Cuba, condenada a seguir igual

El retorno del turismo y el giro de de remesas aumentará el ingreso de divisas a Cuba, pero si ingresan centralizadamente a las arcas del Partido Comunista y siguen bajo su uso discrecional, no habrá cambios en la economía. Tampoco en la calidad de vida de sus habitantes.

17 de agosto, 2021

Cuba, condenada a seguir igual

Por Héctor Rubini (*)

El pasado 7 de agosto el Gobierno cubano emitió un decreto que permite la creación de microempresas (hasta 10 trabajadores), pequeñas empresas (11 a 35 trabajadores) y medianas (hasta 100). En todos los casos, pueden ser estatales, mixtas o 100% privadas. Otro decreto de junio estableció varias actividades para las cuales no se permitirá este tipo de personas jurídicas: traductores e intérpretes, servicios veterinarios, diseñadores, programadores y algunas formas de consultoría. Tampoco se permite la formación de pymes para servicios “estratégicos” como telecomunicaciones, salud, defensa, energía, prensa y las demás actividades para las cuales está prohibido el cuentapropismo.

Los jerarcas comunistas han entendido, por la fuerza de los hechos, de que no es simplemente coyuntural el déficit alimenticio, sanitario y de energía de los últimos meses. Hay fallas en el sistema económico anteriores al inicio de la pandemia del Covid-19, y nada permite asegurar que no se vuelvan a repetir protestas contra el régimen.

El mes pasado, el Gobierno de Miguel Díaz Canel eliminó los aranceles sobre alimentos, medicamentos y algunos otros artículos de primera necesidad introducidos por turistas. Sin embargo, las restricciones al turismo aplicadas desde el primer trimestre del año pasado hacen que dicha medida tenga un efecto casi nulo, al menos en el corto plazo. La crisis de oferta que se extiende por todos los sectores, inclusive el agrícola, convenció al Gobierno cubano a la aprobación de un decreto que amplía la conformación de coaliciones de productores no totalmente direccionados por el Partido Comunista.

En febrero, el Gobierno especificó 2.110 actividades para las cuales se autoriza la producción bajo el cuentapropismo individual, aunque prohibiendo bajo esa forma la extracción de minerales sólidos, líquidos y gaseosos salvo piedra, arena y arcilla, las actividades turísticas, todo tipo de empresa unipersonal de intermediación financiera, agencias inmobiliarias, seguros de vida, actividades de gestión de fondos, suministro de electricidad, gas, agua o vapor, producción de aires acondicionados, gestión de desechos, fabricación y venta de todo tipo de vehículos y sus partes, producción de sustancias químicas medicinales, abonos, productos farmacéuticos, pólvora, productos pirotécnicos, fósforos y explosivos.

La resolución del 7 de agosto permite la formación de pymes fuertemente reguladas, aunque es un cambio relativamente significativo para el socialismo de planificación centralizada por el Partido Comunista. Ahora el nuevo marco legal les permitiría producir, competir con otras, importar y comprar bienes y servicios al sistema mayorista estatal, pero siempre bajo una rígida regulación estatal.

Sin embargo, todavía se está lejos de resolverse la escasez de bienes y servicios, al menos por esa vía. Las resoluciones adoptadas desde fines de julio para eliminar los precios fijos (máximos) establecidos de varios productos de origen agropecuario de consumo masivo. Esto en principio alentará la oferta de esos bienes, y desalentará la de los que sigan con precios máximos, pero su efecto en el corto plazo, al menos, será mínimo. El avance de diversas plagas y enfermedades viene afectando seriamente la producción de cítricos, algo que también resulta de la falta de divisas para financiar la importación de tractores, fertilizantes, herbicidas, vacunas y otros insumos de uso veterinario.

El régimen y sus propagandistas regionales siguen atribuyendo llamativamente todos los males al bloqueo estadounidense, como si prioridad el Partido Comunista alguna vez haya dejado de mantener una actitud hostil con Estados Unidos, o de apoyar o estar alineado con gobiernos abiertamente antinorteamericanos.

Por otro lado, los números del propio Gobierno cubano indican que más del 50% de las importaciones no provienen de EE.UU., sino de otros países. Pero de lo que poco se habla es el del impacto de la reforma cambiaria de enero, que implicó una suba del precio del dólar, en pesos cubanos, de 2.400%.

El Gobierno parece admitir una sustancial traslación a precios, y varios analistas prevén una suba de precios entre 270% y 475% para todo 2021. También había anunciado una mejora para todo el mes, de 500% para las jubilaciones y de 450% para los salarios en 2021. No es claro que el Gobierno pueda cumplir con ese anuncio ni con las proyecciones para este año de una tasa de inversión de 25% todo el año. Tampoco que aplique medidas restrictivas para reducir el déficit fiscal que el año pasado se habría aproximado hacia el 30% del PIB, uno de los niveles más altos observados después de los años ’90.

Más allá de maquillajes económicos y de propaganda dentro y fuera del país, el núcleo de problema es que no han abandonado el sistema de economía socialista centralmente planificada. Un sistema claramente ineficiente y poco flexible para incluso adaptarse a un mundo just-in-time, con propiedad privada y en base a transacciones libres y voluntarias que a través de los precios responden a los cambios en la oferta y la demanda de bienes y servicios.

El Gobierno cubano sigue renuente a adoptar las reformas de mercado de la República Popular China y a seguir el giro al capitalismo de las economías del exbloque soviético, y bajo tales condiciones, el hipotético levantamiento del bloqueo estadounidense aliviará parcialmente las penurias de Cuba. En el mejor de los casos, el retorno de turistas y el giro más fluido de remesas podría incrementar el ingreso anual de divisas por unos US$ 7.000 o US$ 10.000 millones. Pero si las mismas se ingresan centralizadamente a las arcas del Partido Comunista y siguen bajo el uso discrecional de su grupo conductor, no habrá cambios en la economía de Cuba. Tampoco en la calidad de vida de sus habitantes.

(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)