Por Carlos Leyba
No hay decisión que no tenga consecuencias. Nuestra Argentina está ganada por la suposición de que las decisiones públicas cambian la realidad a deseo y que no tienen probabilidad de consecuencias de sentido contrario.
Ante la ausencia de análisis de las consecuencias, en la Casa Rosada, se estaría considerando crear un ministerio para estimar las de las nuevas normas. El “dictamen”, que debería ser previo a la aplicación, trascendió que sería elaborado por un equipo interdisciplinario ad hoc.
Se señalaron algunos ejemplos. Entre ellos, la decisión que, al comienzo de la pandemia, otorgó arresto domiciliario a detenidos por delitos leves en riesgo sanitario. Abrió la puerta para 2.300 reclusos.
Esas decisiones puede que sean ajustadas a derecho pero “nadie sabe a quién se liberó y dónde están” (Sergio Berni). La Suprema Corte bonaerense revisó esa decisión, pero hechos negativos ya habían ocurrido.
El “nuevo ministerio” analizaría las consecuencias. El juez debería ponderarlas y podría insistir o no, o modificar su resolución.
El dictamen sólo obliga a hacerse cargo de las consecuencias. Ejemplos en materia penal, laboral, civil o comercial, se cuentan por miles. El pago de una indeminzación justa y de acuerdo a derecho, puede conllevar a la quiebra de la empresa y a la pérdida de 10 puestos de trabajo. El acto de justicia es claro. Las consecuencias, evaluadas por el equipo multidisciplinario, también lo serían.
Tomemos el caso de la educación y la pandemia. Cerrar el proceso escolar fue consistente con que “la única vacuna es la cuarentena”. Nadie lo discutía. Hoy, la oscilante OMS dice que “no hay que cerrar las escuelas”. La no presencialidad produce “consecuencias” (en los niños, familias, docentes y en la organización social) previsibles para los expertos. Pero hoy no existe el método para que sean necesariamente consideradas por quien decide.
En el Ejecutivo esos problemas se habrán evaluado pero, seguramente, bajo la óptica de la respuesta inmediata al problema que la motiva. Esa dinámica tiende a neutralizar lo “lateral”. Esa no consideración hace acumulativo el efecto de “consecuencias no previstas, no deseadas y no compensadas”.
El Ministerio de las Consecuencias habría diseñado el mapa de modo que se puedieran morigerar los efectos negativos.
La cuarentena escolar nos va a enfrentar al incremento de las diferencias educativas, derivadas de las sociales. También vamos a sufrir impactos en la disponibilidad de organizaciones escolares de gestión privada que pueden haber sucumbido y el deterioro de las organizaciones educativas de gestión pública.
Al respecto, aumentado por los efectos soporíferos de la comunicación digital a las reacciones de los padres, cabe mencionar que en la provincia de Buenos Aires, se entregan cuadernillos, con respuesta obligatoria, a niños de 8 años que deben comentar la historia de Tarzán, que ahora es mujer; y la del Príncipe Azul, que se convierte en Príncipe Rosa y la de Cenicienta que, en la versión Axel Kicillof, se pone de novia con otra nena. ¿Todas las consecuencia de estas propuestas pedagógicas están analizadas por profesionales acreditados por su trayectoria? ¿Cómo imagina Axel la reacción de padres ante propuestas que, como mínimo, enseñan a mentir sobre los cuentos de Tarzán, El Príncipe Azul o la Cencienta?
Contar, antes de la puesta en práctica, con el análisis independiente y multidimensional de las consecuencias posibles ayudaría a ajustar la decisión.
Conociendo las consecuencias toda decisión será, probablemente, más sabia.
Otro ejemplo más contundente por las consecuencias catastróficas ha sido la liquidación del sistema ferroviario. No hubo voces audibles que se enfrentaran y, eso sí, intereses miserables que apañaron esa decisión que triplicó el costo de transporte. Si hubiera existido el dictamen obigatorio del Ministerio de las Consecuencias, seguramente habría habido reacciones en lugar del silencio de los gobernadores, productores, trabajadores.
Esa decisión fue una expresión más de la íntrinseca frivolidad del menemismo. Sin embargo, Arturo Frondizi, a quien todos le asignamos un nivel intelectual y político inimaginable en las huestes del riojano, empezó el desguace del sistema porteño de tranvías (llegaba a Lanús, Quilmes, etcétera), lo que terminó en 1962. Hoy el tranvía es “signo de la modernidad ecológica” en las grandes ciudades europeas. Aquí y ahora mal lo imita el MetroBus de Horacio R. Larreta.
En ambos casos, el ministerio, del que hay run run en la Casa Rosada, habría puesto al desnudo los enormes costos y escasos beneficios de esas decisiones.
Finalmente el terreno de la legislación. Ejemplo: la reforma de 1994 de la Constitución. Muchas inclusiones, por ejemplo tratados internacionales, hablan de la liviandad con la que se incorporaron artículos a la Carta Magna. Pero si hubieramos tenido en funcionamiento el Ministerio de las Consecuencias nos habríamos evitado el martirio de las elecciones cada dos años y el ciclo de cuatro años con opción a reelección. Fue una inspiración de la reforma de la Dictadura de la Revolución Argentina que sostenía que los seis años eran dificiles de cumplir. Un análisis multidimensional habría expuesto las mútiples y nefastas consecuencias de las elecciones, generalmente reelecciones, cada dos años, en todos los órdenes y en particular del diseño de una política de gobierno.
El daño ha sido enorme y, por ser constitucional, casi irreparable. Un dictamen “pari passu” podría haber advertido lo que los juristas, inspirados en sesudos textos del constitucionalismo harvardiano, no pudieron advertir y por eso nos condenaron a este aquelarre de gobiernos de solo un año y el otro dedicado a la campaña.
Cito “la ley de incendios forestales”. La intención es detener los incendios destinados a “habilitar inmuebles” para convertirlos en proyectos inmobiliarios o bien a la quema de bosques naturales para tareas agrícolas. Ese es el sentido de la norma.
Absoluta coincidencia con la intención. Más allá que nada están haciendo gobernadores, y autoridades nacionales, que han permitido la tala de millones de hectáreas de bosques naturales para la explotación agrícola.
¿Ha sido realizado el análisis objetivo de las consecuencias de esta ley, por ejemplo, para los incendios accidentales o provocados, lo mismo da, que arrasan con la explotación vecina? Al fuego no lo detiene el alambrado y lo que fue una infraestructura para producir desaparece. La naturaleza demora años en reconstituir lo que el fuego arrasó, pero la infraestructura no vuelve. La ley, ¿incentiva acaso la reconstrucción de ese capital destruído o, por el contrario, lo impide? Comparto el espíritu de la ley pero no parece que “las consecuencias” hayan sido analizadas por el legislador.
Respecto del impuesto a la riqueza, más allá de la imperiosa necesidad de aplacar el déficit fiscal y paliar las necesidades agobiantes que ha añandido la cuarentena, el proyecto impone una contribución progresiva al que tiene un activo de más de $200 millones cualesquiera sean los bienes que lo componen: plata líquida en el exterior, mansión en Punta del Este, taller de forja en Berazategui, si es un “contratista” para silos, etcétera. Todo es igual. ¿Es así? Pero si el contribuyente tiene $190 millones no paga. Y si el propietario de ese activo es de nacionalidad argentina, ganó ese dinero en la Argentina, muchas veces gracias a una concesión del Estado argentino, pero el gaucho tiene domicilio fiscal en el exterior y puede tener, y hay casos, más de US$ 1.000 millones en el buche, no pagará un centavo.
