En el Gobierno creen que tendrán los votos para aprobar la llamada Ley Ómnibus. Claro que todo indica que eso será posible si acepta dejar de lado muchas de las iniciativas que contiene el proyecto.
Los votos seguros con los que cuenta son los de los diputados de La Libertad Avanza y los del PRO que pedirían pocos cambios. En el caso del bloque de la UCR la posición predominante es la de aprobar el proyecto en general, pero pedirán que se dejen de lado muchas iniciativas. Los radicales quisieran acordar con el oficialismo un paquete reducido de medidas vinculadas a lo fiscal. En una posición similar está el bloque lidera Miguel Ángel Pichetto. El argumento es darle al Presidente las herramientas para llevar adelante su programa de gobierno, pero limitando sus aristas más conflictivas.
Entre los temas que apuntan a lograr un superávit en las cuentas públicas están las retenciones, el blanqueo, la privatización de las empresas públicas y la suspensión de la movilidad jubilatoria. De todas maneras, parece difícil que los diputados de la oposición que no pertenecen a UxP puedan aceptar esos puntos tal cual están redactados. Así podría aceptarse un debate sobre Aerolíneas Argentina, pero en ningún caso en torno a YPF, el Banco Nación o Arsat. Tampoco se aceptaría dejar la movilidad de las jubilaciones al criterio del Poder Ejecutivo, y la oposición entiende que el piso en ese sentido es la actual ley.
Si el Gobierno pretende avanzar con su proyecto deberá hacer concesiones, dejar de lado varios artículos y no está claro si está dispuesto a ello. Para la oposición dialoguista, los márgenes son estrechos, no quiere aparecer como obstruccionista de un Gobierno que sus bases votaron masivamente en la segunda vuelta, pero tampoco puede ir en contra de sus posiciones históricas, y dejarle todo el campo de la oposición al peronismo.
En los temas políticos e institucionales, los márgenes para lograr acuerdos son menores. Ya quedaron descartados los artículos que se referían a la reforma política. Por otra parte no hay chance alguna de que se le otorguen al Presidente facultades delegadas por dos años con la posibilidad de ampliarlas a cuatro por su propia decisión.
Tampoco le resultará sencillo al Gobierno lograr que apruebe la Ley Ómnibus dentro del período de sesiones extraordinarias y probablemente deba ampliarlo hasta mediados de febrero.
