Por Atilio Molteni Embajador
Al analizar el pedido de juicio político que pende sobre la cabeza del Presidente Donald Trump, cuyo contenido fue impuesto por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el pasado miércoles 18, conviene recordar la importancia de cinco datos.
1- El primero, que la decisión adoptada surgió, tal como se esperaba, de una prueba de fuerza librada entre los dos partidos mayoritarios que controlan el poder legislativo del país, un tironeo que abrevó en el dossier que armaron cuidadosa y prolijamente quienes hoy son los legisladores de la oposición en esa cámara. Tal compulsa se basó pero no se definió por la racionalidad y solvencia de los argumentos, sino por la cantidad de votos de cada uno de esos bandos. Perdió el Gobierno porque en dicha cámara está en minoría.
2- El segundo, es que la proporción de los alineamientos que originó una victoria del partido de oposición en la Cámara de Representantes por 230 a 197 votos es irrepetible en el Senado, en cuyos 100 legisladores manda el partido que respalda al Presidente Trump, lo que supone que los demócratas por sí sólo no tienen los dos tercios de votos para voltear al jefe de la Casa Blanca. De hecho, el titular del segundo de esos cuerpos, el republicano Mitch McConnell, dijo que combinará su estrategia con el Jefe de la Casa Blanca.
3- El tercero, es que el inquilino de la Oficina Oval no se conforma con ser perdonado, sino pretende que se le reconozca absoluta inocencia.
4- El cuarto es que el mandatario desea evitar, como lo sugirieron el New York Times, la agencia Bloomberg y el Washington Post, que haya un debate en el cual se pruebe que el grupo empresario de la familia presidencial, es una fachada de una organización de negocios financiada y controlada por capitales rusos con ayuda del gobierno de Vladimir Putin (hecho que se deduce de investigaciones bancarias y explica la renuencia de los Trump a mostrar sus declaraciones fiscales desde hace varios años). El quinto, que la Corte Suprema otorgue carta blanca al ex asesor de seguridad, John Bolton, y otro funcionario de la Casa Blanca para decir lo que sabe y piensa ante el Poder Legislativo.
Aunque todavía no pasó nada, la presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, se dio más tiempo para decidir cuando presentará las enmiendas aprobadas por ese órgano legislativo al Senado. La cosa no está fácil y están todos a punto de hablar.
Este proceso tomó decisivo envión el 13 de diciembre, una vez que la Comisión Judicial de la aludida Cámara (integrada por 24 demócratas y 17 republicanos), aprobó una resolución que contiene los cargos para fundamentar el Juicio Político. Trump sería el tercer presidente en enfrentar el juicio por destitución: tras Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, a quienes el Senado no encontró responsables de un comportamiento indebido. Distinto es el caso de Richard Nixon, quien renunció en agosto de 1974 a consecuencia de la evolución del escándalo Watergate, ya que en esa oportunidad el Partido Republicano le retiró el apoyo y el mandatario no quiso que se completara la acusación en el poder legislativo. El juicio político también es aplicable a otros altos funcionarios y jueces, hecho que en el pasado hizo posible la exoneración de varios de ellos.
Mucho antes el proceso había empezado cuando la presidentaNancy Pelosi de la aludida cámara, anunció el comienzo formal de una investigación contra el Presidente, la que se nutrió de testimonios, pruebas y debates confidenciales y públicos en cuatro comisiones legislativas. Tal lanzamiento se originó tras una denuncia anónima de un miembro de la CIA, quien presentó una queja sobre comentarios del staff de la Casa Blanca referidos a una conversación que mantuvo el 25 de julio el presidente Trump con su colega de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la que demostraría la existencia de un inapropiado quid pro quo. Tras varias etapas, el proceso indujo a que el 31 de octubre la cámara aprobara, por 230 (ó 232, no está claro) votos contra 196, las normas para llevar a cabo la investigación de juicio político constitucional. No existen normas ad hoc para llevar adelante tal proceso.
Después de recibir y discutir los extensos informes de las comisiones actuantes (la de Inteligencia fue la más sustantiva), la Comisión Judicial de la Cámara aprobó una resolución con los cargos para solicitar el relevo del presidente Donald Trump. Estos fueron abuso de poder y obstrucción al Congreso. La mayoría demócrata redujo la cobertura de la acusación al no incluir también el cargo de obstrucción a la Justicia, que algunos representantes trataron de fundamentar en el extenso Informe del consejero especial Robert Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Se tuvo en cuenta que la aludida investigación no llegó a conclusiones firmes, ni atrajo el interés del público sobra la existencia de una conducta ilegítima por parte de la campaña de Trump en su relación con el Kremlin. Tampoco se incluyeron conceptos como los de soborno o extorsión mencionados en la Constitución, debido a sus implicancias jurídicas y a su relación con otros precedentes que en el pasado hicieron capotar, por ejemplo, la acusación contra el ex presidente Clinton. Primó el criterio de que el juicio político no tiene que estar relacionado con un delito específico, ya que para ellos bastaría la figura legal de comportamiento indebido.
Según los republicanos, las imputaciones de la comisión son muy débiles para fundamentar la remoción de Trump sin interponer una figura delictiva, mientras afirman que el término abuso de poder es muy vago.
Por su parte, el jefe de la Casa Blanca sostuvo que esa decisión demostraba que el país asistía a una “caza de brujas” con propósitos políticos por no haber delito y por el hecho de que el aludido procedimiento sólo puede justificarse en períodos muy difíciles, no cuando el país goza de uno de los mejores ciclos de su historia. Por su parte, la titular de la cámara argumentó que eran violaciones muy graves de la Constitución, lo que socava la seguridad nacional de los Estados Unidos, pone en peligro la integridad del proceso electoral y afectan el corazón del sistema de controles y equilibrios que debió honrar el actual primer mandatario al jurar como tal.
La cámara sostuvo que Trump había abusado de sus poderes al pedir la interferencia de un gobierno extranjero (Ucrania) en la elección presidencial de 2020, mediante un esquema o conducta destinada a promover investigaciones extranjeras que podían ayudar a su reelección, al dañar las posibilidades de un oponente político, en este caso el ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr. y al crear la teoría de que había sido Ucrania, no Rusia, el poder extranjero que había intervenido en la elección presidencial de 2016. Según la Comisión, con ese atajo el Jefe de la Casa Blanca demoró la entrega de 391 millones dólares de la asistencia aprobada en materia de seguridad y postergó sin motivo real una reunión prevista con el presidente de ese país.
El segundo artículo que fundamenta el juicio político se basa en el hecho de que, al ordenar un rechazo absoluto a satisfacer los pedidos de informes de la Cámara de aportar testimonios y documentación relacionados con Ucrania, el Presidente llevó a cabo un desafío sin precedentes contra dicho cuerpo legislativo conforme a la Constitución, lo que imposibilitó que numerosos funcionarios se vieran impedidos de comparecer ante el Congreso. El Poder Ejecutivo sostuvo que lo hizo con el fin de proteger su autoridad.
Los cargos ya discutidos y aprobados por el plenario de esa Cámara contra Trump deberían elevarse al Senado, cuyos miembros funcionan como un tribunal, bajo la conducción del presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts. Esto sucederá en algún momento de enero próximo, con tiempos que decidió administrar Nancy Pelosi.
En adición a ello, el 15 de diciembre el líder de la bancada demócrata del Senado, Chuck Schumer, propuso a su equivalente republicano un procedimiento “en donde todos los hechos puedan ser considerados de forma completa y equilibrada”. Esto se debe a que el modo de proceder en el juzgamiento debe ser fijado por dicho cuerpo, porque el objetivo de su partido es que el Presidente, o sus consejeros, respondan a los cargos presentados bajo el proceso de juicio político, oportunidad en la que tendrán que comparecer todos los testigos que sean citados y la Casa Blanca entregar toda la documentación relevante y otros elementos probatorios. Luego del debate, la eventual sentencia condenatoria demandará el respaldo afirmativo de dos tercios de los senadores votantes, lo que supone tener en cuenta que los republicanos disponen de 53 bancas y los demócratas 45. Todos creen difícil que haya cambios en esa alineación.
Parece que el debate en el Senado se plasmaría en una dura confrontación política entre demócratas y republicanos, donde los senadores de esta última tendencia van a actuar como un bloque relativamente unido. A pesar de que este desarrollo podría ser un freno a la impunidad, de hecho se insertará en un momento en el que no se vislumbra un candidato demócrata con posibilidades de vencer a Trump, el valor de las acciones en la Bolsa sigue en aumento, el mercado de trabajo se insinúa firme y los analistas vaticinan que Estados Unidos estaría gozando de la expansión económica más prolongada de su historia. Estos factores pueden tener mayor importancia para los votantes que las revelaciones que surjan del Senado sobre la responsabilidad del Presidente en este asunto. Pero aún falta computar que el panorama geopolítico se caracteriza por tensiones de Estados Unidos con China. Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela, entre otros, y que existen diversos nudos internacionales que pueden provocar dar vuelta las elecciones de noviembre de 2020.
