El viernes se conoció el texto del acuerdo con el FMI. El organismo le permite a la actual administración sustituir el calendario de pagos, con una fuerte concentración entre este año y 2024, por otro distribuido entre septiembre de 2026 y septiembre de 2034.
De aprobarse, el Gobierno recibiría Derechos Especiales de Giro (DEG) que podría usar para cancelar vencimientos de deuda externa y contribuir a aliviar la presión al mercado cambiario en este año y el próximo.
En el corto plazo desaparece el fantasma de un default con el FMI y otros organismos multilaterales. Probablemente todo excedente de DEG recibidos vayan a aumentar las reservas brutas del BCRA y cancelar también vencimientos de deuda con organismos. Las metas presentadas no implican un severo ajuste fiscal y dejan márgenes libres al Gobierno para el gasto redistributivo y el FMI estaría revisando trimestralmente el cumplimiento de las metas hasta 2024.
El programa libera al actual Gobierno de todo ajuste estricto de las cuentas fiscales, de una fuerte mejora del tipo de cambio real y de reformas estructurales fundamentales tanto para sostener tasas de crecimiento superiores al 4% anual, como para lograr que la inflación descienda a los niveles promedio de los países vecinos de la región.
Los instrumentos de política previstos son: a) aumento base imponible de impuesto a la riqueza (creado poco más de un año atrás como contribución “transitoria”), b) suba de impuestos a productos petroleros (se habla en el proyecto de “un régimen ad-valorem”, pero no se explica de qué se trata), c) aumento de la presión fiscal provincial vía el Consenso Fiscal con las provincias, d) suba de tarifas públicas vía eliminación de subsidios (no totalmente clarificada) y segmentada, pero que contribuiría a un ahorro fiscal de apenas 0,6% del PIB en 2022.
No se prevé ninguna baja significativa del gasto público, sino más bien cierta sustitución de partidas de gasto corriente por una suba del gasto en capital. Las proyecciones fiscales presentan una baja del déficit fiscal primario de 3% del PIB en 2021 a 2,5% del PIB en 2022, 1,9% en 2023, 0% en 2025, y un implícito superávit fiscal primario para 2026.
Esto exige una fuerte suba de la recaudación tributaria que requiere una aceleración del crecimiento. Sin embargo, el sendero de crecimiento del PIB de las metas del acuerdo no es creciente, sino declinante: de 3,5%-4,5% en 2022 a 2,5%-3,5% en 2023 y 2,5%-3% en 2024.
También se supone una caída de la inflación a 38%-40% para 2022, sin un programa de estabilización ni metas de reducción del expansionismo monetario en curso. A esto se suma el impacto de la invasión rusa a Ucrania que está disparando el precio de commodities agrícolas y no agrícolas de impacto directo en la inflación de alimentos y bebidas, energía y combustibles, y que va a complicar las propuestas de ajustes a acordar en audiencias públicas.
También se presenta en los memorandos una hipótesis de crecimiento del PIB entre 3,5% y 4,5% para 2022, un valor exageradamente optimista tanto por el impacto que tendrá en el primer semestre las complicaciones del sector agroexportador de la fuerte sequía del verano, como por la persistencia de controles al comercio exterior, al movimiento de divisas y a los movimientos de capitales que siguen complicando la importación de insumos y repuestos, y desalientan la inversión extranjera.
En ese sentido, el programa prevé además de la mencionada suba (no reversible en principio) de la presión impositiva una política monetaria limitada a llevar las tasas reales de interés (al menos las interbancarias y de control monetario, y las tasas pasivas) a niveles positivos.
Más impuestos y tasas de interés más altas implican menos demanda agregada del sector privado. Puede contener la demanda de bienes importados, pero es incoherente para recuperar la demanda de dinero y desdolarizar ahorros y neuronas, como pareciera ser la intención de las autoridades. Tampoco ayuda a recuperar la tasa de inversión a niveles coherentes con mayor crecimiento económico y menos gasto asistencialista.
El financiamiento del bache fiscal supuestamente sería con menor financiamiento monetario, el cual caería de 3,7% del PIB en 2021 a 1% en 2022, 0,6% en 2023 y cero a partir de entonces. Nada se dice de esterilizar emisión monetaria por ingreso de divisas. Tampoco se prevén límites a la emisión de pasivos cuasifiscales del BCRA.
Por consiguiente, el sendero futuro de la base monetaria, de las tasas de interés, y también del tipo de cambio no oficial seguirá atado a los vaivenes de la demanda de activos y de las expectativas del sector privado. Una funcionaria del FMI dijo informalmente la semana pasada que podría haber relajación de los controles de cambios en presencia de una sostenida acumulación de reservas internacionales. No hay ninguna precisión en el proyecto, ni tampoco es claro cómo se lograrán las metas de subas de las reservas internacionales líquidas por U$S 5.800 millones en 2022, U$S 4.000 millones el próximo y U$S 5.200 millones en 2024.
Con estas incertidumbres, se torna también más que incierto el sendero de saldos positivos de la cuenta corriente de la balanza de pagos: se proyecta que caiga de 1,3% del PIB en 2021 a 0,5% del PIB en 2022, y luego a 0,4% en 2023 y 0,3% en 2024.
Por otro lado, el “financiamiento privado” al Gobierno, si se toma en cuenta la información de nuevos créditos externos de organismos para 2022 y del sendero de financiamiento monetario, resulta un sendero que aproximadamente arrojaría un déficit fiscal total (“financiero”) de 3% del PIB para el año en curso, y 2,6% para el próximo, pero sin converger a cero, sino a 2% del PIB.
El programa implica, así, aumento permanente, no transitorio de la deuda pública, al menos hasta el fin de 2025.
Es más que evidente un “pacto político” para no influir en las elecciones presidenciales del año próximo de modo que, hasta 2024, el país deudor “hará como que ajusta” y el FMI “hará como que vigila”.
Para la población, el deterioro de su ingreso disponible por la suba permanente de la presión impositiva y de ajustes de tarifas, combustibles y precios de alimentos, atados a partir de estos días al conflicto del Mar Negro. Una guerra que sabemos cuándo y cómo empezó, pero no cuándo ni cómo puede terminar.
¿Es un programa de ajuste “neoliberal” y empobrecedor? No. Probablemente sea uno de los más concesivos o quizá el más “suave” y “no liberal” de la historia del FMI. El actual Gobierno no debe hacer ningún ajuste hasta fin de gestión, y sus endebles supuestos y proyecciones presuponen amplios márgenes de desvíos y perdones del organismo, al menos hasta diciembre de 2023.
Es más que evidente un “pacto político” para no influir en las elecciones presidenciales del año próximo de modo que, hasta 2024, el país deudor “hará como que ajusta” y el FMI “hará como que vigila”. Los incumplimientos podrían ser más probables a partir de la próxima administración. Será ese Gobierno, seguramente, el que enfrente las primeras dificultades que fuercen a cambios en estas proyecciones o a todo el programa íntegro.
Sí es claro que este acuerdo evita la desconexión total con el resto del mundo. Pero no revierte el sendero de expansión fiscal y monetaria en el que está nuestro país desde hace una década y media. Tampoco crea condiciones objetivas que incentiven la inversión extranjera directa, la recuperación de la tasa de inversión, un sendero inequívoco de mejora del tipo de cambio real, ni la creación de condiciones de mayor competitividad exportadora ni de vacantes laborales no dependientes del asistencialismo estatal.
Su aprobación o no dependerá del “poroteo” en el Congreso. Su éxito o fracaso, de decisiones de política económica que probablemente incuben nuevos problemas que la actual administración le va a dejar en 2023 a su sucesora, y a buena parte de la población que a partir de 2022 pasaría a enfrentar un descenso inequívoco en su ingreso real disponible, especialmente quienes perciben ingresos fijos, o con ajustes inferiores a la inflación.
