La resistencia a las reglas, el "se acata, pero no se cumple" o "hecha la ley hecha la trampa" ha estado desde siempre presente en nuestra cultura nacional. Es uno de los pasivos más importantes de nuestra herencia cultural
En el resto de América Latina, es principio clave para interpretar el complejo dinamismo de las instituciones de la Colonia. Viene de muy lejos. Se encuentra ya en el teatro del Siglo de Oro español y, por cierto, en el Quijote, en "El Lazarillo de Tormes" y, en general, en la literatura de la picaresca española. Por derivación y reflejo natural está tambien en literatura argentina de tiempos de la Independencia.
La idea de que las ordenes reales se acataban, aunque en los hechos no se cumplieran, está en la poesía del romancero y en las crónicas legendarias de la resistencia popular al invasor. Desde los bandoleros españoles hasta el Martín Fierro o el Juan Moreira. Toda una tradición que abarca desde funcionarios públicos hasta rebeldes y guerrilleros que resisten la ocupación centralista y sus pretensiones de gobierno, a través de reglas "incumplibles.
Nada nuevo bajo el sol. La respuesta actual de gobernadores, funcionarios, legisladores, jueces y aun presidentes que se resisten a cumplir órdenes de cualquiera de los poderes públicos no debería asombrarnos. Tampoco generar la ola de indignación e invectivas de algunos sectores que ven amenazados los principios y estructuras del Estado de Derecho. Mucho menos aun, justificar la cadena de denuncias penales anunciadas por los profesionales de la judicialización de la política.
Es la gran tradición nacional, que emerge una y otra vez. La cultura política y jurídica de la transgresión está en la medula misma de nuestra épica nacional. El criollo es ante todo un rebelde, un disidente, un perseguido: alguien que se refugia en universo de valores tradicionales y que enfrenta el progreso y a los jueces: "Hacete amigo del juez, no le des de que quejarse... que siempre es bueno tener palenque donde rascarse".
Por eso "la ley es tela de araña", una imagen kafkiana que es recuperada una y otra vez por la literatura gauchesca desde los más profundo de la cultura mediterránea. Desde sus orígenes, proyecta la imagen de la rebeldía social frente a los abusos de la autoridad, las jerarquías o la justicia insensible a los reclamos de la equidad.
Desde los "Cielitos" de Hidalgo hasta el "Juan Moreira" magistralmente recreado por Leonardo Favio, en el film estrenado precisamente el día de la inauguración presidencial de Hector Cámpora.
Hay en toda esta cultura del "gaucho perseguido" un resentimiento contra la sociedad de los "dotores" y de las reglas que se aplican de modo desigual a personas aún más desiguales.
Una dialéctica compleja, paralizante, que en el fondo enfrenta a dos sistemas de justicia solapados y contrapuestos, imperantes en la ciudad y en el campo, que se expresan a través del conflicto entre la ley estatal escrita, interpretada por la exegesis dogmática de los jueces y el código consuetudinario, oral y tradicional, imperante en el interior profundo.
La cultura de la transgresión ha originado en nuestro país una importante literatura interpretativa. Va desde quienes la explican desde visiones antropológicas y sociológicas hasta quienes indagan en la existencia de una supuesta "anomia" que aquejaría los pliegues profundos del alma nacional.
Sin embargo, las respuestas no son ni pueden ser simples. La cultura política es una realidad de alta complejidad y como tal debe ser estudiada, a través de instrumentos tambien complejos, adaptados a esa complejidad.
Lo cierto es que la nuestra es, como todas las de América Latina, una cultura híbrida, compuesta aluvionalmente por culturas muy diferentes. Más que de una cultura jurídica, deberíamos hablar de un conjunto de culturas jurídicas solapadas y superpuestas, que conviven en un mismo momento y que reaccionan de modo diferente frente a problemas tambien diferentes.
Frente a lo que suelen opinar algunos analistas poco informados, la nuestra está muy lejos de ser sociedad anómica, indiferente a las normas, desprovista de un sentido de la moralidad y de alguna manera incapaz de reaccionar frente a estímulos e incentivos jurídicos y morales. Mucho menos, como aseveraba Carlos Nino, una anomia "boba", que prepara a la gente para sobrevivir eludiendo los problemas y las confrontaciones, sin importar que el resultado final termine siendo altamente negativo para quien rehúye enfrentar sus responsabilidades.
Si fuera así, no podría explicarse los grandes momentos en que la Argentina logró desarrollos económicos, institucionales y culturales que la proyectaron al mundo y siguen operando como auténticos paradigmas fundacionales.
Muy al contrario de lo que presuponen esas tesis simplistas, en América Latina en general y en Argentina en particular existe una cultura jurídica desarrollada, altamente sensible a las reglas y hasta se diría que sofisticada en el cultivo de prácticas sociales que llevan a competir en lo que habría que cooperar Y a cooperar en lo que habría que competir.
Lo que ocurre es que es una cultura de profundas raíces mediterráneas, que abriga visiones muy diferentes y a veces tambien contradictorias entre sí, respecto al significado de las reglas la vida social.
Lo que ocurre es que, con demasiada frecuencia, el derecho -sea a través de leyes, regulaciones administrativas o sentencias- no es dictado para ser eficaz y cumplirse. Todo lo contrario.
La debilidad de las reglas y aun de las instituciones suele ser una debilidad estratégicamente implementada. Las reglas se crean para satisfacer necesidades institucionales de legitimidad o lisa y llanamente para inclinar la balanza de la competencia política. Su ineficacia es deliberada. Apuntan a cumplir propósitos distintos de aquellos que se desprenden de la lectura espontánea de sus textos. Lo que hace a algunas reglas incumplibles no es un simple error técnico. Es un resultado buscado y planificado.
Se legisla o se dicta sentencia en un contexto estratégico. No para que las reglas funcionen sino para que proporcionen ventajas, a la luz de un relato político que justifique la intervención, con frecuencia intempestiva y siempre sorpresiva y discrecional. Se establecer la norma para transmitir un mensaje político, para elegir un enemigo, para determinar ventajas o para acelerar procesos de confrontación social o política.
Bajo estas condiciones, la pretendida cultura de la transgresión suele ser el resultado de una reacción social, previsible casi natural. La discrecionalidad de quien pretende imponer la regla tropieza con la desconfianza y el rechazo social. Buscando forzar legitimidad se tropieza con mayor ilegitimidad. Un círculo vicioso que termina por establecer un juego de suma-cero, que paraliza el sistema institucional, por carencia de instancias de arbitraje social reconocidas y validades por la sociedad.
La desobediencia a las reglas no responde así una secreta pulsión de la psicología colectiva. Las reglas no se respetan porque, sencillamente, dejan de ser respetables. Se establece así un círculo vicioso, generador de mayor incertidumbre y pérdida de legitimidad social.
La razón es simple: la función social de las reglas es en sí misma ambivalente. Se legisla o sea decide judicialmente para transformar y cambiar, pero se legisla tambien para conservar y proteger el statu quo, incluso para evitar transformaciones.
En esos casos, es la propia norma la que contraviene su función esencial. Más que como un imperativo de orden, la ley o la sentencia aparecen a veces como una proclama, un manifiesto o un mensaje ideológico que se pretende comunicar al pueblo. Deja de ser un instrumento efectivo para la toma de decisiones colectivas y pasa a convertirse en un fragmento de un relato que pretende reconstruir ideológicamente los fragmentos de un espejo roto.
Solo desde una renovación de los valores y principios propios de la cultura constitucional puede aspirarse a volver a pensar el acatamiento de las reglas desde bases nuevas. Como vía para una reconstrucción de la legitimidad social en el contexto de un nuevo clima social y cultural.
