No es una novedad decir que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el gravamen estrella de cuanto informe de recaudación provincial aparece. Es que, en los últimos años, superó en promedio el 70% de los fondos propios.
Tampoco lo es la proliferación de los regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta de este tributo. Muy probablemente, incluso, sean los actores que hagan posible esta realidad.
Por eso no debería sorprender que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (CACM) haya incorporado el SIRCUPA y que el mismo se haya puesto en marcha el pasado 1° de octubre.
Se trata de un nuevo régimen de retención que opera sobre los importes acreditados en cuentas de pago abiertas por los proveedores de servicio de pago (PSP). O, dicho más simple, sobre lo que conocemos como billeteras virtuales.
De esta forma, los contribuyentes que se encuentren alcanzados por Ingresos Brutos en algunas de las 13 jurisdicciones adheridas hasta el momento sufrirán retenciones cuando reciban transferencias o pagos a través de estas herramientas digitales.
El gran problema
Sin dudas son muchas las críticas sobre este impuesto debido a los efectos distorsivos que puede generar. Pero en esta ocasión nos gustaría centrarnos en uno de sus grandes problemas: los saldos a favor.
Cuando hablamos de regímenes de retención, percepción y recaudación de Ingresos Brutos, estamos hablando de sistemas donde de manera anticipada los fiscos cobran impuestos a cuenta del importe que se deba pagar en el futuro.
Hasta acá, no se trata más que de las funciones de los organismos de recaudación. El inconveniente se presenta cuando estos pagos a cuenta no reflejan la realidad de lo que debe tributar el contribuyente y se generan grandes saldos a favor.
En la práctica, los contribuyentes suelen arrastrar estos saldos durante extensos períodos. Como consecuencia, se acumulan en sus cuentas créditos que son muy difíciles de recuperar.
El marco inflacionario agrega una dificultad adicional: si en algún momento se logra utilizar, el monto no será más que una fracción de lo que fue en el período original, ya que su valor se verá altamente erosionado.
Mecanismos que ayudan
Dado que, como se dijo, cada provincia tiene la facultad de dictar sus propias normas en la temática, existen algunas jurisdicciones que elaboraron mecanismos que permiten atenuar la alícuota o la exclusión de estos regímenes.
No obstante, en muchos casos se establecen requisitos o condiciones que son irracionales. El resultado: se consiguen tarde los alivios, cuando los contribuyentes ya se encuentran arrastrando grandes saldos a favor.
En cuanto a SIRCUPA, los contribuyentes tendrán la posibilidad de realizar sus reclamos y consultas ante el Comité de Administración (a través del sitio web o enviando un correo electrónico a [email protected]).
Pero, como se explicó, es necesario que las jurisdicciones reglamenten los trámites de exclusión o reducción de las alícuotas de este nuevo régimen para evitar distorsiones. Cosa que, hasta el momento, sólo Córdoba cumplió.
En definitiva, es cierto que existen mecanismos que posibilitan la atenuación de alícuotas o incluso la exclusión, pero ¿realmente funcionan? En principio, no como deberían. En el mejor de los casos, lo hacen con una demora importante.
Por eso, es necesario que las provincias puedan pensar mucho más allá de su necesidad recaudatoria y establezcan impuestos o regímenes de recaudación que permitan alcanzar a quienes verdaderamente son contribuyentes.
De lo contrario, estaremos parados siempre en una espiral que nos lleva a una voracidad fiscal que daña a las personas y empresas que quieren desarrollarse y crecer en el país y nos genera siempre la misma duda: ¿hasta cuándo soportaremos esto?
