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Para Argentina es importante tener una regla fiscal

28-07-2016
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Andrés Borenstein (Economista de BTG Pactual)

Durante sus primeros meses, el gobierno de Macri ha realizado avances importantes como la resolución de los holdouts, el levantamiento del cepo, acercamiento al mundo, mejora del clima de negocios, y registro de las inversiones en el exterior. El Banco Central está construyendo un esquema de metas de inflación y mayor flexibilidad cambiaria, mientras el futuro de la política fiscal aún es una incógnita. Desde luego existe la percepción de que el Gobierno está gastando mejor, al menos con más transparencia y mejor evaluación de los proyectos, pero desde un punto de vista institucional las cosas no han cambiado, realmente.

En materia fiscal, el Gobierno recibe críticas por ambos flancos. La ortodoxia porque no ha ajustado lo suficiente y la izquierda porque ajustó más de lo necesario. No es necesario adentrarse en esa polémica. Es obvio que la administración se mueve tratando de mantener un delicado equilibrio entre múltiples objetivos: reducir el déficit, reactivar la economía y validar su legitimidad política. Todos los gobiernos enfrentan este tipo de situaciones, aunque los dilemas para esta administración son más espinosos como consecuencia de la herencia recibida y la magnitud de las transformaciones que necesita realizar.

Sin embargo, precisamente porque el Gobierno necesita flexibilidad para manejar estos dilemas de corto plazo es que una regla fiscal sería muy deseable. Con los antecedentes históricos de Argentina, no es una decisión trivial demorar un ajuste presupuestario si al mismo tiempo no existe una regla fiscal que ayude a comunicar cuáles son las intenciones a mediano plazo. Se produce un problema de falta de ancla que no ayuda a la convergencia de la economía. Algunos seguramente se preguntarán cuál es el sentido de plantear una regla fiscal, considerando que históricamente Argentina rompió todas las restricciones que se autoimpuso. Es cierto, en ninguna parte del mundo, una regla ata de manos al gobierno si éste no quiere acatarla. Sin embargo, también es cierto que cuando el gobierno tiene la intención de cuidar de la solvencia de mediano plazo de la deuda y el presupuesto público, entonces la regla puede transformarse en un aliado y herramienta para comunicar y defenderse de las presiones de corto plazo. Las dudas históricas sobre la disciplina fiscal en Argentina simplemente refuerzan el argumento de que es costoso manejar la política fiscal en forma discrecional, sin reglas o metas para el mediano plazo.

Anunciar que se trabaja en una regla fiscal, además le daría en el corto plazo más legitimidad a la estrategia de aumentar la demanda agregada por la vía del gasto hasta tanto llegue la inversión privada. El Gobierno y el Congreso deberán diseñar el instrumento y definir cuál o cuáles serán las variables sobre el que operen las restricciones (crecimiento del gasto, déficit, déficit estructural, nivel de deuda a PIB, máximo de financiamiento del BCRA, etcétera) y cuál es la velocidad del proceso de transición hasta que la regla entre en régimen pleno. El diseño óptimo de una regla es materia de otro análisis y ciertamente hay muchas soluciones que se adaptarían adecuadamente a la necesidad de Argentina.

Los resultados de este proceso serían tremendamente beneficiosos para reducir el costo de capital y atraer inversiones a Argentina. El país hoy está nuevamente en el radar de la comunidad internacional y además el actual Gobierno cuenta con la buena fe de los inversores. Pero la historia de crisis recurrentes que siempre tuvieron una importantísima cuota fiscal en su origen mantiene algunas dudas perfectamente legítimas que podrían ser disipadas, al menos parcialmente, mediante el anuncio de que se trabaja en una regla fiscal. La vocación de hacer algo con las provincias es un paso adelante, pero generaría mucho más voluntad política que el Gobierno sostenga una regla más allá de las metas fijadas para estos próximos años.

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