La sensación que ronda en los directorios de las pequeñas y medianas empresas vinculadas con el sector energético es que la desregulación de la economía puede traer más perjuicios que beneficios, dependiendo, claro está, de las decisiones políticas.
En esa línea aseguran que el actual de proceso de transformación encarado por el Gobierno de Javier Milei no debería representar la desprotección de otros sectores industriales.
Las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo a partir de la eliminación del Régimen de Compre Argentino, la posible privatización del Banco Nación (clave para el financiamiento de este sector), el aumento del impuesto PAIS, la alta carga impositiva y el aumento de retenciones generan hoy incertidumbre en el entramado pyme.
Así lo entiende el presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), José Tamborenea, quien señaló que es uno de los sectores más golpeados por el DNU.
"Estamos de acuerdo con la necesidad de lograr el equilibrio macroeconómico y la eliminación del déficit fiscal, así como la reducción de impuestos que afectan la competitividad. Contamos con una industria con calidad competitiva en el mundo para desarrollar las soluciones que nuestro país necesita, pero es necesario que se igualen las condiciones para ser competitivos también en los costos de producción, comercialización y exportación", expresó.
El Régimen de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, hoy eliminado en el texto del DNU, se había establecido para promover la participación preferencial de la industria nacional en las obras públicas por parte del Estado, contratistas o concesionarios que alcancen un monto determinado.
Este sistema permitía a las empresas locales de producción de insumos electrónicos, electromecánicos y de iluminación y a las startups innovadoras y de economía del conocimiento ser el principal suministro de insumos para infraestructura.
"La participación de nuestras pymes en este tipo de proyectos devuelve al Estado la contribución de impuestos directa e indirecta, por la generación de empleo calificado a nivel local y el consumo interno que promueve, un retorno que no ocurre cuando se compran los equipamientos llave en mano afuera", explica Tamborenea.
La importación de los insumos necesarios para producir componentes electrónicos en Argentina fue alcanzada por la suba del impuesto PAIS hasta 17,5%, complejizando la competitividad para la producción local.
"Con la caída de la Ley Ómnibus al menos recuperamos que el Gobierno no aplique las retenciones a las exportaciones industriales del 15%. Esta medida a nivel nacional hubiera favorecido a sectores de importación de productos de energía o implementos médicos exceptuados con el impuesto PAIS y penalizado a los fabricantes nacionales, que tendrían dificultades para posicionar sus componentes en Argentina, así como para exportar tecnología al mundo por los altos costos de producción", señala el titular de Cadieel.
En el medio, quedó en suspenso el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la posible privatización de YPF y la manifiesta intención de eliminar el Banco Nación, principal financiador de las pequeñas y medianas empresas.
"En este caso, sería necesario pensar mecanismos de financiamiento a futuro, como lo hacen los países más competitivos en la exportación de tecnología", sugiere el directivo.
Y apunta contra la retención a las exportaciones que "aumenta la recaudación del Estado Nacional y baja la retención de las provincias que coparticipan en ganancias, en consecuencia, pierden las empresas. Los impuestos son iguales para todos, pero su efecto difiere y atentan contra la competitividad y la igualdad de condiciones para participar en los mercados".
Para Guillermo De Guzmán, presidente de Posthac SA, pyme dedicada a la fabricación de equipos para sistemas de seguridad electrónica y telecomunicaciones y componentes para alta y baja tensión, la realidad que atraviesa esta industria es, ni más ni menos, que la caja de resonancia de lo que ocurre en todos los sectores productivos de la economía.
- "Hace décadas venimos arrastrando esta mochila pesada, un problema estructural, que nos limita y muchas veces tenemos que conformarnos con sustituir importaciones, cuando en realidad si se dieran las condiciones económicas deberíamos estar exportando mucho más a nivel regional", afirma.
Y agrega: "Tenemos una carga impositiva enorme con precios de materias primas desproporcionados con respecto a otros países (como el caso de China), pero incluso pagamos precios más altos que los de Europa".
En las pymes industriales que trabajan en el sector energético hay consenso que con una economía desordenada es difícil prosperar, pero hay mucha incertidumbre de cómo salir de este proceso de transición.
"Estamos enfrentando una importante recesión donde el freno a la obra pública es muy perjudicial. Esperamos que ese flujo se recupere para no tener que tomar decisiones drásticas. Vemos con preocupación que las soluciones estructurales por el momento no están apareciendo", sostiene De Guzmán.
El corte de la obra pública también encendió las alarmas en las pymes que trabajan en Vaca Muerta, especialmente en los precios y costos de la mayoría de los contratos pactados con las empresas operadoras.
No obstante, los analistas estiman que los planes de las grandes empresas no se van a modificar en Vaca Muerta, a pesar de la escalonada inflacionaria.
También en el sector de biocombustibles sobran preocupaciones. Recientemente la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), entidad que agrupa a empresas productoras de biodiesel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, planteó su rechazo a una eventual modificación de la Ley 27.640 que regula la industria para favorecer a las grandes aceiteras concentradas en Santa Fe.
La Cepreb advirtió, a través de un comunicado, que "introducir cambios de la magnitud de los planteados en el proyecto original o en otros alternativos que aparecieron durante el tratamiento legislativo implica una variación de las reglas de juego que vulneran la seguridad jurídica que tanto se pregona y pretendemos se institucionalice en Argentina".
"La norma está vigente y establece un marco normativo de promoción para el sector con vencimiento en 2030, y se trata de un régimen "determinante para la realización de inversiones", subraya Federico Martelli, director ejecutivo de esa entidad.
La propia Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró que el Gobierno haya puesto como objetivo alcanzar el déficit cero, "dado que el déficit estructural de las cuentas públicas es una de las causas del imparable proceso inflacionario que nuestro país atraviesa desde hace muchos años".
No obstante, la principal preocupación radica en que nadie puede dejar de lado el hecho de que las pymes operan mayoritariamente en el mercado interno, y que estas medidas económicas repercutirán ineludiblemente en el nivel de actividad.
