Las declaraciones de Kirstalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, acerca de la posición del organismo internacional en relación al programa en vigencia con Argentina y el control de la inflación vuelve a poner en agenda la que hoy constituye, a nuestro juicio, el problema fundamental de nuestra economía: ¿cómo abordar una política antiinflacionaria eficaz?
Hoy conoceremos oficialmente el valor del índice de inflación del mes de setiembre, el que confirmará la vigencia del régimen de alta inflación en el que está inmersa nuestra economía.
¿Cuáles son las expectativas del mercado?
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) es una encuesta que realiza el Banco Central de Argentina entre economistas y agentes económicos del país y extranjeros y permite un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía nacional.
Como vemos, el mercado está previendo un escenario de mediano plazo en el que el fenómeno inflacionario persiste en niveles poco compatibles con un proceso de inversión y crecimiento de nuestra economía.
Una de las características esenciales de un régimen de alta inflación es la generación de efectos inerciales que potencian el fenómeno y que resultan de difícil abordaje con medidas de tinte gradualista.
Debemos ser conscientes que la dinámica que presenta el fenómeno inflacionario en nuestro país no podrá ser detenida sin medidas de shock, en el marco de un plan integral que aborde los planos fiscales, monetarios y cambiarios.
La expresión "medidas de shock" tiene mala prensa y, en general, se asocia con políticas que generan impactos negativos sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad.
La realidad es muy distinta. La política más progresista, en el sentido de beneficiar a los más desprotegidos, que hoy se pueda implementar en nuestro país es una política de shock antiinflacionario.
Pensémoslo de la siguiente manera. La inflación es un impuesto que el Gobierno impone sin que sea aprobado por el Congreso, es decir es un impuesto no legislado.
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Sin moneda Inflacionitis
El sentido de requerir la aprobación de los legisladores para cualquier carga impositiva tiene su fundamento en que no puede ser impuesta una carga sobre los ciudadanos sin que sus representantes lo aprueben. En el caso de la inflación esto no es así.
El gasto de cualquier gobierno se financia con recursos que pueden provenir de impuestos legislados (IVA, Ganancias, etcétera), de endeudamiento público o de inflación.
No existe otra forma de financiar los gastos. Dado que el Gobierno tiene el monopolio legal de emisión de dinero, la famosa “maquinita”, la política de asistir al Tesoro con Adelantos Transitorios (un eufemismo para referirse a la emisión monetaria) viene siendo usada por las sucesivas administraciones, generando la persistencia del fenómeno inflacionario.
Todo impuesto tiene una "base imponible", puede ser la ganancia, los bienes personales, etcétera.
En el caso de la inflación la base imponible es el stock de dinero (pesos) líquidos que todos tenemos en nuestro poder.
Esta es la causa básica de la caída en la demanda de dinero. ¿Cómo sostener la demanda de un activo que pierde valor, en forma constante, durante las 24 horas del día, sean estos laborales o feriados?
La fuga hacia el dólar como moneda refugio de valor es sólo una consecuencia lógica de un comportamiento racional a fin de preservar el poder adquisitivo de los ingresos personales.
Esta perversa dinámica inflacionaria ha convertido a nuestro sistema económico en una eficiente fábrica de pobres en Argentina.
Todos los meses más hogares caen por debajo del dramático límite que condena a no recibir los ingresos suficientes para no ser pobre.
Hemos logrado que la pobreza atrape a hogares formados por trabajadores asalariados registrados, un hecho que muestra a las claras el fracaso económico y social en el que llevamos hace décadas.
Intentar atenuar la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda con “parches de corto plazo”, políticas asistencialistas o medidas excepcionales de recomposición de ingresos, no es el camino adecuado y sólo logran introducir más distorsiones en un escenario ya de por sí muy complejo.
No existe plan social ni bono de emergencia que pueda compensar el devastador efecto que la inflación tiene sobre los ingresos de la población y, especialmente, de los sectores más humildes que, generalmente, son los que menos acceso tienen a las herramientas financieras que permitan compensar, en parte, la desvalorización de nuestro signo monetario.
La emergencia social no admite dilaciones. Es hora de discutir, seriamente, las características de un plan integral de shock antiinflacionario, que contemple en su diseño las políticas fiscales, monetarias y cambiarias que se requieren a fin de romper el círculo vicioso de la fábrica de pobres.
