¿Aceptará el mundo otro Tiananmen en Hong Kong?

8 de junio, 2020

 

Por Atilio Molteni Embajador

 

Decir que Donald Trump y Xi Jinping, el Presidente (vitalicio) de la China actual, son generadores de nuevas ideas es atribuirles un mérito que no  tienen. Aunque la realidad global de estos días es distinta, sus enfoques están apegados a viejos errores y éstos no son originales ni pintan bien.

 

El jefe de la Casa Blanca reivindica, al comenzar la tercera década del Siglo XXI, las propuestas y mecanismos que provocaron la crisis de 1930 y dieron nacimiento al escenario que desembocó en el escenario mercantilista que  culminó en la Segunda Guerra Mundial, con miles de empresas quebradas, gran desocupación, 40 millones de muertos y una enorme miseria que  generó veinte años perdidos. Su línea argumental está reflejada en un documento que emitió la Casa Blanca el pasado 26 de mayo.

 

El líder de la mayor potencia asiática tiene otra clase de inquietudes. Se propone enseñarle disciplina a los 7 millones de habitantes de un área de su  propio país que tienen el defecto de estar contentos con las instituciones, la cultura, las libertades públicas y las reglas básicas de un próspero capitalismo. El mandatario chino acaba de ensamblar la cadena de procesos y normas que le permitirán aplicar el nivel de represión que el Gobierno de ese país ya ejerció en la Plaza Tiananmen, en 1989, contra manifestantes   desarmados. Su actual objetivo es demostrar a los habitantes de Hong Kong que significa el concepto de orden en la democracia socialista. Una lástima. Si bien Xi es un personaje autoritario, y su Gobierno aún debe explicar  muchas cosas, entre otras el papel que tuvo en la actual pandemia sanitaria  global, nunca dio motivos para dudar de su habilidad ni de su inteligencia.

 

El acuerdo que permitió crear el status actual de Hong Kong, sobre la base de convertirse en parte de China e institucionalizar la coexistencia de dos  sistemas (en esencia la economía socialista del mercado continental y la de mercado recién incorporada a la soberanía mayor), sirvió a muchos  propósitos. En el plano económico, China y Hong Kong están representadas en la Organización Mundial de Comercio como dos miembros diferentes, en   virtud de las reglas económicas y políticas comerciales que imperan en sus respectivos territorios aduaneros. Si tal status cambia, sería lógico que haya un solo miembro.

 

Además de ser uno de los grandes centros financieros mundiales, Hong Kong le facilita a China operaciones comerciales de cierta complejidad. En consecuencia, el costo económico del operativo que prepara el régimen de Pekín está lejos de ser gratuito. Ello es un modo de perder opciones, al margen de la crisis política e internacional que pudiera devenir.Bajo esta perspectiva, no está claro por qué el Gobierno comunista de la República Popular China se quiere comprar semejante pleito.

 

El documento de la Casa Blanca tiende a ser literatura vieja. Acusa a China de ser la economía más falsificadora del planeta, por cuanto se le imputan el 63% del total estimado de violaciones a las obligaciones sobre propiedad intelectual. Las principales acusaciones son conocidas e incluyen al incumplimiento del programa de reformas pactado en la OMC para convertir a China en economía de mercado; la forzada transferencia de tecnología de las empresas estadounidenses que se radican en su país; las restricciones a demandar derechos de propiedad intelectual; la persistente influencia de las Empresas del Estado en las decisiones económicas; el uso de los medios cibernéticos para robar conocimientos aplicables a usos  económicos y la introducción obligatoria deluso de la tecnología china en el  plan de caminos y cintura marítima (conocida como Belt andRoad Initiative  o BRI).

 

La secuencia de los últimos días es bastante conocida. El 28 de mayo el  Congreso Nacional del Pueblo (el Parlamento nacional con sede en Pekín) aprobó, casi en forma unánime, el procedimiento de redacción de una ley de seguridad aplicable a Hong Kong, con el propósito de contener las acciones de las fuerzas disidentes que se califican de subversión, secesión y terrorismo, sin definir el alcance de tales imputaciones.

 

Ante el generalizado desorden que no lograron resolver las autoridades  locales, China parece alistarse para la represión utilizando una ley draconiana por entender que tales acontecimientos hacen peligrar su seguridad y soberanía nacional. Esa decisión es consistente con el énfasis autoritario que aplica el Gobierno de Xi al suponer que los hechos registrados en Hong Kong amenazan al régimen chino.

 

Una vez concluido el proceso parlamentario, la ley entrará en vigor en septiembre con la finalidad de limitar las acciones de los activistas y resolver la crisis en Hong Kong utilizando los órganos de seguridad continentales, los que operarán abiertamente en su territorio. Tal noticia desconcertó a los manifestantes, que dudan que las marchas constituyan la respuesta adecuada para expresar sus ideas ante fuerzas entrenadas y decididas. Ello induce a preguntar en qué se convertirá el actual HongKong,  una ciudad global, una de las economías más abiertas del mundo y un  atractivo centro de las finanzas globales, tras el seminario de democracia socialista que le impartirá Pekín.

 

Entre 1842 y 1997 Hong Kong fue una colonia británica. En el último de esos años el Reino Unido transfirió su soberanía a China mediante un tratado que  se conoce con el nombre de “Declaración Conjunta Sino-Británica”. Sus disposiciones prevén que los habitantes gozarán de estabilidad económica, libertades individuales básicas, la vigencia del Estado de Derecho y una justicia independiente por espacio de cincuenta años, un paquete que no incluyó las relaciones exteriores ni la defensa, cuya responsabilidad fue adjudicada al gobierno central de China. Este régimen se describe usualmente con el título “Un país, dos sistemas”, por el que Hong Kong se convirtió en una Región Administrativa Especial (RAE). Para cumplir con el tratado, China adoptó la Ley Básica de dicha Región (una especie de Constitución), cuyas disposiciones indican que el sistema socialista y sus políticas no serán aplicados en el territorio transferido a Pekín. También que el sistema capitalista existente no será modificado  hasta el 30 de junio de 2047.

 

Beijing aceptó la división depoderes y se creó un Poder Ejecutivo liderado por un Jefe Ejecutivo (actualmente ejercido por la señora Carrie Lam, muy sensible a las opiniones chinas) y un Consejo Legislativo, con podereslimitados. En 2014 una reforma electoral condicionada dio lugara lo que se llamó la “Revolución de los paraguas”, que fueron marchas de protestas tendientes a lograr una democracia real. En febrero de 2019, Lam aceptó una propuesta de su Oficina de Seguridad destinada a enmendar el régimen legal para permitir extradiciones a China continental, con la probable intención de controlar a los dirigentes opositores. La opinión pública calificó tal decisión como una violación de los derechos civiles y políticos, algo que motivó una serie de protestas pacíficas contra el Gobierno local, el que decidió suspender su vigencia.

 

A pesar de la rectificación oficial, la protesta de los grupos más radicales y   estudiantes siguió activa. Éstos protagonizaron numerosas y violentas  confrontaciones con la policía local, entre ellas la toma del aeropuerto y la  universidad. En esa etapa, el objetivo reclamado por los manifestantes se  concentró en la defensade la autonomía frente a China, el derecho al autogobierno y la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población.

 

Pero la cúspide del clima de agitación popular se expresó en noviembre de 2019, cuando los candidatos prodemocráticos,apoyados por el  voto de la juventud y una mayor concurrencia a las urnas, ganaron 389  (antes tenían 124) de las 452 bancas en juego del Consejo Legislativo, lo que demostró el amplio respaldo popular al régimen liberal. En mayo pasado, después de un período de calma y de presencia de la pandemia sanitaria, las  protestas volvieron a cobrar fuerza al circular los rumores vinculados con la nueva legislación de seguridad aplicable a Hong Kong.

 

Ese desarrollo coincidió con el agravamiento de las disputas entre Estados  Unidos y China en el plano del comercio, la seguridad nacional y los orígenes del coronavirus. Además, el vínculo con China se convirtió en un tema electoral y forma parte de la retórica de las elecciones presidenciales, donde ambos partidos cuestionan las acciones de Pekín, teniendo en cuenta no sólo la situación de Hong Kong, sino también las de Taiwán, los  conflictos existentes en el Mar del Sur de la China y otros de parecido tenor.

 

Una ley estadounidense de 1992 establece que se debe tratar a Hong Kong en forma separada al resto de China, siempre que conserve su autonomía en temas como las transacciones financieras, la inmigración y el comercio (éste último alcanza a US$ 43.000 millones). Cuando el Congreso chino adoptó la nueva decisión sobre seguridad, el Secretario de Estado de Estados  Unidos, Mike Pompeo, declaró que era una medida unilateral y arbitraria, porque dejaba de lado el proceso legislativo establecido en Hong Kong, ignoraba la voluntad de su pueblo y el alto grado de autonomía que prometiera China.

 

Horas después, el pasado 29 de mayo, Trump afirmó que su administración comenzará el proceso orientado a terminar con la relación especial y diferente que mantiene con el enclave. Ello supone que le aplicará un régimen similar al que rige con el resto de China, lo que supondría el progresivo retiro de las ventajas del trato preferencial que recibe en ciertos temas, como sucede con los trámites de aduana y los visados. Y si bien noabundó en medidas concretas, indica un camino que incluyeotros  acuerdos como el Tratadode Extradición y el que legisla sobre los controles de las tecnologías de uso dual.

 

Para Trump la ley china significa “Un país, un sistema”. Por ese motivo  Washington intentó llevarel asunto al Consejo de Seguridad de la ONU, lo que no fue aceptado por Pekín, cuya delegación sostuvo que era un problema interno.

 

El documento emitido por la Casa Blanca también destaca que el régimen autocrático de China intenta cambiar el orden internacional en función de los intereses e ideologías del Partido Comunista Chino en perjuicio de  Estados Unidos y otros Estados. Al admitir que existe una competencia a   largo plazo entre los dos sistemas, hecho que sólo será modificado cuando  la cooperación y el diálogo bilateral se hayan alineado, se salteó a Hong Kong en la lista de problemas. El texto también adjudica a Pekín un enfoque mercantilista, algo que parece broma al surgir de la Casa Blanca que dirige Trump.

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