El 10 de diciembre de 1983 mi mamá estaba embarazada de 5 meses. Nací en abril de 1984 y, como la democracia, hoy tengo 39 años. Da la casualidad de que estoy como mi mamá: embarazada de mi segundo hijo. Y hoy este paralelismo me lleva a cuestionarme algunas cosas y desnaturalizarlas.
Hace más de 15 años que trabajo en temas vinculados a la infancia, y no puedo evitar empezar por una incógnita esencial: ¿qué oportunidades tuvo mi generación y cuáles tendrán quienes compartan generación con mi hijo?
Desde mediados de los '80 la pobreza tuvo muchos picos y caídas, pero un elemento siempre se mantuvo: en ese período, Argentina nunca logró que menos de un cuarto de la población estuviera bajo la línea de pobreza.
Y desde que tenemos datos desagregados es posible verificar que la pobreza en infancia es sustancialmente mayor que la pobreza total y que la mayoría de la población en pobreza son hogares con niños/as. Es decir, a lo largo de casi cuatro décadas las peores condiciones se concentraron en la infancia. ¿No debería ser exactamente al revés?
Esta situación persiste porque, en Argentina, tener hijos/as implica aumentar las probabilidades de encontrarse en situación de pobreza.
Ante la llegada de un bebé ocurren dos cosas: el ingreso disponible del hogar se divide por una persona más y, además, el tiempo disponible que las personas adultas del hogar pueden ofertar al mercado de trabajo cae, porque hay que cuidar, criar y educar a esa niña o ese niño. Y, posiblemente, cae también el ingreso percibido, especialmente para la mayoría: quienes no tienen la fortuna de contar con una situación laboral en relación de dependencia.
Esta regla de sentido común podría aplicarse en todas las geografías, pero no es el caso. ¿Por qué otros países lograron desvincular la tenencia de hijos/as con las probabilidades de estar en la pobreza?
Y no es solamente Suecia y Dinamarca, hay muchos países de Latinoamérica que lo están logrando en forma creciente esencialmente gracias a la creación de una red pública de bienes y servicios para que el cuidado, la enseñanza y la crianza de niños y niñas no dependan exclusivamente de los recursos que puedan o no tener la familia en la que nació.
Argentina está lejos de esta situación. El cuidado está extremadamente familiarizado. Y cuando hablamos de familias, nos referimos casi exclusivamente a las mujeres. Son ellas quienes dedican en promedio 9 horas diarias a las tareas de cuidado, el doble de lo que dedican los varones. Esta familiarización y feminización del cuidado es una de las principales causas de la pobreza infantil. Pero también es la causa de las brechas de género en el mercado de trabajo y de la dificultad que tenemos para romper los ciclos de transmisión intergeneracional de la pobreza.
¿Qué se puede hacer al respecto? Desde CIPPEC trabajamos para entender mejor qué es deseable y qué es posible (especialmente en contextos tan restrictivos como el actual). Así es como a través de nuestra iniciativa Democracia 40 #40D) pensamos políticas factibles que construyan una democracia mejor y más justa para los próximos 40 años. Son tres los pilares sobre los cuales se puede sostener un sistema integral, articulado y federal de cuidados.
- Primero, revisar y fortalecer el esquema de transferencias a la infancia. Una de las principales mejoras que se dieron en democracia es el piso de protección social para la infancia. Casi 95% de las familias argentinas reciben una transferencia del Estado. Paradójicamente, el 5% que queda afuera del sistema pertenece a la población más vulnerable, quienes necesitan más protección. Tenemos que fortalecer su cobertura (alcanzando ese 5%) y revisar su regresividad que tiene: con la inversión actual, pero distribuida de forma diferente, sería posible tener un impacto directo en la pobreza infantil medida por ingresos.
- Segundo, ampliar los espacios de crianza, enseñanza y cuidado. ¿A qué me refiero? Desde los jardines maternales o de infantes hasta los centros comunitarios o las casas de vecinas cuidadoras: todos los espacios a los que pueden ir, especialmente niñas y niños menores de cinco años. Considerando toda la oferta, entre 2011 y 2021, el porcentaje de niños y niñas de esta edad que asistían a uno de estos espacios apenas pasó de 32% a 33%.
¿Estamos realmente priorizando el tema si en 10 años solamente se pudo aumentar 1% de cobertura? Expandir la oferta de 0 a 3 años y universalizar la sala de 4 hacia 2035 implicaría un costo fiscal promedio del 0,15% del PBI por año. Sin embargo, la contracara implicaría un crecimiento del 1,46% del PBI (equivalente a US$ 5.466 millones) y un aumento total de la producción de aproximadamente US$ 12.100 millones, a partir del impulso de ciertos sectores de la economía tales como la educación, los alimentos y la industria del acero y hierro. Asimismo, generaría alrededor de 190.775 empleos directos e indirectos -sin contemplar nuevos/as docentes y capacitadores/as- de los cuales más del 40% serían ocupados por mujeres.
- Tercero, revisar el tiempo que tienen las familias para cuidar. En Argentina sólo la mitad de las personas que tienen hijos/as puede acceder a una licencia por maternidad o paternidad (solamente trabajadores formales en relación de dependencia). Afuera quedan monotributistas, autónomos/as y, por supuesto, todos/as quienes están en la informalidad. También quedan fuera las familias que adoptan, y ni hablemos de las familias que no tienen una conformación nuclear (madre, padre, hijos/as), que es el 65% del país.
Desde hace más de un año está en discusión el proyecto "Cuidar en Igualdad" y está avanzada la discusión sobre el capítulo de licencias.
Actualmente esa propuesta se centra en ampliar sólo a trabajadores formales excluidos (monotributo y autónomos), lo cual implicaría un costo a la Anses de 0,01% del PIB por año de vigencia de la ley.
Ampliar a todas las personas que tengan hijos/as tendría un mayor impacto en términos de pobreza infantil, y eso implicaría 0,08% del PIB para el año de implementación. Recordemos que los subsidios a la energía son 1,4% del PIB (que sirven, entre otras cosas, para climatizar piletas en Barrio Parque) y que todas las jubilaciones que tienen algún criterio de excepcionalidad (las "jubilaciones de privilegio") representan 7% del PIB: ¿están nuestras prioridades de gasto en el lugar correcto? No hay nada más justo o estratégico que intentar reducir la pobreza infantil a partir de una inversión en cuidados. ¿Qué estamos esperando?
***
