a los trabajadores sean ajustadas de la misma forma en que se ajusta el salario, es decir, según las paritarias de su categoría".
Adicionalmente resaltaron la necesidad de crear "un programa de apoyo para el pago de indemnizaciones a las MiPyMEs que demuestren estar atravesando un proceso de crisis que podría enfrentarse a través de una reestructuración del personal".
El RIGI fue impulsado por el actual gobierno para incentivar proyectos de inversión superiores a los U$S 200 millones con una serie de beneficios que incluyen exenciones impositivas, aduaneras, cambiarias y de estabilidad normativa; exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos y de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos.
Se agregan, además, beneficios cambiarios: libre disponibilidad de divisas para exportaciones de manera gradual (20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero) y divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
