Las empresas pequeñas encabezan el ritmo de crecimiento de los juicios laborales. Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), la tasa de judicialidad de las firmas de hasta 50 empleados es 18% superior a la del resto y la velocidad con la que crece casi las multiplica por dos.
De las 127.000 demandas ingresadas a las ART durante el 2016, 39.805 (es decir, el 31,3%) provinieron de trabajadores que se desempeñan en empresas pequeñas. En 2010, dicho sector había generado 15.634 juicios, menos de la mitad que el año pasado.
“En los últimos seis años, mientras la tasa de judicialidad creció 150% para las empresas de menor porte, en las medianas y mayores aumentó algo más de la mitad, 86%. Por cada 10.000 trabajadores cubiertos, en el segmento de las chicas, se originan 156 demandas al año, mientras que en el resto, 132”, precisó la Uart mediante un comunicado.
Al observar la serie se advierte que entre 2010 y 2016 la tasa de litigiosidad creció de 62 a 154 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos en las pequeñas, mientras que el número subió de 71 a 132 en el resto. 2011 fue el año en que ambas curvas se cruzaron.
Desde el sector de las ART insistieron en que este fenómeno se da al mismo tiempo que los accidentes y la cantidad de fallecidos disminuye. “En el mismo período, la tasa de accidentes en este segmento de empresas de hasta 50 trabajadores se redujo 6,7% y los fallecimientos cayeron 19,4%”. Además, apuntaron que entre 2010 y 2016 el segmento redujo 10% su participación en la distribución del empleo formal: pasó de representar el 31,4% de los trabajadores en 2010, al 28,1% en el 2016. “Ante esta situación es preciso analizar el vínculo entre la creciente judicialidad y la destrucción de empleo en general y de empleo registrado en particular”, señalaron.
Reforma del régimen
En febrero pasado el se sancionó la ley 27.348 que dispuso una serie de reformas al Sistema de Riesgos del Trabajo destinados a bajar la litigiosidad mediante la unificación de criterios. Esto comenzará a generar un impacto concreto en tanto las diferentes provincias adhieran a la ley nacional. En CABA las modificaciones ya se encuentran vigentes por ser una jurisdicción que no tiene justicia laboral propia, Córdoba ya adhirió y en Buenos Aires y Mendoza se está avanzando.
En sus puntos salientes, la ley dispone un paso obligatorio previo al juicio por las comisiones médicas, la regulación de honorarios de los peritos y la ultilización de una Tabla de Evaluación de Incapacidades (baremo).
