Claves
El Impuesto a las Ganancias volvió a ser noticia debido a que el Gobierno presentará un proyecto que cambiará -nuevamente- la forma de calcular cuánto deberán abonar los empleados en relación de dependencia.
No es algo nuevo. En la Ley Ómnibus el Ejecutivo planeaba dejar sin efecto las modificaciones propuestas por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en medio de las elecciones. Pero con el retiro de la propuesta, todo había vuelto a foja cero.
En medio de las negociaciones con las provincias, el tema de Ganancias volvió a ser central y se discutirá próximamente un nuevo marco normativo, que, pese a las buenas intenciones, no es más que un nuevo parche.
Es que el proyecto contiene el tratamiento sobre empleados en relación de dependencia y jubilados, manteniendo la discriminación respecto a la situación de los autónomos (si bien menos ostensible), lo cual requiere de un análisis urgente sobre la carga laboral comparativa y el reajuste en las deducciones personales.
Pero, fundamentalmente, porque no hay una propuesta de reforma integral de todo el sistema tributario argentino. Algo que también merece principal atención y que debería ser abordado cuanto antes.
Una brújula para pasar la tormenta
En un contexto como el actual, en el que la población sufre en el bolsillo los efectos del ajuste económico, pensar en incorporar nuevamente a una masa de trabajadores -que habían quedado excluidos del Impuesto- parece un despropósito.
Hay que tener en cuenta que el pago podría representar hasta 12% estimado real de sus salarios, en momentos en los que deben enfrentar un aumento importante en sus gastos mensuales (servicios públicos, comunicación o salud privada, por citar unos ejemplos).
No deben tener muy fresca la memoria la llamada "Tablita de Machinea" que, hace unos 25 años, provocó un "batacazo" al bolsillo de la clase media y se transformó en el inicio del fin de la imagen positiva del gobierno de entonces.
Si bien nadie niega la necesidad de fondos que pueda tener tanto el Gobierno nacional como los provinciales, el mejor camino debería ser el de aplicar mayores alícuotas a quienes tengan verdadera capacidad contributiva.
No referimos a las "rentas recalcitrantes" que cobran algunos pocos sujetos -generalmente por la vía de dividendos de sociedad locales o del exterior- a través de sueldos, honorarios, alquileres, regalías, etcétera.
Es importante aclarar que los últimos cambios realizados en Ganancias (es decir, los aprobados durante el mandato de Alberto Fernández) son una afrenta a la igualdad y a la equidad en materia tributaria y, por lo tanto, es necesario volver a un esquema de auténtica progresividad.
Sin embargo, para transitar un camino a la normalización sería ideal no modificar en el corto plazo la situación de aquellos empleados que hoy están afuera del impuesto, sino hacer que suban las alícuotas marginales de quienes obtienen rentas ostensiblemente abultadas.
Un modelo de impuesto
Esta propuesta concreta no debe ser considerada como final, sino como un puente a la normalización del diseño de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Objetivo que se logrará con la implementación de una Reforma Tributaria de fondo.
¿Qué debería modificarse? Por comenzar, tanto la ganancia no imponible como las cargas de familia deberían estar relacionadas directamente con la canasta básica, tal como sucede en otros países del mundo (por ejemplo, Estados Unidos).
Claro que, para eso, primero habría que elaborar un indicador que realmente refleje los gastos que deben afrontar los argentinos. Es decir, debería contener pagos por salud y educación privada, telefonía celular o internet, por citar un puñado.
Respecto a las "cargas de familia", debería establecerse la posibilidad de deducir los gastos de cualquier familiar al que uno asista económicamente. Hoy en día, esto está demasiado limitado y no refleja la realidad de lo que se vive.
Por otro lado, debería considerarse la posibilidad de incrementar considerablemente el límite de deducción por donaciones. Hablamos de abandonar el 5% actual y pasar a un porcentaje mucho más alto, toda vez que las donaciones representan muchas veces un sustituto del rol del Estado.
Cabe indicar que esto último es aún más relevante en tiempos actuales en que el Gobierno desea retirarse del cumplimiento de determinados fines públicos de naturaleza social o comunitario.
También debería tener el concepto de unidad familiar, de modo que permita a una familia presentar una sola declaración jurada en conjunto. Esto permitirá otorgar un plus de justicia al ajustarse a la capacidad contributiva real, asociada a la unidad familiar y no al individuo.
En estos casos, es importante regular el caso de los solteros, divorciados o viudos, a través de la aplicación de tablas de alícuotas con menor progresividad al de los matrimonios o uniones convivenciales (que dividen por dos la renta sujeta a impuesto para luego sumar).
Asimismo, es necesario contemplar (con limites) la deducción de gastos considerados preferentes por otras leyes, como los gastos en educación propios o de cargas de familia, compra de medicamentos (p.ej. de mayores, padres o abuelos), transporte al lugar de trabajo, etc.
Por último, habría que pensar en aplicar alícuotas marginales que lleguen al 50% a quienes realmente posean una capacidad contributiva realmente alta (por ejemplo, el equivalente a US$ 10.000 en adelante por mes, regulando un esquema de retención sobre base proyectada anual). Esto sucede en muchos otros países del mundo desarrollado, por lo que no sería descabellado aplicarlo en la Argentina.
Lo más importante, insisto, es que estos cambios se produzcan dentro de una reforma integral de todo el sistema tributario y que la implementación sea pensada a mediano plazo. De nada sirve implementar transformaciones tan radicales de la noche a la mañana, sin un plan que se adapte a la realidad económica que se vive hoy en día.
