Por Felipe Ajuriagogeascoa y Juan Manuel López
El crédito es fundamental para la inversión porque permite proyectar en el mediano y largo plazo. A pesar de la importancia del crédito para el desarrollo económico, el mercado de créditos en Argentina durante el último tiempo se ha caracterizado por ser escaso y caro.
La anomalía de nuestro sistema es tal que nos hemos habituado a cosas absurdas como la compra de propiedades al contado. Esto se debe a la inestabilidad macroeconómica en la que hemos estado inmersos, pero también a rigideces en nuestro sistema regulatorio.
Si la economía mejora y logramos cierta estabilidad, se abre una oportunidad en materia financiera.
Sin embargo, para el despliegue del potencial que el sistema financiero tiene en nuestro país no alcanza con ordenar la macro sino que es necesario modernizar nuestro sistema regulatorio.
No hay que inventar nada, adoptar las políticas que funcionan en otros países permitiría que todos los usuarios puedan beneficiarse de las mejoras en las condiciones de financiamiento, no solo para tomar nuevos créditos, sino también para mejorar los créditos vigentes.
En los últimos años, las regulaciones en materia bancaria y de los sistemas financieros han avanzado hacia una mayor apertura y libre circulación de la información financiera. El Open Banking o finanzas abiertas permite a los usuarios disponer de los datos generados en su interacción con bancos o fintech, permitiendo su accesibilidad por parte de otras entidades, desarrolladores externos y empresas en un entorno seguro.
Gracias a la disponibilidad de sus datos, los usuarios se benefician de aplicaciones, servicios complementarios y ofertas de servicios financieros personalizados.
Las finanzas abiertas han permitido la transición de un modelo de información cerrado, en el que los datos de los usuarios son exclusivamente aprovechados por la entidad proveedora, hacia un modelo abierto que permite el intercambio estandarizado y seguro de información y servicios entre distintos proveedores financieros. El nuevo paradigma regulatorio parte de la siguiente premisa: los datos pertenecen a los usuarios que los generan y son éstos quienes deben beneficiarse de la disponibilidad de esa información en el mercado.
En la región, la convergencia hacia el Open Banking ha mostrado niveles de desarrollo dispares.
Según el mapa de regulación Fintech en América Latina y el Caribe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México cuentan con normas regulatorias destinadas a implementar las finanzas abiertas y Perú y Venezuela se encuentran en proceso de tenerlas, países como Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay no registran avances en la materia.
La ausencia de una regulación sobre finanzas abiertas que asegure el acceso a la información financiera de los usuarios termina operando como una barrera que obstaculiza la plena competencia en el mercado financiero argentino. Por eso, desde el bloque de la Coalición Cívica presentamos un proyecto de ley para avanzar en uno de los aspectos de las finanzas abiertas que es la portabilidad financiera.
Para entenderlo mejor, la portabilidad financiera se asemeja a la portabilidad de telefonía móvil. Su objetivo es permitir a los usuarios migrar sus servicios (cuentas, tarjetas, préstamos) de un banco o fintech a otro de manera simple, ágil y segura, sin necesidad del consentimiento de la entidad original con el fin de obtener mejores condiciones (menores tasas, extensión del plazo, etc.). Este mecanismo, implementado en varios países, promueve la competencia entre entidades y facilita la renegociación de contratos en beneficio de los usuarios.
Brasil fue uno de los primeros países en adoptar la portabilidad financiera en 2013. Luego de varios años de vigencia, esta política ha demostrado ser ampliamente utilizada y efectiva para mejorar las condiciones de financiamiento.
Durante el 2023, Brasil registró 9,3 millones de solicitudes de portabilidad de crédito por un total de US$ 5.661 millones. A su vez, según un informe del Banco Central de Brasil, la portabilidad de créditos permitió a los titulares de créditos hipotecarios una reducción de la tasa de interés de sus préstamos de 2,99 puntos porcentuales (p.p) en promedio.
En el caso de Chile, sancionó la ley 21.236 en 2020. Durante el primer año de implementación de la portabilidad financiera, se registraron alrededor de 350.000 solicitudes. Sin embargo, el impulso inicial se fue debilitando los años posteriores debido a dificultades en la implementación y a la suba de tasas que hizo perder el atractivo de la portabilidad en ese país durante los últimos años.
Ahora bien, la portabilidad financiera posee un potencial mucho mayor para la Argentina. La inestabilidad que caracteriza a nuestra economía provoca fluctuaciones constantes en las tasas de interés. A modo de ejemplo, mientras la tasa de interés promedio de los préstamos personales alcanzaba el 146,98% en noviembre de 2023, a finales de junio de este año ya se había reducido hasta el 57,28%.
A pesar de esta mejora, frente a la inexistencia de la portabilidad financiera, los contratos se mantienen rígidos dificultando que puedan producirse renegociaciones tendientes a su adecuación a las nuevas circunstancias del mercado. Lo mismo sucede con las personas que tomaron créditos hipotecarios en UVA entre 2018 y 2019.
A pesar de que las tasas de los hipotecarios en UVA lanzados durante los últimos meses se sitúan en torno al 5%, estos deudores deben seguir afrontando la tasa acordada originalmente en torno al 10%.
Para estos casos, la portabilidad financiera opera como una solución de mercado: si la entidad acreedora no adecúa el contrato a las nuevas circunstancias, el usuario trasladará su crédito a otra entidad que ofrezca mejores condiciones. Todo esto sin necesidad de intervenir contratos, imponer barreras burocráticas, generar sobrecostos, ni afectar la seguridad jurídica de los actores participantes sino simplemente con más competencia.
El otro gran potencial de la portabilidad financiera en Argentina está en su capacidad para avanzar en la inclusión financiera. Esta herramienta permitiría a los deudores de proveedores que operan en los márgenes de la regulación financiera y que ofrecen tasas de interés exorbitantes, migrar hacia entidades que, frente a una mejora en la situación crediticia del deudor (por ejemplo, mediante la formalización de ingresos), estén dispuestas a ofrecer condiciones de crédito más favorables.
Uno de los obstáculos verificados en la implementación de la portabilidad financiera por parte de los diferentes países se relaciona con la falta de apertura de la información financiera. En tal sentido, la disponibilidad de la información financiera por parte de los diferentes operadores es fundamental para la eficacia de la portabilidad financiera. Por este motivo, en el proyecto incluimos la elaboración por parte del Banco Central de un sistema que permita el intercambio de información entre entidades a los efectos de la simplificación del proceso de portabilidad allí previsto.
La regulación del sistema financiero en Argentina debe alinearse con las tendencias mundiales en materia de Open Banking y Portabilidad Financiera. Su adopción en nuestro país llevará la competencia en el sector financiero al siguiente nivel, mejorando la calidad de los servicios financieros y reduciendo los costos de acceso al financiamiento para los consumidores y usuarios. Además, asegurará la inclusión en el sistema financiero de sectores hasta ahora excluidos. Desde la Coalición Cívica, contribuimos en este sentido presentando nuestro proyecto de Ley de Portabilidad Financiera.
Link al proyecto: https://bit.ly/LeyPortabilidadFinanciera
