La media sanción que le dio su Congreso a la reasignación de parte de lo recaudado por un gravamen a las exportaciones de carne y derivados, vigente desde hace años, derivó en Uruguay en un debate político con alusiones a Argentina: organizaciones del campo y algunos funcionarios del Gobierno lo interpretan como una "detracción al estilo kirchnerista".
El artículo 420 del proyecto de Rendición de Cuentas -una ley presupuestal para 2023 y 2024-, votado a mediados de agosto por la Cámara de Diputados, estableció que el estatal Banco República le transferirá al Tesoro el 0,1% del precio FOB neto de exportaciones de animales bovinos y ovinos, menudencias, productos y subproductos relacionados, es decir una parte de un gravamen ya vigente que es de 0,6%. Luego, ese dinero -estimado en US$ 2 millones anuales- que hoy recibe el Instituto Nacional de Carnes (INAC, una agencia gubernamental de promoción del rubro), pasaría a reforzar programas de ciencia, investigación y educación, áreas que algunos legisladores consideraron relegadas en esta discusión presupuestal anual. Esta reasignación fue incorporada durante la discusión legislativa tras una negociación política.
El asunto, que ahora está en manos del Senado, pasó sin ruido hasta esta semana. El Movimiento "Un Solo Uruguay", que nuclea a empresarios rurales y otros sectores sociales, interpretó el artículo como un "impuesto a la exportación" o una "detracción" al agro como las que aplica el kirchnerismo en Argentina. Otros voceros gremiales del campo manifestaron su rechazo, con la caja de resonancia que le dio la Expo Prado, una tradicional feria agropecuaria organizada anualmente en Montevideo por la influyente Asociación Rural del Uruguay y que abrió sus puertas el pasado fin de semana.
"Pésima señal"
Se generó, además, una reacción desde el Poder Ejecutivo. "Esto es claramente una detracción" y constituye una "pésima señal" y un mal antecedente en Uruguay, sostuvo en la radio local Carve el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos. El funcionario adelantó que irá la próxima semana al Congreso para tratar de frenar la reasignación de recursos.
Estrictamente, lo previsto en el artículo 420 no modifica la carga que recae sobre las exportaciones cárnicas, sino que reasigna el destino de una parte (el 0,1% del 0,6% total). Pero lo recaudado, en lugar de ir a actividades de promoción de ese sector a través del INAC, terminará, parcialmente, con un fin distinto. Y la preocupación mayor de empresarios ruralistas y algunos jerarcas orientales es que el cambio planteado convalide la idea de que el campo es un sector privilegiado que goza de buenos precios internacionales, y que es capaz de sostener propósitos redistributivos.
"Esto fue simplemente un error en la búsqueda de dineros necesarios para financiar otras actividades. Se mira erróneamente al sector agropecuario y se cae en cosas en las que no hay que caer", afirmó este lunes en el diario El Observador el presidente del INAC, Conrado Ferber. "En Uruguay esto no ha pasado, no debería pasar. Espero que esto sea solucionado en el Senado", agregó ese jerarca.
En los primeros ocho meses de este año las exportaciones de carne bovina tramitadas sumaron US$ 1.831 millones, un 19% del total y disputándole cabeza a cabeza la cima del ranking por rubros a la soja (US$ 1.850 millones), según datos del oficial Instituto Uruguay XXI.
