Por Paolo Rizzo Economista
Bruselas- Era el 23 de enero pasado cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, declaró asumir la Presidencia Interina del país. Pareció ser el comienzo de una nueva etapa. Apoyado por Estados Unidos, Guaidó se presentaba como el hombre capaz de derrocar al régimen chavista y convocar elecciones regulares.
En pocos días, más de 50 gobiernos lo reconocieron como Presidente de Venezuela: entre ellos once países del Grupo de Lima, Europa y Estados Unidos. El mundo se movilizaba en enviar donaciones y organizar eventos en la frontera entre Colombia y Venezuela. El régimen chavista parecía estar al borde del colapso.
Pero, contra todo pronóstico y a casi un año después, Nicolás Maduro sigue siendo el inquilino del Palacio de Miraflores. Respaldado por las Fuerzas Armadas y por el presidente ruso, Vladimir Putin, el régimen ha reprimido las demostraciones con la violencia. Según el chavismo, entre enero y mayo 2019, los muertos en las protestas habrían sido 29 mientras para el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OCVS) fueron 66. Mientras tanto, las organizaciones internacionales denuncian el uso indiscriminado de la violencia de los cuerpos policiales. Si bien el chavismo calcula que, en los primeros meses del año, los fallecidos por “la resistencia a la autoridad policial” fueron 1.569, el OVCS calcula fueron 2.124.
Contrariamente a otros países latinoamericanos, la violenta respuesta a las protestas ha consolidado el poder del régimen. Hoy en día, el chavismo sigue dirigiendo la economía ejerciendo el control de la cada vez más escasa producción de petróleo. El 2019, que parecía ser el año del cambio, se ha convertido en el peor año para Venezuela. La economía se encuentra en caída libre, el drama social se ha agudizado y la crisis política está lejos de solucionarse.
El PIB, que se había reducido a un promedio anual del 17% entre 2016 y 2018, en 2019 se ha desplomado un ulterior 35%. Entre 2015 y 2019, el PIB per cápita de Venezuela ha pasado de US$ 10.500 a US$ 2.500. La tasa de desempleo se ha disparado hasta el 35%. El déficit fiscal para 2019 será del 30% mientras entre 2015 y 2018 fue, en promedio, del 13%. El Estado se ha visto obligado a imprimir moneda para poder financiar su enorme déficit. La consiguiente inflación fue de 65.000% en 2018 mientras para 2019 será de 200.000%: es decir, en los últimos doce meses los precios se han duplicado cada mes.
La hiperinflación ha erosionado el poder de compra y devaluado el salario mínimo. Según Cáritas, en mayo se necesitaban 30 salarios mínimos mensuales para comprar la canasta básica alimentaria. Un decreto de octubre ha fijado el salario mínimo mensual en 150.000 bolívares, el equivalente de US$ 8. Pero la continua devaluación del bolívar hizo que hoy, a dos meses del aumento, el valor del salario mínimo mensual sea de US$ 3. El mismo decreto ha actualizado el monto de las pensiones de la administración pública y del “cestaticket socialista”, el beneficio de alimentación introducido en 2015. Sus valores han sido equiparados al equivalente del salario mínimo mensual. Es decir que hoy una parte consistente de la población vive de facto en condición de pobreza extrema.
La emergencia social es tan grave que las Naciones Unidas dice que hay una crisis humanitaria. En ausencia de estadísticas oficiales, los datos sobre la pobreza están difundidos por universidades, ONG e instituciones internacionales. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizadas por universidades del país, el 91% de la población se encuentra en estado de pobreza. Según Cáritas, tres de cada cinco hogares buscan los alimentos en la calle. Por otro lado, la última encuesta de las Naciones Unidas reporta que sólo un hogar de cada tres tiene acceso diario a agua, que 3,7 millones de personas se encuentran en estado de malnutrición y se registra una escasez de medicinas y métodos contraceptivos.
En fin, contrariamente al resto de Latinoamérica, en los últimos años la mortalidad infantil ha aumentado. Según Cáritas, una de las causas sería la desnutrición aguda de la cual sufre el 40% de las mujeres embarazadas. Frente a estos datos no sorprenden los números del éxodo venezolano. Un informe de la agencia de la ONU para los Refugiados estima que más de 4,5 millones de venezolanos salió del país desde 2015. El 80% de ellos se ha refugiado en países de Latinoamérica. Se trata del éxodo más grande de la Historia del continente. En particular se calcula que 1,4 millones de venezolanos migraron a Colombia, 870.000 a Perú, 385.000 a Ecuador, 370.000 a Chile, 224.000 a Brasil y 145.000 a Argentina. En los últimos cuatro años Venezuela perdió el 10% de su población. Además, se estima que cada día 5.000 venezolanos dejan el país y que, a finales de 2020, los refugiados totales serán 6,5 millones.
En fin, la caída de la producción de petróleo reduce los ingresos del régimen. La OPEP estima que la producción diaria ha pasado de casi 2 millones de barriles en 2017 a menos de 700.000. Entre las razones de la disminución están las desinversiones de los últimos años, la falta de mantenimiento de las instalaciones petroleras y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el intento estadounidense de forzar la salida de Maduro a través del aislamiento ha resultado, hasta ahora, vano. Mientras tanto la caída de la producción genera apagones masivos que el régimen justifica como ataques electromagnéticos o sabotajes estadounidenses.
La salida ordenada de la crisis social, política y económica aparece cada vez más lejana. Ya en 2017 el país resultó ser el más violento de Sudamérica con una tasa de homicidio de 57 habitantes por cada 100.000. Además, parte de la oposición venezolana se encuentra en exilio, en clandestinidad, en la cárcel o refugiada en embajadas. Hace pocos días un parlamentario italiano viajó a Venezuela para rescatar y llevar a Italia a dos parlamentarios venezolanos que, habiendo perdido la inmunidad, se habían refugiado desde mayo en la embajada italiana de Caracas.
En fin, la comunidad internacional está dividida entre los que reconocen a Maduro y los que defienden a Guaidó. Recientemente, dos países latinoamericanos (El Salvador y Bolivia) expulsaron a los diplomáticos venezolanos. Pero mientras algunos rompen las relaciones con el régimen, otros siguen legitimándolo. Paradójicamente, en octubre, Venezuela se convirtió, con 105 votos, en un miembro del Consejo de los Derechos Humanos de las ONU. Una situación aún más paradójica si se considera el informe de julio de la misma organización, que denuncia en Venezuela violencias de Estado y militarización de las instituciones, detenciones arbitrarias, uso de torturas, violencia sexual durante las detenciones, ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y privaciones arbitrarias de libertad. Pero, a pesar de la violencia del régimen, la solución al conflicto no puede ser el uso de la violencia. Entrevistado por el periódico español El País, Guaidó descartó la posibilidad de optar por una opción de fuerza. Por otro lado, tener elecciones libres podría representar la solución sólo si habrá un árbitro independiente y será garantizada la posibilidad de poder elegir libremente a los candidatos.
