Con el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrado, el Gobierno quiere una aprobación rápida en el Congreso para marcar una nueva etapa de la gestión que represente, a su vez, un relanzamiento de cara al 2023.
Con los números sobre la mesa, los desafíos de la economía no son pocos en los próximos meses y las internas en el Frente de Todos podrían recalentarse en cuanto al esquema tarifario que se acordó con el organismo.
Una pista de esta nueva etapa la dio la semana pasada, ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández cuando incluyó en su discurso la investigación de la deuda contraída con el FMI. Un gesto para la vicepresidenta Cristina Fernández y los díscolos del kirchnerismo.
Ayer, el mandatario volvió a la carga contra el organismo. La intención: mostrarse para los propios con una postura más beligerante que la que mostró durante gran parte de las negociaciones con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.
Lo cierto es que el cierre de las negociaciones con el organismo era vital para el Gobierno: economistas y políticos, salvo marginales excepciones, daban por descontado un caos de magnitudes si Argentina ingresaba en un atraso o, peor aún, rompía relaciones con el organismo de Washington.
Durante el Encuentro Federal de concejalas e intendentas, en la previa del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana 8 de marzo, el Presidente volvió a ratificar que el acuerdo con el FMI no será un condicionamiento para la economía en los próximos años.
"Nadie va a doblegar nuestro deseo de seguir creciendo. Lo puedo decir porque discutí durante dos años con ese FMI que yo también desprecio, tanto como todos", sostuvo Fernández.
La economía que viene
Conocida la letra chica del entendimiento con el FMI, puede interpretarse que sí hay un condicionamiento lógico que se da en cada programa que se ha firmado a lo largo de la historia. El crecimiento comprometido para los próximos años tiene topes que van en coincidencia con lo consignado en el mensaje enviado al Congreso.
En principio, el panorama macroeconómico previsto por el acuerdo es de un crecimiento entre 3,5% y 4,5% en 2022, 2,5% y 3,5% en 2023 y 2,5% y 3% en 2024. La primera señal de que la economía estará condicionada, de un modo u otro, por el programa de facilidades extendidas que se pretende hacer efectivo.
En el equipo económico del Gobierno creen que el PIB podría crecer incluso más de lo previsto en el acuerdo para 2022: cerca del 6% y, por qué no, un poco más. La disputa que puede darse hacia adentro del Frente de Todos será qué puede suceder con ese “crecimiento extra”.
En concreto, si habrá políticas que mejoren el humor social o sí se impondrá la visión de mantener a raya el déficit fiscal. Argentina se compromete a lograr un déficit primario de 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024 para acercarlo a cero en 2025.
El acuerdo con el FMI contempla eta posibilidad. En ese sentido, el memorándum adjunto al proyecto que fue al Parlamento señala que, “si los ingresos reales del Gobierno federal (netos del gasto asociado legalmente) fueran superiores a lo programado, nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla en el evento de que ocurra un shock externo adverso, y de esta manera reflejar nuestro compromiso respecto a las políticas de estabilización macroeconómica”.
Los desafíos
El programa de facilidades extendidas para refinanciar los US$ 45.000 millones que se tomaron bajo la gestión de Mauricio Macri también presenta desafíos en sí mismo.
Para el consultor Santiago Manoukian, “la intención de mantener la competitividad del tipo de cambio real junto con un ajuste real de las tarifas, por un lado, en simultáneo con una mejora de los salarios reales y una reducción de la inflación en forma sostenida, por el otro, luce de difícil concreción”.
Según explicó Manoukian ante El Economista, mantener la competitividad del tipo de cambio implica una devaluación que vaya en línea con una inflación que se encuentra en 50%. Las anclas de pisar el dólar y las tarifas, ya no estarán más.
“Esto de por sí genera mayores presiones inflacionarias, a lo que se sumaría un ajuste real de las tarifas, que te acelera en el corto plazo el recalentamiento y entorpece la intensión de una desinflación progresiva, a la vez que dificulta la recuperación de los salarios reales”, detalló el economista.
“Mayor inflación que limita los salarios reales junto a tarifas que reducen los ingresos disponibles para el consumo, atentan en el corto plazo sobre el crecimiento de la economía, ya que el consumo explica el 70% o 75% del PIB. Y en el comunicado el Gobierno está afirmando que la expansión económica se verá impulsada por 'el consumo privado y la inversión'”, concluyó Manoukian.
Tarifas, internas y demoras
Finalmente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aplicará un esquema de aumento tarifarios de mayor magnitud al que pretendían los funcionarios de Energía que responden al kirchnerismo. Con eso, se bajarían 0,6% del PIB según la letra chica del acuerdo.
La idea original era un incremento general del 20% y una quita total de subsidios para el 10% de mayores ingresos. Finalmente, habrá una segmentación en tres niveles, en base al coeficiente de variación salarial del 2021 (53,4%).
Por lo tanto, para los que tengan tarifa social la suba será del 21,36% y para el resto será del 43%, poco más del doble de lo previsto originalmente. Este último segmento no es menor, ya que representa cerca de 10 millones de familias, según los cálculos del economista en jefe del Instituto de Energía General Mosconi, Alejandro Einstoss.
Para la consultora FMyA, el impacto de la suba de tarifas residencial sería 59% promedio, casi lo que sube el costo en 2022 por la disparidad en los precios del GNL, “así que los subsidios subirían 0,1% del PIB, aunque el total (que incluye el menor costo del Plan Gas) bajaría sólo 0,1%”. Guzmán no cumpliría la meta de bajar 0,6% del PIB, señala.
Un cálculo alternativo lo dio el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, que contiene además a los “Grandes Usuarios”. En este caso, la suba sería de 88% porque incluye mayor población sin subsidios (sube de 10% a 28%). “Acá los subsidios sí recortarían 0,4% del PIB, más cerca del objetivo de Guzmán de 0,6%, pero el costo serían 3,5 puntos más de inflación para 2022”, advirtió la consultora de Fernándo Marull.
La interna tarifaria mostró un coletazo más esta semana con la renuncia del asesor del Palacio de Hacienda, Javier Papa, quien previamente había ocupado el cargo de Subsecretario de Planeamiento Energético. El dato de color: Papa publicó una columna de opinión en Perfil, en la que propone un sistema de bonificaciones tarifarias eléctricas de un porcentaje de la factura, orientado a los hogares carenciados.
El Gobierno apostó a esperar a que, pasado el invierno en el norte, los precios bajarían. Con los precios de hoy, las boleta de los clásicos buques invernales subiría muchísimo más que lo ya previsto.
En su carta de renuncia, el exasesor, comentó: “Impulsan mi desvinculación las continuas medidas de corto plazo que no se condicen con un rumbo económico desarrollista de mediano y largo plazo, que nuestro país tanto necesita”.
Sin embargo, la renuncia del funcionario tuvo que ver con un problema puntual del plan energético del Gobierno. Tal como consignó Econojournal, la empresa estatal Ieasa aún no compró los 60-70 barcos de gas que precisa Argentina durante el invierno.
Esto iba a darse antes de la guerra en Ucrania, que disparó 55% los precios del GNL en el mercado europeo. Eso va a encarecer los costos de importar energía y puede atentar contra el plan de reducción de subsidios acordado con el FMI.
