La pobreza alcanzó durante el primer semestre del año al 40,6% de la población y la indigencia, que mostró una suba respecto al período previo, representó 10,7%. Esos datos reflejan que la recuperación económica, que va a dos velocidades y en donde los sectores informales son los más rezagados, no impactó aún en los más desprotegidos y que la caída en los ingresos de ese segmento poblacional está tardando más en recuperarse.
En términos absolutos, cerca de 18,5 millones de argentinos viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza y casi 5 millones con ingresos que están por debajo del umbral de indigencia. Más allá de las disputas políticas, Argentina convive con niveles muy altos de este flagelo desde hace muchos años, aunque ningún nivel debería ser socialmente “aceptable”.
De todas formas, si se hace un repaso de la historia reciente de este siglo, en los últimos años los niveles de pobreza crecieron considerablemente. Luego del estallido de la Convertibilidad, en 2002 la pobreza superaba el 50%, mientras que uno de cada dos pobres era indigente.
Después vino un período de descenso significativo que finalizó en un deterioro evidente que comenzó en 2011, escaló en 2014 y se profundizó mucho más durante 2018-2019 para luego empeorar con la llegada de la pandemia, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Al hacer ese repaso, también se desprende que cuando finaliza una nueva crisis, bastante recurrentes en nuestro país, pero también a nivel mundial, los pisos de pobreza e indigencia estructural son cada vez más altos.
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En este sentido, desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) aseguraron que, en los últimos 30 años, aún en períodos de elevado crecimiento económico, “el porcentaje de población en situación de pobreza nunca fue menor al 25%”.
Un tema de ingresos
Oficialmente, la pobreza e indigencia en nuestro país se mide en base al nivel de ingresos que tiene la población en comparación con umbrales que representan una “línea de pobreza” o de “indigencia”. Para eso se utilizan, respectivamente, la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
La última medición del organismo estadístico nacional arrojó que los hogares pobres quedaron durante los primeros seis meses del año 40%, en promedio, por debajo de lo que una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitaba para cubrir el costo de la CBT: $37.803 contra $62.989. Para el caso de la indigencia, esa brecha es levemente menor, del 37,7%, ya que una familia indigente tiene en promedio un haber de $16.741 mientras que requirió $26.875 para acceder a la CBA.
Un informe de la consultora Invecq destacó que el aumento en el deterioro de las condiciones de vida en los últimos años no tuvo que ver con un aumento en la desigualdad, como a veces se dice desde algunos sectores, sino que respondió fundamentalmente a una baja en los ingresos y a la caída de la actividad económica.
“Este último golpe económico (la pandemia) significó en términos de pobreza un incremento de 5 puntos porcentuales entre 2019 y la primera parte de 2021. Simultáneamente el índice Gini, que es un indicador de la desigualdad de ingresos de la sociedad, arrojó el mismo valor en el primer semestre de 2021 que en el primer semestre de 2019”, consignó Invecq.
Para reforzar esta idea, la consultora detalló que en ese período se registró, a lo largo de toda la estructura de ingresos, una caída de entre el 9,2% y el 10,4% real del ingreso per cápita familiar, que incluye no solo los ingresos laborales sino también todo el resto de los ingresos que provienen de fuentes no laborales como jubilaciones y pensiones, alquileres, rentas financieras, ayudas en dinero de privados, transferencias o ayuda social del gobierno, entre otras. Por lo que queda claro que en Argentina los ingresos de toda la economía se han resentido.
El sector informal
Sin embargo, existe una diferencia cuando se analiza la caída de los ingresos laborales de cada estrato social. Concretamente, los sectores de menores ingresos, vinculados mayormente a la economía informal, han sufrido mucho más el deterioro de su sustento durante los últimos años.
Para eso, Invecq repasó que, mientras que el ingreso real proveniente del trabajo cayó 4% entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2021 para los deciles 8-10 la caída fue del 10,3% para los deciles más pobres.
“Este comportamiento es esperable ya que los trabajadores de los estratos más bajos se desempeñan en actividades laborales de menor productividad, con trayectorias laborales más volátiles, generalmente sin estar registrados y en sectores cuyo funcionamiento se vio mucho más restringido durante los meses de cuarentena extrema que el promedio de las actividades económicas”, agregaron.
Ahora bien, el final de este año podría continuar con la tendencia mencionada anteriormente. La aceleración de los precios en la primera mitad del año obligó al Gobierno a incentivar aperturas de paritarias para quienes habían cerrado una recomposición del 29%, en línea con la inflación estimada originalmente. Los nuevos acuerdos giraron en torno al 45%, en sintonía con la estimación para este año del Ministerio de Economía plasmada en el Presupuesto 2022. Por esto, muchos sectores, aunque no todos, podrían no perder su poder de compra este año.
Por su parte, los ingresos de los sectores más desprotegidos seguirán notablemente rezagados. La referencia de este universo generalmente la da el Salario Mínimo Vital y Móvil, que tuvo un aumento reciente negociado por el Consejo del Salario Mínimo para quedar por encima de los precios este año llevándolo al 52,8%.
Un trabajo del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd), de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) explicó que de este modo, y más allá del dato puntual, se quebraría la tendencia a la baja vigente desde 2016 y, por primera vez en cinco años, el salario mínimo volvería a ganarle a la inflación. “Sin embargo, dada la magnitud del deterioro previo, la recuperación del 2021 es acotada. Incluso con la variación positiva esperada para este año, el poder adquisitivo del salario mínimo habrá sido en 2021 32% inferior al de 2015”, dijeron.
Por otro lado, el informe del Cetyd señaló que, de mantenerse la tendencia actual, el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores registrados caería 3,2% este año. “Las paritarias que se acuerden durante los próximos meses podrán, eventualmente, alterar este resultado”, añadieron.
Recuperación heterogénea
Respecto al empleo, la recuperación heterogénea de la economía juega un papel importante respecto a la dificultad de los más pobres para reinsertarse en el mercado de trabajo formal y tampoco se pudo recuperar los puestos informales perdidos.
El reporte del Cetyd reflejó también que, sin duda, el trabajo informal bajo relación de dependencia es la categoría ocupacional que más se ha visto afectada por la pandemia. “En el momento más agudo de la crisis, cerca de uno de cada dos asalariados informales había perdido su empleo. Y en el segundo trimestre de 2021 aún había 10% menos que en 2019”, mencionaron.
Desde Invecq resaltaron dos factores dinámica del mercado de trabajo, que se suman a la caída de los ingresos, en el aumento de la pobreza en los últimos años. El primero tiene que ver con que la tasa de empleo promedio de los dos primeros trimestres del año fue un punto porcentual menor a la del primer semestre de 2019. “Dada la población actual esa caída implica que más de 400.000 personas han perdido su fuente laboral”, indicaron.
Es decir, tal como señaló la consultora, que no solo quienes mantienen el empleo han visto erosionado su poder adquisitivo como consecuencia de la aceleración inflacionaria, sino que a ese efecto de menores ingresos hay que sumarle el impacto de la pérdida total de ingresos laborales para muchas personas.
Otro factor a tener en cuenta es el cambio en la calidad del empleo de quienes se mantienen ocupados. Mientras que hace dos años del total de ocupados el 74,3% era asalariado, hoy ese porcentaje ha bajado al 72,2%, incrementándose el empleo por cuenta propia como una forma de adaptación ante la pérdida del empleo asalariado, concluyó Invecq.
