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Se retrae la incipiente industria cannábica uruguaya

El trasfondo es, según los empresarios, una regulación que no avanzó al ritmo de los negocios y niveles de competitividad deteriorados.

05 julio de 2023

La inauguración de la planta de procesamiento de cáñamo medicinal de la compañía canadiense Boreal, en el departamento (provincia) uruguayo de Salto, vecino de Entre Ríos, en setiembre del 2020, tuvo el protocolo habitual para las grandes inversiones o aquellas que las autoridades, con su presencia, quieren impulsar por tratarse de un rubro especial. 

Además del mandatario oriental, Luis Lacalle Pou, participaron en el corte de cinta el ministro de Industria, Omar Paganini y la embajadora de Canadá.

Pero poco más de dos años y medio después ese emprendimiento, que llegó a emplear a unos 500 trabajadores en su mejor momento, cerró y enfrenta reclamos laborales por salarios impagos y despidos. 

El caso de Boreal es el más sonado por estos días, aunque no el único en un rubro que perfilaba con grandes expectativas hasta ahora solo cumplidas a medias. 

Según un reciente informe del diario El Observador de Montevideo, han quebrado al menos cuatro empresas del rubro cannábico, más chicas que la canadiense, mientras que Selenio Nueve está en serios problemas. 

El trasfondo es, según los empresarios, una regulación que no avanzó al ritmo de los negocios y niveles de competitividad deteriorados, un factor que viene golpeando a prácticamente toda la canasta exportadora uruguaya. 

Diez años atrás Uruguay reguló por ley su mercado interno de cannabis habilitando la comercialización en farmacias a usuarios registrados, así como la producción y consumo en clubes. Entre 2014 y febrero pasado otra ley y varios decretos permitieron el cultivo, cosecha e industrialización de cáñamo para uso textil, automotriz, alimentos, etcétera, así como las actividades con fines medicinales o de investigación científica. 

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Según el Instituto Uruguay XXI, el ecosistema local del cannabis se compone de 102 emprendimientos y emplea a 900 personas de manera directa

Según un informe del gubernamental Instituto Uruguay XXI de promoción de las exportaciones y las inversiones difundido en abril, el ecosistema local del cannabis se compone de 102 emprendimientos y emplea a 900 personas de manera directa. En 2022 la producción con fines medicinales totalizó 15,7 toneladas y se exportaron 16 toneladas por US$ 5,3 millones, una caída de 35% respecto al año previo. El 83% fueron flores para uso medicinal que se dirigieron principalmente a Portugal, Alemania, Israel y Canadá. 

En marzo pasado había un stock de 42,5 toneladas del cannabis.

La agencia gubernamental planteó una visión optimista sobre el rubro desde su origen: "Uruguay evidenció un fuerte impulso en la industria del cannabis como resultado de un marco regulatorio pionero en el mundo, que permitió el desarrollo de un nuevo ecosistema empresarial en el país con la aparición de un importante número de emprendimientos, la instalación de empresas extranjeras y la creación de nuevos puestos de trabajo en diversos rubros y actividades de la economía". 

Pero eso contrasta con el alicaído estado de ánimo de los empresarios del rubro al evaluar el momento actual del negocio. 

Aunque la demanda del mercado internacional es alta, las limitaciones regulatorias para el acceso al cannabis medicinal y la falta de competitividad han dificultado la comercialización, señaló Andrea Kruchik, vocera de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal de Uruguay, citada por El Observador. "Es imposible competir", sostuvo, y comparó: "Mientras a Uruguay le cuesta US$ 2 producir y colocar una flor de cáñamo, en Europa se puede llegar a vender a US$ 1,4, a Sudáfrica le cuesta US$ 1 —con empaquetado final— y a Colombia centavos de dólar".

El argentino Facundo Garretón, con inversiones en la industria cannábica uruguaya YVY Life, lamentó la "burocracia estatal" y la "lentitud para tomar decisiones" de política, lo que según él ha generado obstáculos para el desarrollo del rubro. 

Otra restricción que frena el crecimiento del negocio es, según algunos especialistas, el requisito para las empresas que invierten en el sector de acreditar el origen de los fondos e identificar a sus inversores, accionistas y beneficiarios finales para acceder a las licencias de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay. 

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