La industria del cannabis empieza a hacer pie en Argentina a base de inversiones y, sobre todo, de expectativas.
Porque no son pocos los que hablan de un supuesto "oro verde", de rentabilidades extraordinarias, de un mercado por explorar pero que tiene enorme potencial tanto para exportación como para el mercado interno. Sin embargo, la realidad es un tanto menos utópica y, si bien es real que existen grandes posibilidades a partir de la cantidad de usos del cannabis, el escenario resulta complejo, especialmente por la falta de regulación.
Según la ley 23737, esta planta está considerada un estupefaciente prohibido, por lo que fue necesaria una nueva ley que planteara una excepción. La 27350, de 2017, se sancionó tras una importante presión de parte de asociaciones civiles, y fue la que habilitó la investigación del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico. Le siguió el decreto 883 de 2020, que amplía el alcance y permite la formulación de especializaciones médicas y fórmulas magistrales de productos con cannabis bajo receta e indicaciones de un médico.
Y, finalmente, la ley 27669, del año pasado, que debería regular el desarrollo de esta industria en particular.
Sin embargo, a más de un año de su aprobación, aún no se encuentra reglamentada, por lo que buena parte de la actividad se encuentra en una suerte de limbo: con una altísima regulación, porque la producción destinada a tratamientos médicos es una actividad exceptuada de la prohibición general. Pero, al mismo tiempo, el mercado local es mayoritariamente informal justamente porque no hay normativa de producto ni regulación para que se dediquen emprendedores.
Lorena Drewes, consultora del Consejo Federal de Inversiones y miembro del equipo que elaboró el proyecto de esta última ley, explica que las reglas de juego del sector no están reguladas, por lo que es difícil estimar la rentabilidad y, más aun, hablar de "oro verde".
"Al no estar reglamentada la ley, hoy un actor no tiene un circuito administrativo, no sabe los requisitos, por ejemplo en seguridad. Igual con la trazabilidad, que te daría una idea de costos. Hablar de valores es adelantarse mucho".
También destaca que las aplicaciones son casi infinitas en, por ejemplo, elaboración de medicamentos, fibras o aditivos en alimentos, "pero la situación todavía es incierta".
Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann), dice que los plazos para la reglamentación están vencidos desde noviembre.
"La ley establece un sistema de licencias muy similar al resto de los países del mundo para regular esta actividad. Es un paso enorme, pero falta entender los detalles que hacen la diferencia entre cosas posibles e imposibles. Falta conocer las condiciones para acceder a una licencia, qué tipo de impuesto o de tasas se van a aplicar. Falta mucho, por no decir que falta todo. Sin reglamentación no hay acceso a licencia, sólo una bonita expresión de deseo", explica.
Pero, por fuera de esta normativa que va a regular la actividad en sí, la aprobación de los productos finales depende de distintos organismos. Por ejemplo, para productos medicinales interviene Anmat y, para uso veterinario, el Senasa. La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), creada a partir de la ley 27669 facilita que se establezcan regulaciones de estos organismos.
Desde Medara, empresa que provee cannabinoides y terpenos, Juan Giribone explica que hay un marco regulatorio que permite una mayor oferta de, por ejemplo, productos cosméticos, pero también en medicinas para tratar la epilepsia, el síndrome de Lennox-Gastaut o para tratamientos oncológicos.
- El Cannabidiol (CBD), químico de la planta Cannabis sativa, es también un gran hidratante y antiinflamatorio, por lo que se utiliza, por ejemplo, para recuperación postdeportiva y ha sido autorizado por el Comité Olímpico Internacional. "Es una gran oportunidad para laboratorios, para droguerías y para farmacias. Con la legislación que hay en cosmética y con la nueva categoría de producto vegetal derivado del cannabis, creada por el Ministerio de Salud, se puede producir más. Pienso que hay cada vez menos tabú, los laboratorios miran lo que sucede fuera de Argentina y están interesados. Lo que falta es tiempo".
Por otro lado, las normativas que aplican en el mercado internacional son excesivamente rigurosas y difíciles de sortear en muchos casos. Esto ha implicado que numerosas empresas en países como Colombia y Uruguay invirtieran en base a grandes expectativas que estuvieron lejos de cumplirse.
Por eso Fazio habla de la posibilidad estratégica desde la transformación en alimentos, en productos farmacéuticos y de consumo que tengan, primero, un lugar en el mercado local, para que después se exporten: "se necesita crear un mercado interno, no ver al cannabis como la próxima soja, como una fuente de ingreso de divisas inmediata. Apostar por los emprendedores y por la innovación, desarrollar valor agregado e incorporar al CBD y al cáñamo en el código alimentario. Si apostamos por la primarización, por el 'oro verde', para mí nos estamos equivocando".
En ese sentido, es importante ver los antecedentes. Como explica Giribone, en Uruguay no existió una gran demanda local y hubo sobreproducción hasta que lograron exportar a Suiza en pequeñas cantidades, mientras que en Colombia se otorgaron muchas licencias sin tener en claro a quién le iban a vender la producción. Se especuló mucho y se llegaron a revender licencias. "Eso hay que tenerlo en cuenta acá, que no se revenda, que no se arme un negocio con esa autorización. Que el que se meta en el sector sepa a quién se le va a vender, ver los requerimientos de cada sector, certificar procesos productivos para el mercado europeo, como certificación en buenas prácticas agrícolas y manufacturas. Así se puede cumplir con ese estándar. Pero eso no está muy avanzado", dice.
De todas formas existe un gran potencial, hay investigaciones de parte de organizaciones públicas y privadas así como de universidades nacionales, del Conicet y del INTA para incentivar nuevos desarrollos, por ejemplo, en cuanto a fitomejoramiento.
En algunos casos, el INTA tiene una participación protagónica porque se planta en sus propios predios. Drewes explica que, además, hoy ya hay semillas nacionales registradas en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), pero que también puede solicitarse autorización para importar: "En general, para los proyectos más grandes se trabajó con semillas de origen colombiano o de Europa".
En términos generales, existen grandes dificultades para salir con un producto a un mercado signado por la prohibición y pasar a un mercado con todos los ajustes será un proceso paulatino y progresivo. Los volúmenes transanccionados continúan siendo sumamente marginales y no se puede considerar al cannabis en la categoría de commodity, como el trigo o la soja o el maíz.
Con el decreto 883 de 2020, se comenzó a otorgar autorización a algunos privados, sin embargo continúa siendo dificultoso, tanto para un privado como para una organización civil, acceder a licencias. "En un país como Argentina, donde hay una agenda interminable de temas pendientes, que el Estado se ponga a producir cannabis por lo menos me llama la atención", opina Fazio.
Entonces la pregunta obvia es si realmente existe voluntad política para desarrollar esta industria, considerando las dificultades para acceder a licencias y que la ley, promulgada a partir de los reclamos de sectores civiles, ni siquiera se ha reglamentado. Incluso hasta ahora el know how parte de productores privados extranjeros, de Canadá, Israel o Estados Unidos, así como de cultivadores desde la ilegalidad y de gente que se formó desde la militancia.
Si bien no se trata de "oro verde" ni implicará una extraordinaria e inmediata fuente de divisas, la industria del cannabis tiene un potencial enorme, tanto en términos económicos como sociales, para numerosos tratamientos. Pero se necesita tiempo y, sobre todo, la voluntad política para fomentar proyectos, desarrollo y para no caer en expectativas exageradas.
