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Cannabis en Argentina: entre el pato y el relato

Mientras Ariccame siga prometiendo el uso recreativo sin siquiera contarle a la sociedad las bondades del cáñamo y mientras el Estado no proporcione las condiciones para la inversión, muy difícilmente podamos crear 5.000 empleos y mucho menos exportaciones por US$ 10.000 millones.

Cannabis en Argentina: entre el pato y el relato
José Pizarro 06 julio de 2023

Quienes participan, o intentan participar de la industria del cannabis, del cáñamo y de sus productos derivados, continúan aguardando la reglamentación de la Ley Marco 27.669 para poder avanzar con sus planes de inversión. Muchas de esas inversiones ya han comenzado a pesar de contar con un endeble marco regulatorio, en el plano local, pero también internacional. Además, como si fuera poco, el principal inversor en la República Argentina es el propio Estado, con la empresa estatal de la provincia de Jujuy a la cabeza, pero muchas otras iniciativas más, al tiempo que las más grandes empresas privadas de los principales mercados continúan lidiando con monumentales dificultades financieras. 

En su última declaración pública sobre el tema -6 meses atrás-, el flamante presidente de la Ariccame, Francisco Echarren, afirmó con contundencia: "Si nos va bien en la agencia, el cannabis de uso adulto legal será una realidad". Asimismo se animó a declarar sobre las proyecciones que tienen desde el gobierno de la siguiente manera: "US$ 10.000 millones en 10 años, siendo conservadores, por exportación. En fuentes de trabajo estimamos sumar 5.000 nuevos puestos en el primer año, la mayoría jóvenes". 

Si fueran declaraciones de campaña, vaya y pase, pero cuando un funcionario público en razón de sus funciones hace una declaración a los medios de comunicación no lo hace a título personal, sino que adquiere entidad institucional como titular del organismo que representa, y esas palabras marcan una postura oficial sobre el tema. 

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Francisco Echarren, presidente de la Agencia Nacional de Cannabis.

Llama poderosamente la atención, cuando se analiza el contexto internacional, la positividad que mantuvo el gobierno argentino durante los últimos 3 años en comparación con lo que sucede en el mundo, pero más llama la atención que si ellos mismos se creen lo que dicen, que no hayan reglamentado la ley todavía.

Es cuestionable por lo menos la irresponsabilidad de tamañas promesas para no hacer nada, hasta ahora lo único que han logrado objetivamente en relación al nuevo marco, es crear una nueva agencia, nombrar su directorio, crear más de una veintena de empresas públicas bajo un régimen simplificado, anterior a la sanción de la Ley 27.669, en el marco de "Proyectos de Investigación y Desarrollo" autorizados por el Ministerio de Salud y estimular, bajo el mismo marco legal, a otra veintena de iniciativas público-privadas financiadas por empresarios hoy, en ciertos casos, desencantados por la inacción.

El sector del cannabis y sus derivados resulta complejo por su fuerte vinculación con el uso recreacional de la planta, que no sólo incluye aspectos legales/normativos, sino también sanitarios y sociológicos, menester de una necesaria regulación estatal por su implicancias en la salud y en la comunidad, como tal es en el caso del tabaco y del alcohol. La veta medicinal, sustanciada en numerosas investigaciones médicas, es menos controversial ya que ha demostrado con creces su eficacia y es avalada por la gran mayoría de los profesionales de la salud: en Argentina se estima que 8 de cada 10 médicos la prescribirían,  pero como involucra a la salud, también debe ser regulada su comercialización por el Estado en cuanto a la responsabilidad subyacente al uso de cualquier otro medicamento prescrito por un profesional. 

El cáñamo industrial es el tercer eje a considerar dentro del sector, pero que cuenta con sustanciales matices respecto de los otros dos. Ya en la Convención Única de Estupefacientes, en su artículo 28, apartado 2, dispuso: "2. La presente Convención no se aplicará al cultivo de la planta de la cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas." 

El término cáñamo se emplea para todas aquellas variedades de la planta cannabis sativa, con una tolerancia, medida en un determinado porcentaje, suficientemente insignificante de THC como para incidir en la salud humana. Ese porcentaje no es una convención científica sino normativa. En el caso de Estados Unidos, a raíz de la reforma agraria del 2018, lo estableció en 0,3%, Uruguay lo estableció en 1% y conforme a trascendidos periodísticos, el borrador de la reglamentación de Argentina también lo fijará en 1%. Estas diferencias son enormes a lo que al negocio se refiere. Si la tolerancia la fijamos en ese 1% de THC dejaremos a los productos de cáñamo nacionales fuera de lo que Estados Unidos considera cáñamo y perderemos la oportunidad de comercializar dichos productos en ese país, pero por contrapartida, la producción de cáñamo nacional será mucho más eficiente que la producción norteamericana. Hay una fuerte presión del sector del "hemp" en EE.UU. para elevar el umbral de tolerancia del THC en el cáñamo al 1%.

Primera cosecha experimental de Cáñamo industrial en Argentina por la empresa Industrial Hemp Solutions (IHS) en Ferré, Chacabuco y Balcarce.
Primera cosecha experimental de Cáñamo industrial en Argentina por la empresa Industrial Hemp Solutions (IHS) en Ferré, Chacabuco y Balcarce.

Es imperativo coordinar acciones con las expectativas y, principalmente, no sesgar la escasa información de mercado para no confundir. Porque de ésta manera no sólo nos privamos de la oportunidad de participar en el principal conglomerado de consumidores del planeta, sino que tampoco estamos haciendo nada para estimular un cuasi nulo mercado local.

Uno de los grandes problemas del sector es la comunicación, no sólo por las limitaciones en las principales plataformas digitales sino por la falta de coordinación de los mensajes. Una posible causa puede ser el efecto de cola de la época prohibicionista de la cual surgieron grandes movimientos pro-legalización del cannabis, quienes siempre abogaron por la parte recreativa y en menor medida, a las organizaciones de la sociedad civil que abogaban por soluciones naturales a las diferentes patologías médicas. Esto derivó, en países como Argentina, a asimilar todo como una misma cosa. Especialmente en el colectivo imaginario de la sociedad sustentada en el abrumante aparato de comunicación de Estados Unidos que durante más de 90 años demonizó a la planta. 

En las estrategias de gestión de intereses/lobby suelen utilizarse varias herramientas complementarias al petitorio puntual hacia los "lawmakers". Una de ellas, denominada "advocacy", que podemos definir como una forma social de abogar o diligenciar ante los organismos públicos y privados el cumplimiento de compromisos que beneficien a la generalidad de la población o a una gran proporción de la sociedad ejerciendo cierta presión para que actúen en tal o cual sentido.

En el caso de Argentina, podemos visualizar dos grandes grupos de "advocacy" en el sector. Por un lado, las masivas marchas pro-legalización con gran cobertura mediática y otro grupo más del estilo "mesa chica" que gestiona intereses generalizados de una manera que sólo quienes participan conocen sobre las negociaciones. Éste último está compuesto por funcionarios, profesionales de la salud, emprendedores y empresarios, pero por la naturaleza de esas reuniones, no llegan a los medios de difusión para generar presión sobre las autoridades, contribuyendo a fomentar en el grueso de la sociedad otras perspectivas por fuera del uso recreacional que domina en la opinión pública.

Es muy importante homogeneizar estrategias para llegar a la mayor parte posible de la sociedad a través de información y mensajes claros sobre las posibilidades que brinda el cannabis como un motor de desarrollo. Mientras la Agencia Regulatoria siga prometiendo el uso recreativo sin siquiera contarle a la sociedad las bondades del cáñamo para la industria, mientras el Estado no proporcione las condiciones para la inversión privada, muy difícilmente podamos crear 5.000 empleos en un año y mucho menos exportaciones por US$ 10.000 millones en 10 años. Mientras no haya claridad, el pato lo pagaremos entre todos.

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