El gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota en la Cámara de Diputados y se vio obligado a devolver a comisión el dictamen de la Ley Ómnibus. Desde la Casa Rosada no insistirán con su tratamiento, por lo que comienzan a evaluarse nuevas estrategias para dar paso a las reformas que pretende.
De esa manera, se evalúa la posibilidad de emitir decretos, enviar algunos capítulos como leyes separadas e incluso convocar a un plebiscito.
El foco en los números
El analista político y director del Observatorio Electoral Consultores y Roger Data, Julio Burdman, planteó que ahora Milei tiene dos caminos por delante.
El primero es insistir con la Ley Bases, "reenviándola, partiéndola, o buscando acuerdos con la oposición dispuesta a negociar, porque se evidenció que el Gobierno no está tan solo con la votación en general". Si LLA logra una alianza de gobernabilidad, entonces podría tratar todos los temas a lo largo de los próximos años, dado que su agenda legislativa es de mandato completo.
El otro camino es "circunscribir su gobierno a la administración macroeconómica que puede hacer el Ejecutivo con las herramientas que tiene". En esa línea, Burdman mencionó la administración del Presupuesto, el funcionamiento de la administración pública, la coparticipación de impuestos sin hacer grandes modificaciones, etcétera.
"Sería un gobierno limitado, lo cual no es incompatible con las ideas de Milei sobre lo que el gobierno debe ser", definió el analista.
Por otro lado, el analista político y expresidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, sentenció que el "escenario actual es de mayor confrontación con el conjunto de la dirigencia política que denomina la casta, pero muy focalizado en lo que podrían ser sus socios". Entre esos potenciales aliados se destacan los sectores del radicalismo y el bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto.
"Parece que la estrategia es reforzar la austeridad fiscal con un ajuste enfocado en las provincias", agregó Marangoni. Y enfatizó en el mensaje del Gobierno que señala que no es necesaria la Ley Ómnibus ni su capítulo fiscal para alcanzar el equilibrio presupuestario.
Por eso, el oficialismo se enfocará en los números, "dejando trascender que podrían no enviar por muchos meses ningún tipo de proyecto al Congreso y seguir adelante con las herramientas de las que dispone el Poder Ejecutivo", aseguró el analista.
Eso generaría más estrés en la relación entre el Presidente y el Legislativo, al tiempo que aumentaría las incertidumbres respecto al proceso político.
El respaldo de la ciudadanía
El politólogo y director de PulsAR, Augusto Reina, planteó que el resultado de la Ley Bases evidenció que el "balotaje crea una ilusión de mayoría en el Ejecutivo Nacional, una percepción que puede llevar a confundir el respaldo electoral contingente con el apoyo a las decisiones políticas del gobierno".
El analista expresó que el Gobierno aún no alcanzó el punto de no retorno con esta ley, pero que se enfrenta al histórico problema de la coalición no peronista, el cual "radica no tanto en la vitalidad de sus ideas, sino en la volatilidad de su apoyo, marcando una dicotomía persistente entre la estabilidad ideológica y la flexibilidad circunstancial".
Por eso, Reina sostuvo que el oficialismo deberá "replantear su estrategia legislativa y reconsiderar la táctica confrontativa con sectores cercanos, pero seguir defendiendo las consignas respaldadas por sus votantes".
"Un presidente débil en el legislativo, pero no puede permitirse ser débil en la opinión pública", sentenció. Para LLA será fundamental mantener el respaldo de la ciudadanía mientras fortalece su posición en el Congreso.
Confrontación con "la casta"
Miguel De Luca, Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, argumentó que "el Gobierno entiende que la ciudadanía le confirió un mandato para ejecutar su programa y que el Congresono puede interponerse en el cumplimiento de sus propuestas ni plantear alternativas para negociar".
Por ese motivo, LLA continuará con la misma estrategia: "confrontar con los legisladores, evitar la intervención de diputados y senadores en las nuevas medidas y presionar a los gobernadores para que indiquen a sus congresistas afines que deben votar sin cambios las iniciativas de la presidencia", explicó el analista.
Una de las posibilidades previstas por De Luca es la consulta popular, a la cual se refirió diciendo que es "muy del gusto del gobierno, porque es una elección por sí o por no, a todo o nada, que puede plantearse como una votación 'el pueblo contra la casta'".
Sin embargo, sus costos son demasiado altos "por la logística para votar y para llevar adelante una campaña, por el carácter no vinculante de la consulta y por el riesgo de derrota".
En cuanto a la escalada en la confrontación entre poderes, el politólogo planteó que "en América Latina es muy común que presidentes outsiders, con una orientación ideológica extrema y en minoría en el Congreso, denigren públicamente a los parlamentarios".
Esto da lugar a la erosión de la política democrática y de la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual "abre las puertas a un escenario de confrontación directa que, en sus variantes extremas, deriva en un juicio político al primer mandatario o en el cierre del congreso por el presidente", concluyó De Luca.
