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El Gobierno quiere transparentar las obras

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en Obras Públicas. El Economista accedió a él.

04-07-2016
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Son apenas dieciséis artículos que pretenden cambiar toda una historia de sospechas y negociados en la adjudicación y ejecución de obras públicas. La idea ya venía madurando en la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que estaba trabajando en un proyecto de ley de mejora y claridad de proceso licitatorio, pero la repercusión del caso José López y los bolsones con dólares que volaban por encima de las paredes perimetrales del convento de General Rodríguez, de alguna manera, dibujaron un contexto de dramatismo y urgencia impensados en un primer momento.

Tal como anticipó El Economista hace dos semanas el proyecto de ley que establece una nueva modalidad de adjudicación de obras públicas pretende, por un lado, dinamizar la ejecución de las obras a cargo del Estado -nacional, provincial o municipal, pero financiadas con fondos nacionales o provenientes de préstamos con organismos multilaterales, o a través de créditos externos avalados por el Estado nacional.

Por otro lado, se busca fortalecer la transparencia y los mecanismos de control, en todo el proceso de adjudicación. Estos son los ejes sobre los que se articulan una serie de medidas que dan forma al proyecto de ley, y que será enviado al Congreso Nacional ?seguramente ingresará por la Cámara Baja? para su tratamiento y sanción.

Aspectos centrales

Un punto clave del proyecto es la publicación en el sitio web oficial de comitente ?el organismo estatal que llama a concurso? de todos los actos administrativos y la información referida al proceso (informe de pre-inversión, llamado a llamado a presentar ofertas, acta de apertura de ofertas, calificación de los oferentes, acta de adjudicación, contratación, certificaciones, redeterminaciones de precios, modificaciones de obra, eventuales sanciones y finalización del contrato). De este modo, toda la información “en las ofertas y/o contratación, será pública”.

Para reforzar los mecanismos de monitoreo el Poder Ejecutivo hará un seguimiento y dará a conocer los montos contratados que tiene cada constructora, las que, por otra parte “serán sometidas a un sistema único de evaluación de desempeño cuyos resultados también serán difundidos al público”.

En el capítulo relacionado con el control de las adjudicaciones, se destaca que todos los actos administrativos serán comunicados a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación. Por otra parte, el Gobierno pondrá en marcha un “sistema normalizado de auditoría y control de proyectos y obras públicas”, que tendrá en cuenta el alcance, plazo, costo y calidad de las obras. Asimismo, se elevará un informe del proceso de oferta, previo a la adjudicación, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con el fin de “detectar posibles carteles en la construcción de las obras públicas”.

Uno de los aspectos que más preocupan en la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal se vincula a los diferentes criterios y requerimientos que tenía cada dependencia oficial al momento de licitar obras. Por eso, el proyecto busca uniformar criterios en ese sentido.

En primer lugar, el proyecto establece que antes del llamado a licitación se deberá establecer un presupuesto oficial detallado de cada obra, para analizar la razonabilidad de la misma. Se fija, por otra parte, que cuando la oferta más conveniente esté hasta 15% por encima o 10% por debajo del presupuesto oficial sólo se podrá adjudicar luego de un dictamen fundado de la autoridad superior al contratante, especificando las causa del desvío y que éstos no conspiraron contra la difusión y concurrencia al llamado.

Además, se facilitarán mecanismos alternativos de licitación por vía electrónica, que favorezcan la concurrencia de oferentes, y en todos los casos, la evaluación de los antecedentes y aptitud de las firmas constructoras “se ajustarán a pautas comunes y no podrán ser más exigentes que los que utiliza el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública”.

Las motivaciones

Comenzado ya el largamente mencionado segundo semestre, y sin signos de reactivación notoria en el horizonte -sí se advierte una relativa baja en la tasa de inflación- el Gobierno apuesta al consumo y especialmente a la obra pública para mover el amperímetro de la economía hasta que lleguen las inversiones privadas. Además, las obras públicas son grandes generadoras de empleo y movilizadoras de la actividad en varios sectores relacionados.

Al respecto, un reciente estudio del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), elaborado en base a información proporcionada por las constructoras privadas y el gremio de la construcción, señala que en los primeros cinco meses del año el consumo de cemento a granel, el que se utiliza mayormente en obras de ciertaimportancia, retrocedió 20% en la comparación con igual período del año anterior. En cuanto al cemento en bolsa entre enero y mayo la caída del consumo fue del 10%. Así, el consumo de cemento en todo concepto, registró una retracción global internual de -13,2% en los primeros cinco meses de 2016.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que el Gobierno necesita darle velocidad a proyectos de obras en las provincias y municipios pero que aún están por iniciar su ejecución. Ya hubo algunos anuncios importantes, pero las obras sólo han comenzado en algunos proyectos, y parcialmente.

Uno de los caballitos de batalla de la Casa Rosada en referencia al plan de infraestructura es el plan de reanudación de obras en el marco del Plan Belgrano, también comenzaron las licitaciones de obras en agua y saneamiento en las provincias, que cuenta este año con presupuesto de $50.000 millones y se espera completar el 50% del presupuesto para fines de este mes. Por su parte, el Plan Belgrano tiene una estimación presupuestaria de US$ 12.500 millones hasta 2019.

Por otro lado, el Gobierno proyecta 13.000 km de autopistas y 4.000 de rutas seguras, con mejoramiento de banquinas y en algunos tramos, un tercer carril. Hay obras ya comenzadas en la Ruta 8 hasta Pergamino, la Ruta 7 hasta Junín y se ha pavimentado un tramo de la Ruta 40, entre San Juan y Mendoza. Esto es una parte de los proyectos que están en marcha, pero aún insuficiente para alcanzar el declamado 6% de PIB de inversión en infraestructura una meta difícil de cumplir, al menos este año. Mientras el Gobierno busca avanzar en la transparencia de las licitaciones, la economía espera el impulso de la obra pública para crecer.

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